El Gobierno estudia cambiar la ley electoral tras el fraude de Melilla

Crecen las sospechas de fraude electoral en el voto por correo en Melilla. Las alarmas saltaron cuando varios encapuchados comenzaron a realizar una serie de robos a carteros, lo que obligó a las autoridades a otorgarles escolta policial mientras desempeñaban su trabajo. Este dispositivo ha acabado amplificado también a las oficinas de Correos para "garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto de manera libre".

La Junta Electoral de Zona informó de que unos 11.707 votantes (un 21,1% del censo) solicitaron esta modalidad de voto en diferido, suponiendo siete veces más que la media nacional, aunque de momento sólo se han validado las papeletas de 921 personas, el 7,8%. Por este motivo, se ha implementado un requisito adicional, no contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que supone que los votantes por correo no sólo tendrán que identificarse con su DNI en el momento de solicitar el voto, sino también en el momento de depositarlo en la oficina de Correos, algo que hasta ahora no era necesario.

La Junta Electoral Central ha ampliado esa medida a toda España, estableciendo que la identificación de los electores que votaban en Melilla sería obligatoria en todo el país. Sobre todo, orientado a las oficinas de Almería y Málaga, donde algunas personas acudían a votar para no llamar la atención en Melilla. Hasta ahora, la ley permitía delegar esa función en un tercero, una persona autorizada por el votante a depositar el voto en la oficina de Correos. Sin embargo, esta decisión no se aplica a los votos que ya han sido depositados por intermediarios en las oficinas.

Las fallas de seguridad que se han detectado en Melilla, y que se han intentado subsanar del modo anteriormente explicado, han llevado al Gobierno -según adelantó “El Confidencial” y ha confirmado este diario- a estudiar una reforma de la Ley Electoral en el futuro, de manera que sea obligatorio identificarse en Correos a la hora de entregar el voto y que si, de forma excepcional, se delega en otra persona, se justifique debidamente y se solicite por escrito.

¿Qué va a ocurrir con los 10.786 votos que se pueden emitir por correo, al haber sido solicitados, y que aún no han sido depositados en las oficinas de Correos? ¿Están, en su mayoría, en manos de sus legítimos propietarios o, como se sospecha, en manos de un grupo criminal que ha gastado centenares de miles de euros para obtenerlos, tras el pago, entre 50 y 150 euros a los solicitantes? Fuentes melillenses, consultadas por LA RAZÓN, sospechan que muchos de los sufragios pueden estar ya en la península, pero el problema para los que planificaron la supuesta maniobra persiste.

Lo que no dudan estos medios es que, pese a la habitual “ormetá” de estas organizaciones, la Policía logrará dar con los inductores y los actores de lo que constituye un monumental escándalo que indigna a muchos melillenses que no quieren ver el nombre de su ciudad en los medios por asuntos tan turbios. En cualquier caso, ha llamado la atención que el único grupo que ha pedido la suspensión del proceso electoral, sin que ello presuponga ningún tipo de acusación para esta formación, haya sido Coalición por Melilla (CPM), cuyo líder Mustafá Aberchán, no ha podido presentarse a los comicios al estar inhabilitado por una condena relacionada, precisamente, con la compra de votos.

La número 1 de la lista de este grupo, Dunia Almansouri, volvió a pedir ayer la paralización del proceso electoral, al menos hasta que sea modificada la LOREG porque no pasa nada “si las elecciones se retrasan dos meses”. Asegurando que son necesarias “unas elecciones con garantías” que ahora mismo no se dan, porque se desconoce en qué condiciones están los votos que se han depositado. No son pocos los que se malician de que se trata de ganar tiempo para que Aberchán se pueda presentar o por otras razones que, en todo caso, tendrán que ser acreditadas por una investigación que ya está judicializada y que lleva a cabo la Policía Nacional.

En el trasfondo de todo este asunto, según las fuentes consultadas, está el destino de esos 10.000 sufragios, de los que un millar o poco más se consideran de “buena fe”, de personas que el día 28 van a estar ausentes de la ciudad o que, al estar censadas, viven fuera de la misma. La importante disminución del número de votantes, con la primacía de los que hagan presencialmente, puede dar un resultado muy distinto al que pretendían quiénes tramaron lo que algunos melillenses que se han dirigido a LA RAZÓN han calificado como “un ataque a la democracia”. Una medida eficaz para ayudar a las investigaciones, según fuentes conocedoras del asunto, es que los votos por correo sean depositados, en el momento del recuento, en otra urna ya que, sin que se rompa el carácter secreto del sufragio, se pudiera determinar a qué partidos van dirigidos y si uno sale más beneficiado que otro.