Tribunales
Jueces y fiscales aceleran contra Bolaños: recurren a la "número dos" de la Comisión Europea
Se guardan la carta de la huelga indefinida para después del verano, mientras activan la vía europea para evitar la "regresión" de la independencia judicial
Jueces y fiscales siguen adelante en su lucha contra la reforma del acceso a las Carreras y la estabilización de 1.004 sustitutos que quiere acometer el Gobierno.
Tras la huelga de tres días que finalizó este pasado jueves, los convocantes se guardan, de momento, la carta de llevar a cabo una de carácter indefinido durante este mes de julio.
"Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevada a cabo hasta el momento", advierten en el comunicado de este viernes.
Pero todas las asociaciones judiciales y del Ministerio Fiscal están llevando a cabo una serie de movimientos para intentar que los cambios impulsados por Félix Bolaños no se acaben haciendo realidad.
Están volcados en la vía europea y la próxima semana se desplazarán a la sede que mantienen las altas instituciones comunitarias en Estrasburgo (Francia). En la primera jornada se reunirán con el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, el eurodiputado español Javier Zarzalejos.
El martes, trasladarán a la vicepresidenta de la Comisión Europea Henna Virkkunen las gravosas consecuencias que dan por hecho que implicarán las "leyes Bolaños" para el Estado de Derecho y la independencia judicial.
Ese mismo día se verán con el presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, que esta semana concedió una entrevista a LA RAZÓN, y también con el cuarto grupo de la Eurocámara, el de los Conservadores y Reformistas europeos (ECR).
El fin del viaje de las agrupaciones profesionales es trasladar, en persona y de manera clara, su preocupación por la regresión en la separación de poderes en nuestro país que estiman que traerá -además de los citados cambios- que se le entregue el control de las causas judiciales a los fiscales (cuando hasta ahora estaba en manos de jueces), sin que su actuación deje de depender directamente de las órdenes de un fiscal general del Estado al que seguirá nombrando el Ejecutivo.
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