La Fundación Franco se acoge a la libertad de expresión y opinión para su continuidad

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), alerta hace tiempo al saberse en la línea de fuego del Gobierno de coalición, contraataca al saber que el PSOE llevará la próxima semana al Pleno del Congreso la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que pretende disolver entidades como la suya. Primero se intentó la vía de la ilegalización, pero ante las trabas legales, la FNFF tendrá ahora que afrontar este envite, apelando, en primer lugar, a «su evidente inconstitucionalidad», en palabras de su presidente ejecutivo, Juan Chicharro, quien se cuestiona «dónde quedan los derechos fundamentales de quienes pensamos diferente que lo que opina y pretende este Gobierno. ¿Dónde quedan mi libertad de opinión, de expresión y de pensamiento?».

Con esta iniciativa, los socialistas dan cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que daba un año para modificar la ley de asociaciones en este sentido. La propuesta del PSOE consiste en la inclusión de una disposición adicional en la norma para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo». La futura ley especificará que esa apología se podrá producir bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior» o enalteciendo a sus dirigentes con «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe, la Guerra Civil o el franquismo» o mediante la «incitación directa o indirecta al odio, la violencia contra las mismas o por su condición de víctimas». La proposición de ley deja claro que el motivo de disolución «se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos [que la FNFF ha modificado en dos ocasiones], y de que la asociación haya cumplido o no el deber de inscripción registral».

En este sentido, asegura Chicharro que «difícilmente pueden ir contra una fundación que cuenta la historia sin concurrir nunca en menosprecio y humillación a ninguna víctima ni incitación al odio o la violencia», pero «la sensación de indefensión ante el obsesivo y continuo hostigamiento que sufrimos por pensar diferente es propia de dictaduras marxistas, y ante eso qué nos va a quedar». «Pienso en tantas organizaciones marxistas a sueldo del Gobierno y lo veo claro», añade el general de División de Infantería de Marina en situación de retiro.

Por su parte, Luis Felipe Utrera-Molina, abogado y miembro de la FNFF, se apoya en el criterio fijado por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2021 acerca de la Ley de Memoria, donde se estimaba que «la apología del franquismo no es ilegal ni, por tanto, merecedora de sanción o reproche legal alguno, salvo cuando se realice con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia por su condición de tales». Según la conclusión del letrado, «la FNFF jamás ha menospreciado ni humillado a ninguna víctima de ninguna clase, y rechaza cualquier incitación al odio de forma clara en sus estatutos, por lo que no puede sentirse concernida por esta modificación».

Otras fuentes de la entidad denuncian que «se evita el trámite administrativo previo de requerimiento por parte del Protectorado al Patronato, previsto en la ley de fundaciones». Además de «sortear los informes de los órganos que corresponden: CGPJ y Consejo de Estado».Asimismo, que «la ley de asociaciones es una ley orgánica y esta también ha de serlo, lo cual exige un quorum especial» que «dudamos pueda tener».

La disposición del PSOE especifica que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción». Por este motivo, afirma Juan Chicharro, «nos defenderemos legalmente y, si queda en España un vestigio de Estado de Derecho, ya les digo que se den por fracasados en su intento».