Nada es casual. Tampoco las manifestaciones por el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado que se produjeron ayer en varias ciudades.

El PSOE ha decidido echar mano de su militancia para confrontar abiertamente con los jueces en la calle, y, para ello, cuenta, además, con el apoyo de los socios. Nada les une más que el ataque al Poder Judicial: Podemos, Sumar, ERC o Junts no se pueden salir del guion que Moncloa escribe en esa dirección, en una nueva vuelta de tuerca a un choque institucional sin precedentes.

La dirección socialista ha activado en las últimas horas un plan de movilización que tiene detrás el aval directo de Moncloa y que busca, según admiten voces del propio partido, «tensionar» a la derecha y obligar a la extrema derecha a bajar también al terreno de la protesta callejera.

En la lectura interna, esta estrategia tendría un objetivo doble: recomponer la unidad de la izquierda –muy erosionada en los últimos meses– y, al mismo tiempo, meter, además, en el saco a Junts. Nadie ve en Moncloa a Puigdemont saliendo a defender a los jueces del Supremo. Las fuentes oficiales niegan que haya ningún movimiento inductor en estas convocatorias que se organizan, aparentemente, a través de redes sociales, si bien, quienes han estado en la cocina del partido, no se creen la consigna.

La movilización de las bases y de la militancia sigue patrones muy similares en todos los partidos, ya sea contra los jueces, en el caso de la izquierda, o contra el independentismo y en favor de la unidad nacional, como se ha visto hacer a la derecha. Las mismas fuentes oficiales socialistas sostienen que el votante de izquierdas está enfadado por el «golpismo» judicial, y se movilizan «por decisión propia bajo un clima emocional en el que ya se han superado todos los límites». «No movemos nosotros, sino un Poder Judicial que está actuando en clave política».

Sin embargo, socialistas que no están en el cuadro de mando del sanchismo discrepan de este argumentario y advierten sobre la confusión recurrente entre militantes y votantes. Una confusión que ya ha costado caro al PSOE en otros momentos de su historia.

Así, quienes vivieron la etapa de finales de los noventa, encuentran un paralelismo inquietante. En septiembre de 1998, José Barrionuevo y Rafael Vera ingresaron en prisión tras su condena por el caso GAL. La militancia socialista se movilizó de inmediato: autobuses completos acudieron a la cárcel de Guadalajara en un despliegue de indignación que pretendía retratar la convicción de que había una persecución política en marcha. Aquella estampa de fervor militante generó una sensación de fuerza interna, pero la lectura pública fue muy distinta. En poco más de un año, José María Aznar obtuvo la mayoría absoluta en 2000. La dirección socialista confundió el fervor de los «del autobús» con el sentir de la ciudadanía. Y acabó pagando el precio.

Hoy, con un PSOE que ya no alcanza ni la mitad de la militancia de aquellos años, el riesgo de caer en una burbuja de autoafirmación es incluso mayor. Los cuadros más veteranos lo dicen con crudeza: «Quedan los más ideologizados, los más fanatizados. Pero eso no representa a la calle». La purga natural que produce el desgaste del poder y la crisis de representación ha dejado unas bases muy movilizadas en lo emocional, pero cada vez más desconectadas de las preocupaciones comunes de amplias capas del electorado.

En cualquier caso, la clave no está ahí, sino en la decisión de los estrategas del presidente del Gobierno de lanzar un ataque sin precedentes contra el Poder Judicial, con todos los ministros haciendo el coro que ordena Moncloa. Es una estrategia de tensión calculada y una apuesta clara para cohesionar a los fieles, para hablar solo a los más convencidos, no al conjunto del electorado. Hace mucho tiempo que el PSOE de Sánchez dejó de aspirar a ser un partido de mayorías.

Pero sí puede ser útil para el fin que busca Moncloa. Que no es ganar en las próximas elecciones autonómicas, sino enfadar al votante de derechas hasta el punto de que miren más hacia la radicalidad de Vox que hacia el PP de Núñez Feijóo.