La Justicia británica cita el 18 de julio el proceso de supuesto acoso de Juan Carlos I a Corinna Larsen

Ya hay fecha para el procedimiento instado por Corinna Larsen contra el rey emérito por supuesto acoso. La justicia británica ha citado este jueves audiencia para el próximo 18 de julio, cuando comenzará una vista de cuatro días en el juzgado de primera instancia, siempre y cuando ambas partes no lleguen antes a un acuerdo extrajudicial.

En diciembre del año pasado, Juan Carlos I consiguió una victoria parcial en la larga batalla legal que mantiene contra su ex amante, después de que el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales dictaminara que los actos ocurridos en los años previos a su abdicación en 2014 gozan de inmunidad y no pueden ser juzgados en territorio británico.

La justicia, por tanto, no examinará algunos de los hechos más controvertidos que alega Larsen, residente en la capital británica, como la visita de 2012 a Londres presuntamente amenazante del entonces director general del CNI, Félix Sanz Roldán, o la intrusión de un equipo de operativos de la empresa de seguridad EULEN, a las órdenes de Sanz Roldán, en su apartamento de Mónaco para robarle documentos.

No obstante, la sentencia determinó entonces que Juan Carlos I sí podía ser juzgado por hechos posteriores a su abdicación en junio de 2014. Y este es el nuevo capítulo que comenzará el próximo 18 de julio.

La compleja batalla legal en Londres se remonta a finales de 2020, con la demanda interpuesta por la empresaria danesa-alemana por el supuesto espionaje que, según su versión, sufrió a partir de 2012 directamente del rey emérito o de personas en su nombre, como el ex director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Durante estos últimos años, el proceso había estado discutiendo las cuestiones preliminares que afectaban a la inmunidad del rey emérito, con un complejo debate legal sobre si el monarca actuó dentro del ámbito privado o público. Pero no se ha empezado aún a analizar la cuestión de fondo sobre el supuesto acoso.

Según alega Larsen, las amenazas comenzaron con su negativa a devolver los casi 65 millones de euros que le habían transferido el rey emérito de manera “irrevocable” y su rechazo a reanudar la relación sentimental. La defensa de la empresaria expone que el Juan Carlos I “trató de usarla y controlarla para que aceptara sumas sustanciales de dinero que no declaraba a las autoridades españolas para luego permitirle tener un acceso oculto al dinero”. Según su versión, el monarca justificó meterla en sociedades como Lucum sobre la base del “cariño” que le tenía a ella y a sus hijos y que no podía dejar reflejado en su testamento. “Ahora resulta que los motivos eran más siniestros”, señaló el escrito presentado en diciembre por su equipo legal.

Después de que en marzo del año pasado, el juez del Tribunal Superior de Justicia británico Matthew Nicklin denegara al rey emérito la inmunidad, sus abogados apelaron la decisión. Y el pasado mes de diciembre el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales les dio la razón, asegurando que Juan Carlos I se podía acoger a la Ley de Inmunidad Estatal o SIA (State Immunity Act) de 1978, que deja fuera de la jurisdicción británica los actos cometidos en su territorio por terceros Estados o por mandatarios de otros países.