García Ortiz niega "rotundamente" que filtrara los correos del novio de Ayuso a la prensa o al Gobierno, pero se resigna a sentarse en el banquillo

Álvaro García Ortiz ha negado hoy "rotundamente" en el Tribunal Supremo -en la primera declaración como investigado de un fiscal general en la historia de la institución- que filtrara a la prensa o al Gobierno información alguna sobre el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su comparecencia, según fuentes jurídicas, el máximo representante de la Fiscalía ha negado asimismo que diera órdenes a fiscal alguno para que divulgara esa información entre la defensa del empresario y el fiscal del caso en relación a un posible acuerdo de conformidad a cambio de admitir el fraude fiscal que se le atribuye. Del mismo modo, García Ortiz ha rechazado que en algún momento intentara perjudicar al novio de Ayudo o que diera órdenes en este sentido a algún fiscal.

Según las fuentes consultadas, el fiscal general -que solo se ha mostrado dispuesto a contestar a la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, y a la Fiscalía, que sin embargo ha renunciado a hacerle preguntas, disconforme con que haya sido citado a declarar ya como investigado- ha reprochado al instructor, el magistrado Ángel Hurtado, que ya tenga una idea predeterminada sobre su futuro procesal y que tenga ya todo absolutamente claro, lo que denota su resignación sobre una futura apertura de juicio oral.

El máximo representante de la Fiscalía se ha quejado también de las diligencias solicitadas (entre ellas la declaración de González Amador y el análisis del móvil del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que el juez ha rechazado).

Tras justificar su negativa a responder a las preguntas de la defensa de González Amador porque en su querella omitió que Miguel Ángel Rodríguez difundió a varios periodistas, con el consentimiento del empresario, uno de los correos entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal (algo en lo que el instructor no aprecia ningún ilícito penal), la defensa de García Ortiz -que se ha sentado en estrados- ha pedido al juez que le informase de los hechos que se le imputan.

Defiende el borrado de sus mensajes y replica a Lastra

Una vez dejó claro que no iba a contestar al resto de las partes, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha puesto de manifiesto que no iba a hacer preguntas esgrimiendo una "conexión de antijuricidad" por el hecho de que todavía no se ha resuelto de forma definitiva el recurso que pide la nulidad de los registros, por lo que ha defendido que debería haberse esperado a que se resolviese este asunto antes de citar como investigado al fiscal general.

En cuanto al borrado de los mensajes de su móvil, ha afirmado que almacena datos personales y de relaciones institucionales e internacionales y que en sus cuatro años en el cargo ha cambiado de móvil seis veces, la última el pasado 23 de octubre.

García Ortiz también se ha referido a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que discrepó con él sobre el contenido de la nota de la Fiscalía y que dijo al juez que tras la insistencia en reclamarles esos correos ya sabía que se acabarían filtrando. De su versión de los hechos (afirmó que García Ortiz le llamó hasta seis veces y se negó a cogerle el teléfono porque iba en el coche), puso en duda el tono que afirmó ella haber empleado en esa discrepancia. "Creo que nadie se podría dirigir de esa manera al fiscal general", ha recalcado, al tiempo que ha deslizado que Lastra tiene "mucho desafecto" hacia la actual cúpula de la Fiscalía. Y respecto a los correos controvertidos, ha dicho que Lastra también los tenía (insinuando de forma implícita que también haberlos filtrado si esa filtración se hubiese producido).

"Deja muchos recovecos abiertos"

Según ha explicado, el 7 de marzo la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado le comentó que un periodista había llamado preguntando por la investigación a González Amador, por lo que él telefoneó al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, también imputado, para preguntarle y al día siguiente este le dio una información más completa de forma verbal.

Entre ese día y el 12 de marzo, según ha contado, nadie le habló de ningún correo entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso. García Ortiz mantiene que el día 8 la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se puso a su disposición, pero no en relación a este asunto, sino porque el día anterior había sido renovada en el cargo y comentaron cómo habían discurrido las deliberaciones en el Consejo Fiscal. Pero, ha insistido, nada de eso "tiene relación" con González Amador.

El 12 de marzo, ha añadido, no se comunicó con Lastra, pese a que la fiscal superior dijo lo contrario. Fue ella quien le llama el 13 de marzo sobre las 20:00 a su domicilio y le comenta la noticia publicada por "El Mundo" sobre el correo del fiscal Julián Salto a la defensa de González Amador accediendo a un acuerdo de conformidad. "Estamos alerta", le dice el fiscal general. Y en ese momento, recuerda, le llama su jefa de prensa para informarle de que el citado medio ha publicado la fecha del correo y el nombre del fiscal. "Hay que atajar esto", le traslada a Lastra por teléfono, quien le traslada que Salto es "un fiscal impecable".

En cuanto a la nota de la Fiscalía, dijo que fue una idea "conjunta" con la fiscal superior y en relación a que utilizara su cuenta personal de correo ha afirmado que este hecho "se justificará con posterioridad", aunque ha apuntado que el correo corporativo adolece de retrasos de varios minutos en la recepción de los correos.

Cuando está leyendo los correos una vez se los han remitido ya, su jefa de prensa -ha explicado- le comentó la publicación de La Sexta, precisándole que no tiene todavía el correo del 2 de febrero entrecomillado por "El Mundo". Es cuando, dice, pide desmentir "un comportamiento no profesional" por parte de Salto y de la jefa provincial a través de una nota que solo le mandó, subrayó, a Pilar Rodríguez.

De hecho, según las fuentes consultadas García Ortiz ha dicho que "sentía mucho" que Pilar rodríguez y Julián Salto estuvieran imputados en el TSJ de Madrid por este asunto (luego Salto sería exculpado) porque son "unos grandísimos profesionales".

