Guardias civiles advierten: Al menos 1.800 subsaharianos aguardan para saltar la valla de Melilla

El 24 de junio de 2022, más de 1.500 subsaharianos asaltaron la valla de Melilla en un intento por salvar el último obstáculo que les separaba de España. Lo sucedido aquel día y sus dramáticas escenas (decenas de muertos y heridos hacinados en el suelo) dieron la vuelta al mundo y provocaron una oleada global de indignación. Pero hoy, un año después de esa tragedia que se cobró al menos 23 vidas, la situación que se vive en la zona es de tensa calma, más tensa, de hecho, pues quienes se encargan de proteger la frontera española avisan de que hay más de 3.000 inmigrantes esperando en Marruecos para asaltar la valla en un nuevo intento de entrada masiva en España.

La primera voz de alerta la dio ayer Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación de guardias civiles JUCIL, quien avisaba de lo que parecía inminente: «Nos consta que a día de hoy se contabilizan en el monte Gurugú, cercano a la frontera, en torno a 1.800 subsaharianos que esperan una oportunidad para saltar una valla cuyo mantenimiento prácticamente no existe».

Un aviso con el que denunciaba, al mismo tiempo, que «la última defensa de España ante la entrada violenta de una avalancha de inmigrantes a través de la valla de la ciudad de Melilla son los cuerpos de una veintena de guardias civiles».

Así criticaba ayer la lamentable situación que se vive en la zona un año después de unos sucesos, que bien podrían repetirse ante la inacción del Ejecutivo español y, en concreto, del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, tal y como advierte el secretario general de esta asociación.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por este periódico elevan a «bastantes más de 3.000» la cifra de inmigrantes «que esperan agazapados el momento oportuno para saltar». Un secreto –y un temor– a voces que lleva varios días resonando y que finalmente ayer se hizo oficial con la denuncia lanzada desde esta asociación de guardias civiles.

Ante esto, Jucil criticaba que apenas se ha aportado material antidisturbios nuevo a los agentes fronterizos. Según apuntaron, los guardias civiles cuentan con un centenar de cascos que los compañeros comparten en los sucesivos turnos de vigilancia y continúa el déficit de personal. La vigilancia de la frontera, que incluye 12 kilómetros de vallado y el control de accesos a través del paso fronterizo, recae por turno en una media de entre ocho y diez guardias civiles del Servicio de Seguridad Ciudadana, junto a una docena de miembros de la Agrupación de Reserva (ARS), de antidisturbios. «No se han repuesto ni siquiera los escudos, deteriorados tras el salto del año pasado, cuando los inmigrantes que superaron la valla mostraron una violencia inusitada con palos provistos de garfios, cuchillos y hierros incrustados en su calzado para escalar las vallas y que usaron contra los guardias civiles», señala Vilariño.

Pero si el déficit de personal es grave, la falta de medios y mantenimiento de las instalaciones dificulta aún más la labor de los agentes. En este sentido, denuncian que los agujeros del vallado se reparan simplemente con unos alambres y poco más. Los detectores de movimiento, colocados a cierta distancia a lo largo de todo el perímetro de la valla, no funcionan en su mayoría y hay zonas de la valla donde siguen sin instalarse los peines invertidos que dificultarían el acceso hasta la parte alta de la misma.

Pequeños refuerzos

Sin embargo, otros agentes sí que apuntan que, a pesar de las malas condiciones y el estado de los medios, a lo largo de estos últimos días se ha comenzado a reforzar el personal en la zona ante esa bolsa de subsaharianos que aguarda a pocos kilómetros y que «podría saltar en cualquier momento».

Sobre todo, en el lado marroquí, donde las Fuerzas de Seguridad de Marruecos han incrementado su presencia para tratar de frenar el avance de los indocumentados.

Hace un año, tras la tragedia, la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trasladaron a la zona, donde se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad de los agentes, así como a dotarles de más medios para llevar a cabo su trabajo. Un año después, todas esas promesas no han llegado. «Han quedado en saco roto, como siempre», matiza Vilariño.

Protocolo de actuación

Ante esta situación, desde Jucil quisieron denunciar también la falta de un protocolo de actuación, ya que, pese a que centenares de guardias civiles han resultado heridos por estos «asaltos violentos», sigue sin aplicarse la legislación nacional y supranacional en materia de Extranjería. Una normativa que, aseguran, permite la expulsión inmediata y sin necesidad de iniciar expediente de los extranjeros que pretendan entrar en nuestro país de forma violenta.

Una argumentación que se basa en una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que afirma que los estados «pueden rechazar a aquellos extranjeros que no hayan ajustado su conducta a los mecanismos de entrada regularizados y previstos, cruzando la frontera por lugares distintos a los habilitados». A esto, señalan desde la asociación, habría que sumar el acuerdo firmado en 1992 entre España y Marruecos para agilizar la expulsión de inmigrantes ilegales. «La aplicación de estas normas, que incluyen la prohibición de entrada en territorio español, detendría el efecto llamada que genera el hecho de que inmigrantes que usan medios violentos no sean devueltos», explica Vilariño.

A su juicio, lo ocurrido el 24 de junio del año pasado «volverá a pasar» y será una consecuencia «de la dejadez y la irresponsabilidad de los políticos, quienes tienen la obligación de trabajar por la Seguridad Ciudadana».