8N: fecha marcada por los socios para la investidura

Los socios de Pedro Sánchez han marcado ya en el calendario la fecha del 8 de noviembre con vistas a la sesión de investidura. «Salvo que alguien la líe», puntualiza una de las partes negociadoras. Moncloa tiene ya cerrada la ley de amnistía, pero, según fuentes solventes, todavía continúan dando forma al envoltorio. Habrá amnistía, que vendrá acompañada de un pactopolítico que será el eje de la nueva legislatura porque marcará las bases de la exigencia de Junts, pero también de PNV y ERC, de que con esta investidura de Sánchez se abra una nueva etapa en el reconocimiento nacional del País Vasco y Cataluña.

Rivalidades

Los socios de Sánchez son mucho más pesimistas que Moncloa sobre el alcance temporal y productivo que puede tener la nueva legislatura, precisamente porque la discusión territorial y la pugna visceral entre PNV y Bildu, y ERC y Junts condicionará la relación de estos partidos con el PSOE. La amnistía es solo una parte de un acuerdo que afecta al modelo de financiación, al equilibrio de Cataluña y País Vasco en el actual modelo autonómico y también al procedimiento de resolución de los conflictos entre partes, como siempre ha exigido el PNV en el marco de su posición crítica con el arbitraje que hace el Tribunal Constitucional.

Que las cosas con Junts empiecen a estar bien encaminadas es lo que permite que Moncloa pueda centrarse ya más en la negociación con PNV y con ERC. Cada uno de los partidos que sostendrán a Sánchez en Moncloa tiene que presentar su cuenta de resultados ante su parroquia y hasta está en discusión en qué orden lo hacen, desde la desconfianza a que el contrario se apunte tantos que no le corresponden o que uno quiere vender como propios.

En el caso catalán, la rivalidad entre Junts y ERC, entre Puigdemont y Junqueras, alimenta el escollo sobre la mediación internacional, que Puigdemont exigió desde un primer momento. Si el acuerdo sale como cuentan en Moncloa, el expresidente de la Generalitat habrá tenido que rectificar algunas de sus posiciones de partida, como la de cobrar por adelantado la amnistía, pero, al menos hasta el momento, no ha aceptado renunciar a la figura del relator. Dicen que esto tiene mucho que ver con cómo hizo las cosas ERC en la pasada legislatura en su negociación con el Gobierno central: para Puigdemont, cobrarse el mediador es una manera de defender ante los suyos que él no ha caído en la misma trampa en la que cayeron los republicanos, a los que siempre ha echado en cara haberse vendido por un plato de lentejas.

La debilidad política de ERC es tan grande que está limitando su capacidad de protesta contra una ley de amnistía de la que Puigdemont es el principal beneficiado, junto con dirigentes de su partido, y que supone una doble vara de medir con respecto a Oriol Junqueras y a los otros procesados, juzgados y condenados por el Tribunal Supremo por los mismos delitos de los que se acusa a Puigdemont y a Junts.

Moncloa pone la máquina a toda velocidad

Una vez que el presidente del Gobierno en funciones saltó por fin al precipicio este pasado sábado en el Comité Federal socialista y nombró la amnistía, Moncloa pone la máquina a toda velocidad para intentar ser ella la que controle la operación de crear un relato dominante en la opinión pública que se imponga sobre el del independentismo, pero también sobre el de la oposición, que este fin de semana ha vuelto a echarse a la calle para protestar contra la impunidad al soberanismo.

El argumentario pro amnistía se distribuirá entre ministros y cargos orgánicos del PSOE para que todos salgan a la arena política a bendecir la decisión de Sánchez de pagar a los protagonistas del «procés» con la amnistía, que no iba en el programa electoral y que hasta antes de las elecciones de junio era considerada como inconstitucional, porque es la única salida, como reconoció el sábado, que le queda para mantenerse en La Moncloa. Aquellos que se han parapetado en la excusa de que la falta de información sobre el alcance del pacto justifica que no den la cara en defensa de sus principios, hasta antes de ayer contrarios a la amnistía, no parece que estén muy dispuestos a salirse de la línea oficial.

Como estaba previsto, y con ello contaban, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se quedó solo el sábado en el Comité Federal en su decisión de levantar la voz contra el coste que supone para el PSOE mantener el poder nacional gracias al apoyo de independentistas y nacionalistas. Aquellos y aquellas que le llaman en privado para comentarle que están de acuerdo con su posición metieron la cabeza bajo el ala, a modo de genuflexión ante Sánchez por miedo a perder el sueldo que siguen cobrando del PSOE. Dentro del partido tienen claro que si hay investidura, «Sánchez pasará por la hoja de la espada a todo el que se haya movido y le haya puesto piedras en el camino».

Los partidos de Sumar votarán el pacto con el PSOE

La mayoría de los partidos que integran la coalición Sumar desplegarán sus respectivos procesos de cara a refrendar el acuerdo de coalición con el PSOE con diversas tipologías, las cuales van desde la validación por los órganos directivos, someterlo a los máximos órganos de representación de la militancia y hasta la opción de hacer una consulta interna a las bases.

Esta última vía está sobre la mesa en el caso de IU y los comunes, mientras que Podemos, que en 2019 sí preguntó a sus inscritos, ahora es el partido que mayor frialdad ha mostrado ante este pacto y no ha aclarado hasta la fecha que va a hacer, informa Ep. En este punto desde la formación de Yolanda Díaz se muestran confiados y creen que sí que los morados apoyarán la investidura de Sánchez, aunque consideran que, una vez arranque la legislatura, actuarán por su cuenta si finalmente no logran algún ministerio.