No obstante, fuentes jurídicas señalan tras la declaración del fiscal general que se ha mostrado en muchos momentos "muy ambiguo" yéndose "por las ramas" en algunas de sus explicaciones, y hacen hincapié en que su declaración ha sido "muy floja" y "deja muchos recovecos abiertos". "Irá a juicio", pronostican.

Señalado por la UCO y por el juez

García Ortiz ha acudido a su cita en el Supremo aliviado por la negativa del alto tribunal, 24 horas antes, a anular su nombramiento, pero señalado tanto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -que le sitúa en el origen de la filtración del correo clave de la defensa de González Amador y el fiscal del caso- como por el juez instructor, puesto que Hurtado le atribuye un papel de "relevancia" en la divulgación de esos datos reservados sobre la investigación por un presunto fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. Hasta el punto de que, según puso de manifiesto el magistrado del Supremo en la resolución en la que acordó su citación como imputado, fue el propio fiscal general quien llevó la "batuta" en el intercambio de mensajes con sus subordinados -especialmente la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, que declara mañana como investigada, y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra- "aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales".

El máximo representante de la Fiscalía intentó sin éxito aplazar su declaración, pero Hurtado -que ha impuesto una velocidad de crucero a una instrucción que previsiblemente aboca a la apertura de juicio oral- se negó a suspenderla, como también a llamar a declarar a González Amador y a ordenar analizar el móvil del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien admitió en su declaración como testigo que difundió a la prensa el correo en el que la Fiscalía se avenía a un acuerdo de conformidad, lo que según García Ortiz daba la falsa impresión de que el ofrecimiento había partido del Ministerio Público, y no a la inversa (de ahí su interés en desmentir ese "bulo" haciendo público un correo anterior, del 2 de febrero, en el que el entonces abogado del empresario propuso al fiscal Julián Salto un pacto de conformidad a cambio de reconocer el fraude tributario imputado).

Pero el instructor rechazó dejar en suspenso la declaración para llevar a cabo antes todas esas diligencias y dejó claro a García Ortiz lo insólito que le parece que un investigado solicite la declaración del perjudicado (en este caso González Amador) por la posible comisión del delito investigado, "cuando la práctica de todos los días nos viene enseñando que lo habitual es que el testimonio de quien comparece en el proceso como acusación más que favorecer venga a ser resultar perjudicial para el acusado". Asimismo, el instructor aprovechó esa resolución para restar trascendencia penal a la divulgación por parte de Miguel Ángel Rodríguez del correo del 12 de marzo en el que la Fiscalía se avenía a un acuerdo de conformidad, dado que se difundió con "la autorización de la persona a quien concierne el secreto", el novio de Ayuso. Por contra, dejaba claro, el correo del 2 de febrero cuya filtración se atribuye al fiscal general la noche del 13 de marzo (está acreditado por el análisis de los mensajes de móvil que llegó a sus manos a las 21:59 horas, lo que Hurtado considera "clave para la imputación"), "circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto". Es ahí donde reside precisamente, subrayaba el magistrado, la quiebra de confidencialidad de su contenido por parte del filtrador.

El papel de Moncloa

Pero en anteriores resoluciones, Hurtado también ha echado por tierra otro de los puntales de la defensa de su actuación por parte del fiscal general, que insiste en que no se divulgó ningún dato reservado (respecto a la nota que hizo pública la Fiscalía el 14 de marzo por la mañana al menos el Supremo le dio la razón) que no se hubiese publicado antes o no se hubiese facilitado ya a los medios. Y es que el togado resta credibilidad al testimonio de los dos periodistas que aseguraron, en su declaración como testigos, que disponían de ese correo del 2 de febrero que deshacía el entuerto sobre el ofrecimiento de un pacto horas antes de que lo recibiera García Ortiz (tras un frenético cruce de mensajes con Pilar Rodríguez y Almudena Lastra que obligó incluso a sacar de un partido de Champions del Atlético de Madrid en el Metropolitano al fiscal Julián Salto).

La investigación puso de relieve -gracias al testimonio prestado por el exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato- que entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14 la secuencia de correos intercambiados entre la defensa de Ayuso y la Fiscalía llegaron a Moncloa, hasta el punto de que desde Presidencia se apremió al entonces secretario general del PSM a desvelar en la Asamblea de Madrid el contenido del correo del 2 de febrero como arma arrojadiza contra Isabel Díaz Ayuso, ante lo que Lobato receló y quiso asegurarse de si antes se iba a publicar en algún medio de comunicación, según manifestó él mismo ante el juez en su declaración como testigo, en la que puso a disposición del Supremo su teléfono móvil para que fuera analizado, como así sucedió.

Pero, ¿recibió alguna indicación de Moncloa el fiscal general en este sentido? El examen del contenido de su móvil pudo aclarar este extremo de no ser porque la UCO se encontró con que todos los mensajes habían sido borrados en las fechas claves de la filtración que ordenó analizar el juez (que ahora intenta recuperar esos mensajes a través de Google, Apple y WhatsApp), según explicó el fiscal general por motivos de seguridad en aplicación de un protocolo interno de protección de datos. Un protocolo, por cierto, que afirmaron desconocer tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como el fiscal del caso en sus comparecencias ante Hurtado.

La Guardia Civil también comprobó cómo García Ortiz cambió de móvil una semana después de que el Tribunal Supremo abriese la investigación penal contra él tras validar los indicios remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que imputó a Pilar Rodríguez y exculpó finalmente a Julián Salto, dada la condición de aforado del fiscal general.