El independentismo vuelve a levantarse en Bruselas

La rehabilitación política por parte del Gobierno en funciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha descolocado a los funcionarios y técnicos españoles que trabajan en Bruselas y en las principales instituciones comunitarias. El movimiento inesperado en las cancillerías de nuestros países vecinos les deja sin discurso y les acorta el terreno frene a la narrativa independentista. En sólo una semana, desde que la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, acudiera a la capital comunitaria a reunirse con Puigdemont, ya se ha hecho notar el desconcierto y la confusión en las delegaciones de los otros países, y también en nuestros propios funcionarios, que asumen que vienen tiempos de repliegue frente a la ofensiva soberanista.

La Generalitat que preside Pere Aragonès ha visto también su ventana de oportunidades, y no pierde tiempo en redoblar su campaña en el exterior, nunca abandonada, para avanzar en lo que en tiempos del «procés» bautizaron como la «internalización del conflicto». Como en los mejores momentos de la ofensiva soberanista, los corresponsales extranjeros han sido invitados a Barcelona para recibir doctrina oficial en vísperas de la Diada. La Generalitat ha cuidado siempre mucho este flanco de la prensa internacional, sacando ventaja incluso al Gobierno de Rajoy en los tiempos duros del referéndum ilegal. Invitaciones de hotel, comidas, y sin tacañear en gastos, para que los «emisarios» entiendan su realidad catalana, era la práctica habitual.

En Bruselas no entienden el argumento con el que Moncloa ha intentado vestir la tesis de que Yolanda Díaz no actuaba como vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno de España, sino como líder de Sumar. De hecho, el propio Carles Puigdemont es el que está haciendo correr la versión de que ella le comunicó que acudía a verle como enviada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por tanto, el gol en propia puerta a la diplomacia española, en lo que afecta a su trabajo frente a la «externalización» del conflicto, está teniendo efectos multiplicadores en las instancias comunitarias, con sus consecuencias también en el proceso que la Justicia española mantiene abierto contra el expresidente de la Generalitat.

Exteriores calla, mientras los funcionarios y técnicos españoles se sienten en tierra de nadie. Si acaso, les salva el hecho de que esta cuestión no está ya en la primera página de la agenda de Bruselas, pero esto no quita para que haya que valorar el boquete que el giro inesperado del Gobierno español en su relación con Carles Puigdemont abre de cara al futuro. Después de este paso, rectificar, para volver al escalón previo a la rehabilitación política de un fugitivo de la Justicia española, tiene muy mal arreglo, según las fuentes consultadas. Incluso aunque haya un cambio de color en el Gobierno de España. Los bandazos afectan a la credibilidad y generan desconfianza en el marco de las relaciones internacionales.

Incomprensión

En ese sentido, en Bruselas no entienden que el resultado de las elecciones generales del 23J, y los problemas de gobernabilidad, lleven a reconocer oficialmente como interlocutor a un fugitivo contra el que el Estado español lleva seis años inmerso en una dura batalla jurídica y diplomática, especialmente en Bélgica, y también en el Parlamento europeo. Al mismo tiempo que ahora el Gobierno en funciones negocia con él, en Bruselas tienen muy presente que la posición de España es que es un huido de la Justicia y debe ser entregado a ella.

Nuestros funcionarios y diplomáticos llaman la atención sobre las consecuencias que esta nueva situación abre a España a la hora de enfrentarse a unos hechos como los que tuvieron lugar en Cataluña en el año 2017, en la medida en que toda la labor didáctica hecha hasta la actualidad ha quedado anulada con la fotografía de Carles Puigdemont y Yolanda Díaz.

Además, también advierten sobre la circunstancia de que, mientras que desde el ámbito soberanista, con la implicación institucional de la Generalitat, ya se han puesto en marcha los mecanismos de amplificación de su propaganda sobre lo que significa la negociación abierta por l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el lado de Moncloa y Exteriores sólo se escucha el silencio.

El mensaje que ya está haciendo correr el soberanismo es que esta negociación supone el reconocimiento de la ilegalidad de la respuesta del Estado español al referéndum del 1 de octubre, de ahí la obligada amnistía a todos los actos de intencionalidad política. Es la manera de reconocer, insisten, que el pueblo catalan estaba en su derecho de celebrar un referéndum, y que volverá a hacerlo una vez que el Estado español corrija el daño hecho a los «represaliados». Frente a esto, el discurso de Moncloa hace llamamientos a la Constitución y a la convivencia entre los catalanes para justificar el cambio de guion que exige una posible investidura de Sánchez.