La jueza de Barbate pide identificar a los mandos que ordenaron intervenir contra las narcolanchas

La jueza de la localidad gaditana de Barbate que investiga la trágica muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha ha pedido a la Dirección General del Instituto Armado que informe sobre la cadena de mano que se siguió e identifique a las personas concretas que ordenaron intervenir en el agua aquella noche del pasado 9 de febrero.

El Juzgado de Instrucción número 1 barbateño ha rechazado, asimismo, la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias previas que se mantienen abiertas para depurar las posibles responsabilidades penales que se puedan derivar para los mandos de la Benemérita que estaban al mando del operativo en el que acabaron siendo asesinados los agentes David Pérez y Miguel Ángel Gómez.

La decisión llega después de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) interpusiese una denuncia que supuso la apertura de diligencias contra el general responsable de la zona de Andalucía y el coronel de la comandancia de Cádiz para dilucidar si incurrieron en algún delito al "no facilitar los medios necesarios, de forma que se ponga en peligro grave la vida, salud o integridad física".

Estas dos personas aparecen, señalan desde la asociación, como presuntos responsables de impartir la orden de montar el dispositivo.

Un cargo que recoge el artículo 316 del Código Penal (CP) y que está castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y una sanción económica de seis a doce meses.

Se han incorporado a los autos de la causa, tal y como pedía esta asociación profesional de guardias civiles, las declaraciones que sobre lo sucedido prestaron los agentes supervivientes. En ellas, coincidieron en denunciar las insuficientes condiciones de seguridad y falta de medios materiales con los que tuvieron que enfrentarse a las narcolanchas en el Puerto de Barbate.

La AUGC critican por esta tragedia al responsable político del cuerpo, Leonardo Marcos, por la incapacidad mostrada al no admitir las posibles fallos y perjuicios en los que habrían incurrido los mandos de los que dependía directamente la actuación en la que murieron embestidos dos compañeros.

Mientras tanto, las fuerzas policiales continuan tratando de detener a los cuatro marroquíes que han identificado como los que iban montados en la embarcación homicida y, por tanto, como verdaderos responsables del asesinato de los dos agentes.

Kiko 'El Cabra' y los otros cinco miembros de su clan que fueron detenidos en un principio como los supuestos responsables del homicidio continúan aprisionados acusados de delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, con lo que podrían enfrentarse a una pena de hasta siete años de cárcel.