«Iñaki de Rentería» vuelve ante el juez con el riesgo de prisión diluido

El exdirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», volverá hoy a declarar como imputado –lo hará por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián–, después de que hace un año ya tuviese que declarar en relación al asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. Ahora, el que fuera integrante de la Zuba o comité directivo de ETA tiene que comparecer por su supuesta responsabilidad, como jefe de la banda terrorista, en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco dos años después. Gracia Arregui es el último de los cuatro exdirigentes etarras investigados en esta causa que declarará como imputado, una vez la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha abierto la puerta a que los hechos no estén prescritos respecto a él.

En esta ocasión, la amenaza de prisión se ha diluido notablemente respecto a su anterior comparecencia, cuando únicamente el PP (respaldado por la acusación que ejerce la familia de Ordóñez) solicitó el ingreso en prisión de «Iñaki de Rentería», que el instructor sin embargo no acordó. Tanto la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia (DyJ) pidieron al juez que prohibiese al exjefe de ETA salir de España y le retirase el pasaporte, mientras que la Fiscalía solo reclamó que facilitara un domicilio para estar localizado por el tribunal. Abascal optó finalmente por prohibirle salir del país, pese a reconocer que no resultaba «irracional» que optase por darse a la fuga. En su decisión pesó que tras recuperar la libertad en 2011 en ningún momento ha intentado huir, tampoco cuando la Audiencia Nacional reabrió la investigación por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua tras admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia que apuntaba a los entonces dirigentes etarras como supuestos responsables por el dominio que ostentaban respecto a los «comandos» (que les hubiera permitido paralizar el asesinato).

El PP pidió su prisión por el asesinato de Ordóñez

Con esos antecedentes, y aunque se trata en todo caso de procedimientos distintos, fuentes de la Audiencia Nacional descartan que el juez pueda acordar la prisión provisional del que fuera responsable del «aparato logístico» de ETA. En primer lugar, alguna de las acusaciones tendría que solicitar esa medida cautelar. La Fiscalía no parece que vaya hacerlo, según las fuentes consultadas, y tanto la AVT como Dignidad y Justicia no lo tienen claro, por lo que resultará determinante la posición del PP y, sobre todo, del abogado de la acusación particular que ejerce la hermana del edil asesinado, Marimar Blanco.

En todo caso, dado que desde febrero del pasado año «Iñaki de Rentería» tiene prohibido salir de España y está localizado, lo previsible es que el instructor de la causa, el magistrado Manuel García Castellón, no acuerde la prisión de Gracia Arregui si así se lo pide alguna acusación e incluso tampoco le imponga la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.

«Mikel Antza» sigue libre

El único investigado que, como «Iñaki de Rentería», se encuentra en libertad, Mikel Albisu, «Mikel Antza», tampoco terminó en prisión tras declarar por estos hechos. El instructor no apreció riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas (más de 25 años después del asesinato) o reiteración delictiva. A petición de AT y Dignidad y Justicia, sí le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España. Albisu guardó silencio en relación al atentado y su defensa se limitó a exponer que ya ha sido condenado por asociación de malhechores en Francia, por lo que considera que no se le puede perseguir ahora penalmente en España por su pertenencia a ETA.

El último en declarar

Los otros dos imputados –María Soledad Iparraguirre, «Anboto», y José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», se encuentran en prisión cumpliendo condena. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar sobre su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua en julio de 1997, y se negaron a renunciar al principio de especialidad, esgrimiendo que Francia no ha autorizado su entrega para que sean interrogados en relación a estos hechos.

Según el juez García Castellón, en su calidad de exmiembros del comité de dirección de la banda terrorista, los investigados «pudieron haber evitado» el asesinato de Miguel Ángel Blanco, teniendo en cuenta la «suficiente capacidad de mando y de decisión» que ostentaban en relación a la actividad terrorista de la organización.

El instructor tiene claro que la decisión de secuestrar y asesinar al concejal del PP en Ermua «no fue tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso» de todos ellos, dado «el alcance, la repercusión y las consecuencias» que tenía esa acción terrorista.