Después de los incendios, la crisis migratoria. La clase política encadena disputa tras disputa, con una lluvia de reproches y ataques cruzados que no cesa. Esta vez, por el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes para el reparto de menores migrantes desde los puntos más tensionados: Canarias, Ceuta y Melilla hasta todas las comunidades de la península, excepto Cataluña y País Vasco.

En las últimas horas, el Gobierno -en boca de Ángel Víctor Torres- ha cargado contra las comunidades del PP, a las que ha tachado "xenófobas" y ha hablado incluso de una intervención de las "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" si no se cumplen con la acogida. Génova ha respondido: "Sus declaraciones son racistas".

Una escalada dialéctica provocada por la postura de la mayoría de autonomías en España por la "distribución solidaria" de menores. Salvo Cataluña y País vasco, que no tendrán que acoger a ningún menor, y Asturias y Navarra, que permanecen silentes, todas expresan desde hace días su rechazo por los criterios de acogida fijados por el Ejecutivo y anuncian que habrá batalla en los tribunales. La Comunidad de Madrid acudirá al Supremo.

Baleares, por ejemplo, busca fórmulas legales para sortear el reparto que se va a producir de manera inminente como consecuencia de la entrada en vigor del decreto. En el último año, la llegada de personas en situación irregular a las costas de sus islas se ha disparado un 77% y, según el gobierno de Marga Prohens, los centros de menores se encuentran con una saturación del "1.000% de su capacidad".

Otras comunidades -como Castilla-la Mancha, que gobierna el PSOE- ponen el foco en la falta de medios por parte del Estado. "El problema no es acoger a los menores, es tener dónde, con personal para su cuidado, con psicólogos, con unos recursos que no se tienen de la noche a la mañana. Si son menores, deben ser tutelados", explican a LA RAZÓN fuentes de la Junta de Andalucía.

Ante esta postura, el Ejecutivo de Sánchez opta por confrontar con las comunidades gobernadas por el PP. "¿Son xenófobas las comunidades autónomas gobernadas por el PP? Estos menores migrantes son iguales a los que vienen de Europa, de Ucrania. Y recordemos como se enviaban autobuses para traerlos. ¿Por qué ven diferentes a los niños africanos?", se preguntaba este jueves, de forma sarcástica, el responsable de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a la radio pública.

"No nos cabe en la cabeza que los presidentes y presidentas autonómicos no vayan a cumplir con la ley", añadía. Y hasta lanzaba una amenaza: "Si no se cumpliera la ley, indudablemente eso se traslada a Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las fuerzas y cuerpos de Seguridad".

El PP responde al Gobierno

Miguel Tellado, número dos del PP, en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, decía que las palabras del ministro "propias de otros regímenes y no de la Democracia". Por su parte, su compañera Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales, aclaraba que su partido "siempre cumple la ley, más cuando se trata de garantizar una vida adecuada a menores que han llegado en situaciones terribles".

Eso sí, también lamentaba que "se utilice a los menores no acompañados como moneda de cambio", por la exclusión de Cataluña y País Vasco en este reparto.