Las familias que se oponen a las exhumaciones en Cuelgamuros irán a la vía penal

«Tres meses después de presentar el recurso no sabemos qué criterio se está siguiendo ni de quiénes son los restos que están manipulando». Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que hasta la fecha no tenía constancia oficial, supo ayer por este diario la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en coordinación con la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado –al frente de la exministra y exfiscal general Dolores Delgado–, anunció por medio de un comunicado que se opone a la paralización de las exhumaciones que se están llevando a cabo en Cuelgamuros.

Según explica el Ministerio Público, la suspensión de las actuaciones generaría "un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas", un mandato recogido en la Ley de Memoria Democrática.

Es en realidad la segunda vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con el órgano de Memoria Democrática que dirige Delgado, rechaza de forma expresa la petición de la ADVC. El pasado 12 de julio se opuso a las medidas cautelares que la entidad solicitó el 26 de junio para que pararan las exhumaciones y el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión en un auto dictado el 27 de julio.

Ahora la asociación ha recurrido ese auto, a lo que la Fiscalía se opone. Y ha solicitado la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la ADVC, basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos reclamaba la suspensión de los trabajos iniciados en Cuelgamuros en junio y «el proceso de exhumación hasta informar a todas las familias de los enterrados en el cementerio de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos del proyecto que dé cuenta de las manipulaciones y actuaciones que se van a realizar sobre los restos de sus ancestros».

Tras el rechazo a su recurso, la ADVC deplora el «secretismo y oscurantismo» sobre lo que se está haciendo en Cuelgamuros y el «retraso» en el fallo judicial, que califica de «absoluta aberración», pero anuncia además que sus servicios jurídicos «van a presentar medidas legales desde el punto de vista penal, porque se están obviando los indudables derechos de las 269 familias que representamos».

El equipo jurídico de los familiares en nombre de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos argumentaba que la resolución de Patrimonio Nacional del pasado 16 de junio «lesiona» la «protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona».

En cuanto a su legitimación, la entidad apunta que «tiene el encargo de múltiples familias cuyos antecesores se encuentran inhumados en la totalidad de 23 espacios de enterramiento, conforme nos consta acreditado por Patrimonio Nacional, de ejercer cuantas acciones civiles y/o penales les puedan corresponder para evitar la manipulación sin su previa notificación, dándoles conocimiento y autorización expresa y escrita al efecto».

Los trabajos forenses permitieron el 20 de agosto la inhumación de los restos de 12 víctimas en Pajares de Adaja (Ávila), dos de ellas no identificadas, y continúan sin fecha límite en Cuelgamuros.