El magistrado del caso Koldo dio este lunes un golpe de efecto al enviar a prisión a Santos Cerdán y apuntar a más beneficiados de esta presunta red de amaños que se expande a una velocidad de vértigo. Leopoldo Puente advirtió tras escuchar en sede judicial al que fuera "número tres" del PSOE que no le salen las cuentas con las presuntas comisiones repartidas por amañar las adjudicaciones de obra en Navarra y en el Ministerio de Transportes.

En concreto, explicó que el "botín" indiciariamente repartido entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García (alrededor de un millón de euros según calculó la UCO) representa un porcentaje "insólitamente mínimo" para lo que se suele repartir en este tipo de operaciones delictivas. Al respecto expuso que, calculando un porcentaje del 1% por todas las obras señaladas por la Guardia Civil, se estaría hablando de cinco millones de euros; monto que el beneficio que se atribuye a la red.

Con todo, la cifra que plasmó ayer el juez no es baladí. Víctor de Aldama aseguró en su confesión de diciembre que cobraron una media de 1-1,5% de mordidas por obra y que Koldo le reiteró que parte de esta cuantía iba "para el partido". Preguntado expresamente por el total que habrían percibido con esta dinámica, el comisionista habló de "tres millones y medio o cuatro millones de euros".

Santos, el cabecilla de la trama

Se trata de una estimación que, a juicio del instructor, "refuerza" los indicios de que "más personas físicas o jurídicas" además del tridente Ábalos-Koldo-Cerdán, se habrían beneficiado de esta trama. Al hilo, dejó claro que solo Santos Cerdán "estaría en la mejor disposición" para conocer de qué terceras personas se habla ya que él obtuvo un papel troncal en el cobro de estas supuestas dádivas y su posterior reparto.

Con esta afirmación que afianzaría la investigación por presunta financiación irregular que se abrió paso en la causa tras el último atestado de la UCO y que coge vuelo tras estas palabras del magistrado del Tribunal Supremo. Con todo, fuentes de la investigación precisan a LA RAZÓN que el cerco se estrecha sobre el que fuera secretario de organización del PSOE hasta el punto de que, tras el análisis de la documental que manejan los agentes, se erige como cabecilla de esta presunta trama de corrupción.

Validez de los audios

Prueba de ello es que el juez no creyó sus teorías acerca de que los audios estarían manipulados o de que Koldo García sería "un agente encubierto" que se habría acercado a él antes de la moción de censura de 2018 para investigar las negociaciones del PSOE con PNV, Junts o Bildu.

Sobre los audios, el magistrado expuso que "parece difícilmente concebible" que los famosos audios que atesoraba Koldo García bajo llave fueran producto de una "artificiosa manipulación" toda vez que las custodiaba el exasesor de Ábalos en su domicilio y que él en ningún momento ha negado la veracidad de los mismos. De esta forma desactiva la tesis de los principales imputados que, conscientes de su fuerza probatoria, no solo no se reconocen en los mismos sino que tratan de anularlos antes de llegar al banquillo.

De hecho, el abogado de Santos Cerdán, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, anunció que estaban trabajando en una pericial que previsiblemente sembrará dudas sobre la validez de esta fuente de prueba. "En todas las conversaciones grabadas participa, además, don Koldo García, lo que permite colegir, sin riesgo atendible en términos de razonabilidad, que fuera él la persona que procedió a grabarlas", expuso el juez.

El valor de la compra de Servinabar

Con todo, el juez dejó claro que el papel clave que se le otorga a Santos Cerdán en la causa no se sustenta únicamente en los audios que grabó Koldo, sino en sus sospechosos vínculos con Servinabar, la pequeña empresa detrás de la que se ocultaba Antxón Alonso y que consiguió auténticos pelotazos en Navarra y de la Dirección General del Transportes al concurrir con Acciona. De hecho, Puente advirtió que todas las obras identificadas en el último atestado de la UCO presentan como «denominador común» que se adjudicaron a los empresarios imputados pese a que no presentaron la mejor oferta.

En ese sentido, el juez sostiene que Cerdán ostentaría una "cierta capacidad de administración" de esta pequeña cooperativa dado que controló ingresos periódicos que efectuó Koldo García así como salida de efectivo hacia la fundación que perteneció a José Luis Ábalos. El juez tampoco pasa por alto que Alonso (que también habría mediado para acercar al PSOE con Bildu y PNV) ocultaba en su domicilio un documento por el que habría vendido el 45% de esta empresa a Santos Cerdán.

El exdiputado del PSOE defendió este lunes en sede judicial que no tenía carácter de escritura porque no se elevó a público pero ni tan siquiera en este punto convenció al juez. "Es claro que esto no le privaría de valor y eficacia entre las partes", dijo en referencia al documento que estaba firmado por ambas partes y con sello de Servinabar.

El encargado de distribuir las mordidas

Tampoco ignora el juez que esta pequeña empresa –de la que dijo que tenía "mínimas dimensiones y nula experiencia"–se adjudicara contratos millonarios, primero del Gobierno navarro de María Chivite y luego del Ministerio de Transportes. Por todo ello, apuntala los indicios contra esta presunta trama criminal en la que cada uno de los miembros tenían un papel definido, siendo el de Santos Cerdán el de reclamar directamente las mordidas a las constructoras.

"Mantendría con Ábalos y García una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir los ilícitos frutos obtenidos (...). Indiciariamente resulta que Cerdán habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos", concluye.

Por todo ello, el magistrado desoyó las explicaciones que le prestó Santos Cerdán durante su interrogatorio y acordó su ingreso en prisión por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El magistrado acordó esta medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, que apreciaron un riesgo claro de destrucción de pruebas. "El homogéneo y consistente conjunto de indicios que se le atribuyen, resulta, al parecer de este instructor, verdaderamente extraordinario", concluyó el magistrado.