La tragedia del asalto a frontera de Melilla: sin responsables políticos seis meses después

El masivo asalto a la frontera de Melilla protagonizado hace hoy seis meses por más de 1.500 jóvenes subsaharianos y la posterior intervención de la Policía marroquí se saldó con al menos 23 muertos –las ONG elevan la cifra por encima de las 35 víctimas y las españolas no han ofrecido cifra alguna-, además de con decenas de desaparecidos y heridos graves.

Medio año después de un drama que dio la vuelta al mundo, sigue habiendo importantes interrogantes y, sin embargo, ningún responsable político, mientras ayer mismo la Fiscalía descartaba posibles consecuencias penales. En primer lugar, nada se sabe de las varias decenas de desaparecidos, hasta 70, que denuncian ONG como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), como tampoco del estado y paradero de las decenas de heridos.

A juzgar por la denuncia de las organizaciones no gubernamentales, avalada por imágenes difundidas en redes sociales e informaciones de medios de comunicación –la más relevante y reciente, la investigación de la BBC a comienzos de noviembre-, los efectivos de la Gendarmería marroquí entraron en suelo español durante el dispositivo y, junto con los agentes de la Guardia Civil, trasladaron a territorio marroquí a migrantes malheridos o ya muertos, además de constatar expulsiones en caliente.

Además, las grabaciones y testimonios recabados por la cadena británica apuntan a que los agentes de ambos países negaron el auxilio a los heridos, que, tras caer de la estructura metálica desde ocho metros de altura, permanecieron en el suelo durante horas. Ninguno de estos extremos ha sido admitido por los mandos policiales ni responsables políticos de España o Marruecos.

El archivo de la Fiscalía, un respiro para el Gobierno

Transcurrido medio año de la tragedia no hay visos de que ninguna de las dos administraciones esté dispuesta a esclarecer las circunstancias de la masacre ni a asumir responsabilidades –tampoco a expresar una disculpa pública a las familias de los fallecidos-.

A pesar de las evidencias gráficas y los testimonios de los supervivientes, una y otra vez el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la actuación de las Fuerzas de Seguridad, negando que se produjera muerte alguna en suelo español. Este viernes, el Gobierno recibía al menos la buena noticia de que la Fiscalía no ve indicios de delito en la actuación policial.

Por su parte, como ha ocurrido durante estos seis meses, desde el Gobierno marroquí se ha mantenido silencio sobre lo sucedido en los montes cercanos a Nador, las calles de Beni Ensar y el paso del Barrio Chino el 23 y 24 de junio.

A falta de información oficial, lo más cercano ha sido el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, una entidad estatal, que atribuía las muertes de los migrantes a las caídas desde la estructura metálica o a la asfixia y responsabilizaba a la Guardia Civil de no haber auxiliado a las víctimas del asalto. Ningún responsable del Gobierno español salió al paso del informe de la organización oficial marroquí. Entretanto, la justicia marroquí actuaba implacablemente condenando a decenas de migrantes subsharianos por su participación en el asalto, con penas de hasta tres años de cárcel.

La publicación de la investigación de la BBC en noviembre volvía a interpelar al Gobierno de Pedro Sánchez a instancias de la mayoría de grupos del Congreso.

Marlaska se explica en el Congreso

Finalmente, ante los diputados y en su última alocución pública sobre la cuestión hasta la fecha, el pasado 30 de noviembre Grande-Marlaska insistió en defender la actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas y en negar que hubiera habido algún fallecido en suelo español. «Los hechos se produjeron fundamentalmente en suelo marroquí» aseveró el ministro para reiterar, una vez más, que «no hubo fallecidos en territorio español».

Por otra parte, un informe de Amnistía Internacional difundido el pasado día 13 acusa a las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes de haber cometido crímenes de Derecho y eleva la cifra de muertos a 37. Una semana antes, la Eurocámara pedía por segunda vez a Grande-Marlaska su comparecencia para explicar lo ocurrido. Por si fuera poco, el defensor del Pueblo concluía que no se respetaron las «garantías legales nacionales internacionales» al rechazarse en la frontera a 470 migrantes.

Todo ello permite concluir que, en un momento diplomático aparentemente dulce con Marruecos desde que el pasado marzo Sánchez diera un giro a la política española sobre el Sáhara y respaldara el plan de autonomía diseñado por Rabat, las autoridades españolas no tienen intención de importunar las relaciones con el vecino del sur.

La presión migratoria aumenta en 2022

Entretanto, en espera de que en enero –si se cumple lo pactado por Madrid y Rabat– vuelva a funcionar la aduana comercial, el tránsito para personas entre Melilla y Marruecos continúa funcionando con normalidad aunque sólo para los ciudadanos de la UE, extranjeros autorizados para circular en el espacio Schengen y un reducido grupo de trabajadores transfronterizos marroquíes. En la práctica ello supone la suspensión de la excepción Schengen, que permitía desde 1991 que los marroquíes residentes en la provincia de Nador pudieran acceder a Melilla –Tetuán en el caso de Ceuta– sin visado.

Aunque desde el luctuoso 24 de junio no se ha producido ningún incidente parecido, la presión migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla no ha menguado en 2022. Según los últimos datos de Interior, las entradas ilegales por vía terrestre aumentaron un 10,8% (1.173 en total), mientras que solo en Melilla las llegadas por vía marítima se han disparado este año un 310,8% (152 casos).

Entretanto, al menos siete cuerpos sin vida de migrantes subsaharianos han sido hallados en las últimas fechas en un bosque del municipio marroquí de Uchda cercano a la frontera con Argelia (cerrada desde 1994).

Aunque se desconocen las causas de los decesos, que se dirigían a la frontera con Melilla o al Mediterráneo, responsables de la ONG Alarm Phone, apuntan al frío, el hambre o las heridas sufridas al trepar la valla fronteriza o caer al foso que separa los territorios de Marruecos y Argelia.

La crisis alimentaria y la violencia terrorista e interétnica que se vive en distintos países del África subsahariana sigue empujando –y lo seguirá haciendo en los próximos meses, según los expertos- a miles de personas a huir de la región camino de las costas del Mediterráneo occidental.