Franco, entre Mingorrubio y la Almudena

Moncloa quiere que los restos reposen en el cementerio de El Pardo y la familia insiste en la catedral de Madrid.

La exhumación de Francisco Franco se concibió por el Gobierno como la medida estrella de un mandato llamado a ser breve pero lo suficientemente efectista como para crear en los españoles una suerte de dependencia que les empujara a revalidar en las urnas lo que se ganó en una moción de censura en el Parlamento. Sin embargo, la impronta que se quería marcar con la decisión histórica de trasladar los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos se ha tornado en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo, que ha pagado la precipitación del anuncio y la improvisación con la que se han ido solventando los «obstáculos» que se presentaban, personificados en la figura de la saga Franco. A estos familiares les acusa el Gobierno de «obstruir» su objetivo y es que a su férrea oposición al traslado del cuerpo se deben los sucesivos retrasos que ya acumula la iniciativa, prevista primero para finales del verano, después para finales de año y ahora para ya entrado el 2019.

El Gobierno incurrió en la primera dilación porque quería tener bien atada la fórmula jurídica que expondría en el real decreto que ponía en marcha la exhumación. Un proceso «garantista» –presumen– que permite a los interesados realizar alegaciones, aunque estas deban ser estudiadas por el Ministerio de Justicia, que no las ha atendido hasta ahora. Centrándose en la exhumación, el Ejecutivo perdió de vista otro asunto espinoso: la inhumación. En un primer momento los familiares amagaron con no hacerse cargo de los restos y este es el único escenario que se previó en la iniciativa. En tal caso, si los interesados renunciaban a ello, sería potestad del Gobierno garantizarles un destino digno. Pero la familia no está dispuesta a desentenderse y ya anunció que si Franco salía finalmente del Valle de los Caídos sería para ser trasladado a la cripta de la Almudena, donde poseen un mausoleo privado. Esta decisión obligó al Gobierno a un ejercicio de contorsionismo que pasó, incluso, por involucrar a la Santa Sede para evitar que el dictador repose en la catedral madrileña. El Gobierno baraja como alternativa el cementerio de Mingorrubio de El Pardo, donde la familia también atesora un panteón familiar en el que está enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo. Para ello, se llegó a ofrecer desde Moncloa la posibilidad de intensificar la seguridad con una patrulla extraordinaria de la Guardia Civil, pero la familia, que teme una posible profanación, se negó.

En este punto se encuentra ahora la disyuntiva, mientras el procedimiento para la exhumación sigue su curso y se encuentra ya en la fase final. Restan menos de 40 días hábiles para que se pueda proceder a trasladar los restos, pero en Moncloa son conscientes de que esto no se podrá llevar a cabo sin tener cerrado el destino en el que descansarán. Un lugar «privado y decoroso» pero que evite cualquier tipo de enaltecimiento o exaltación del franquismo. Es por esta razón por la que el Ejecutivo estudia las «herramientas» en su poder para vetar la Almudena. Éstas pasan desde la presentación de enmiendas a la Ley de Memoria Histórica –actualmente en tramitación en el Congreso– para introducir la capacidad de cerrar los espacios de culto que no impidan el citado enaltecimiento, hasta intentar resolver vía decreto ley la disyuntiva. Fuentes de Moncloa se muestran enigmáticas sobre los «mecanismos» a su alcance para poder materializar su objetivo de que los restos de Franco no reposen en la catedral madrileña. El Gobierno quiere asegurarse el control del proceso y tener la última palabra sobre dónde descanse finalmente el dictador. Ya sea apelando a la Iglesia o dotándose de una capacidad alternativa a la de la familia si esta no asume en tiempo y forma la responsabilidad sobre los restos.