¿Qué recursos puede presentar el fiscal general ante la condena del Supremo?

El Tribunal Supremo ha impuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una inhabilitación de dos años para ejercer el cargo por un delito de revelación de secretos, así como una multa de 7.200 euros. Además, se le obliga a asumir las costas del proceso y a abonar una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador en concepto de responsabilidad civil.

El caso relacionado con la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso quedó visto para sentencia ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal el pasado 13 de noviembre, hace apenas una semana. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer se mostraron contrarias a la condena del fiscal general, en oposición a los cinco compañeros restantes, que apoyaban la culpabilidad de García Ortiz.

Aunque la sentencia completa aún se encuentra en fase de redacción y no ha sido publicada en su totalidad, sí se conocen sus principales consecuencias: García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general.

Independientemente de que el propio fiscal decida dimitir o sea el Gobierno quien proponga su cese, la condena del Supremo todavía no obliga a abandonar el cargo, ya que “La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma”.

Otro punto que genera incertidumbre es si, además de dejar el puesto de máxima responsabilidad en la calle Fortuny de Madrid, también perderá su condición de fiscal, carrera que inició a finales de los años noventa. Según el Reglamento de la Fiscalía, el artículo 32 establece varias causas por las cuales alguien puede perder su estatus de fiscal, entre ellas: “pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público” y “condena por delito doloso”. No obstante, la Fiscalía puede sustituir esta expulsión por una suspensión si la pena no excede los seis meses de prisión, como sucede en este caso.

Los recursos que puede presentar García Ortiz

Aunque la sentencia del Tribunal Supremo aún no ha sido notificada ni redactada, será firme, pero García Ortiz todavía tiene la opción de presentar recursos. El primero será el incidente de nulidad, recurso que suele tener pocas posibilidades en los numerosos casos que cada año resuelve la Sala de lo Penal. Posteriormente, podría recurrir ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

Este recurso de amparo no suspende automáticamente la ejecución de la condena, por lo que García Ortiz deberá continuar pagando la multa, abonar la indemnización y cumplir la inhabilitación, salvo que los tribunales le concedan alguna medida cautelar. Fuentes cercanas al caso confirman que el fiscal general tiene previsto acudir al Constitucional para interponer este recurso.