El juez amplía seis meses más la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

La investigación a cuatro exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 continuará al menos seis meses más. Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en una resolución en la que justifica su decisión -que le habían reclamado tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen el PP, la hermana del concejal de Ermua asesinado, Marimar Blanco, AVT, Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros- en "el carácter complejo de los hechos investigados" y en que aún no ha podido tomar declaración a tres de los exdirigentes etarras imputados: José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Soledad Iparraguirre, "Anboto", e Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería".

En ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor recuerda que "Anboto" se acogió al principio de especialidad el 21 de julio de 2022, porque Francia no le entregó en su día por esta causa, por lo que el juez está a la espera de que las autoridades del país vecino den su visto bueno. Además, añade, tampoco se ha podido interrogar a "Kantauri", "ya entregado por las autoridades francesas", ni a "Iñaki de Rentería".

Estas diligencias pendientes, afirma, "resultan esenciales", porque si no se prorroga la instrucción se podría "cercenar el derecho de defensa de los investigados que aún no han declarado", puesto que tras sus comparecencias sus defensas o las acusaciones pueden solicitar nuevas diligencias de investigación, "lo que no sería posible" si no se amplía ahora la instrucción (el anterior plazo, acordado en julio del pasado año, expira mañana mismo).

Así, razona, "para garantizar el derecho de defensa de los investigados y la igualdad de armas entre todas las partes, y puesto que resta por practicarse una variedad de diligencias de instrucción", procede acordar una nueva prórroga.

Las defensas de los investigados no se han opuesto

Para García Castellón también resulta significativo que ninguna de las partes, tampoco las defensas de los etarras investigados, ha mostrado su oposición a la prórroga, "lo que constituye otro indicio que corrobora lo prematuro de un cierre de la investigación cuando restan por practicar relevantes diligencias, de las que podría derivarse la necesidad de otras ulteriores".

Todo con el objetivo, señala, de "esclarecer la presunta participación" en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco de los exintegrantes de la comisión ejecutiva de ETA: "Kantauri", "Anboto", "Iñaki de Rentería" y Mikel Albisu, "Mikel Antza". Este último declaró al instructor que ya fue condenado en Francia por su pertenencia a ETA y que no debe responder penalmente en España por su actividad terrorista porque ha cumplido su condena.

García Castellón explica en la resolución en la que -tras la querella interpuesta por Dignidad y Justicia contra varios exjefes de ETA- acordó la imputación de "Anboto", "Mikel Antza" y "Kantarui", que según se desprende de una anotación atribuida a este último (remitida a los integrantes del "comando Vizcaya"), en 1996 el secuestro de un concejal del PP "era una prioridad absoluta" para ETA, cuya dirección instó a acometer la acción criminal "lo antes posible".

Era la "fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización" -explicaba el instructor- la que hacía que las órdenes siguiesen "una cadena de mando" vertical y "militar" desde el comité ejecutivo a los terroristas "para ser cumplidas". Justamente por esa posición de dominio, García Castellón sostiene que los exjefes de ETA investigados pudieron haber evitado el asesinato del concejal del PP, dada su "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización", por lo que les atribuye la planificación del secuestro y asesinato y la orden de ejecutarlo.