Jefe de Estado por decreto

El antifranquismo sobrevenido de los Iglesias, Llamazares, Madina y Puigdemont muestra su desconocimiento de cómo se constituye cualquier Estado de Derecho, lo que no sorprende. En su idea de derribar nuestra Constitución no se detienen en la lógica jurídica ni siquiera en la histórica.

Franco fue un dictador que reunió todos los poderes necesarios para ejercer el mando. El bando sublevado contra la República se reunió en la Junta de Defensa Nacional, que pronto entendió la necesidad de unificar la dirección. Otro tanto ocurrió en el bando republicano, donde el poder dejó pronto de ser el legítimo, se lo atribuyeron partidos y sindicatos, incluso los soviéticos, y el Gobierno siempre luchó por hacerse obedecer. La guerra y la revolución son así. Los militares reunidos en Burgos decidieron reunir el poder real y el simbólico en Franco, y fue designado Generalísimo, Caudillo de España y Jefe del Gobierno del Estado.

En las legalidades paralelas que corrían por cada bando, como en cualquier contienda civil, Franco fue designado por decreto del 1 de octubre de 1936 para desempeñar la Jefatura del Estado, y así la Junta de Defensa Nacional transfirió todos los poderes al Dictador. La pretensión era crear un Nuevo Estado y, por tanto, todas las disposiciones jurídicas publicadas en el BOE hicieron posteriormente referencia a esa jerarquía. De hecho, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), validada en referéndum nacional, contemplaba a Franco en esa condición y definía España como Reino.

La seguridad jurídica es un pilar fundamental de todo Estado de Derecho, incluidos los democráticos. Está en el art. 9.3 de nuestra Constitución, lo que otorga estabilidad al ordenamiento. Invalidar el decreto que constituyó a Franco como Jefe del Estado sería como decir que la legislación española entre octubre de 1936 y noviembre de 1975 es papel mojado. Sería la destrucción del Derecho, nos guste o no.