
Justicia
Jueces y fiscales trasladan su rechazo a la reforma de las Carreras a un ministerio que no dará marcha atrás
Las asociaciones lamentan que no haya "diálogo real" con el equipo de Félix Bolaños de cara a modificar el plan para estabilizar a cientos de sustitutos

Todas las asociaciones de jueces y fiscales (menos las progresistas) insisten que seguirán adelante con las acciones que sean necesarias para frenar la reforma del acceso a las Carreras que planea el Ministerio de Justicia.
No ha servido para paralizar esta "ley Bolaños" la reunión celebrada ayer a última hora de la tarde con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. La posición del departamento ministerial es "inamovible" -según las agrupaciones- y confirman, en este sentido, "que no hay voluntad de retirar el proyecto".
Lamentan que, además, ni siquiera hay una pretensión de "consenso y diálogo real" por parte del equipo de Félix Bolaños. Dan por hecho que tratarán de sacar adelante lo que "ya está en trámite" en cuanto al plan con el quieren dar acceso a la judicatura a cientos de jueces y fiscales sustitutos con el proceso extraordinario.
Pese a ello, Olmedo les ha recordado que el plazo para presentar enmiendas termina el próximo viernes y sí que se ha mostrado dispuesto a introducir una nueva redacción del régimen jurídico de la citada estabilización de cara a articular un marco legal específico.
"Hemos insistido en la necesidad de que este proyecto legislativo se tramite por el cauce ordinario, garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado", solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, junto a la la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La reunión ha servido, según las asociaciones, para trasladar el "clima de enfado y hartazgo" que -aseguran- existe en las Carreras por la negativa a retirar el proyecto, pese a sus informes en que alertan que afectará a la calidad de nuestro sistema judicial, la separación de poderes y, en última instancia, al Estado de Derecho.
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