Justicia y sindicatos mantienen el pulso tras la primera negociación para frenar la huelga

Tras más de cinco horas de reunión, el Ministerio de Justicia y los sindicatos de funcionarios no han llegado a un acuerdo para poner fin a los paros convocados por CSIF, STAJ, Comisiones Obreras y UGT para reclamar una mejora en sus retribuciones salariales en la línea de la aprobada por el departamento que dirige Pilar Llop para los letrados judiciales, que tras dos meses de huelga consiguieron un incremento mensual de 430 euros de media.

Los paros parciales (de tres horas diarias) que comenzaron el pasado lunes continuarán, por tanto, de forma indefinida a la espera de que Justicia dé su brazo a torcer y acceda a aprobar una mejora salarial para los 45.000 funcionarios del sector.

Los sindicatos califican esta primera toma de contacto de «decepcionante», pero las dos partes se volverán a sentar el lunes en busca de un acuerdo. Según fuentes sindicales, Justicia no llevó a la reunión "propuesta económica alguna", por lo que el comité de huelga no ha desconvocado las movilizaciones pese a que las posiciones de unos y otros "siguen estando muy alejadas".

Los huelguistas exigen la "paralización y negociación" de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia (LEOE), un asunto en el que admiten "tímidos avances", y el "reconocimiento y clarificación de las funciones que se realizan efectivamente por los funcionarios" así como su "retribución adecuada".

Por ahora, los efectos de esta medida de presión ya han acarreado la paralización de 700.000 actuaciones judiciales y la suspensión de alrededor de 100.000 juicios, según los datos de los sindicatos convocantes, entre ellos el que se celebra en la Audiencia Nacional contra la «trama Gürtel» por la adjudicación de un contrato para el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur en 2009, que ha sentado en el banquillo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Huelga de 24 horas

Los funcionarios protagonizaron el pasado miércoles una jornada de huelga general, con manifestación incluida en Madrid, tras la cual desde los sindicatos que impulsan los paros se dejó claro que hay que «mantener la presión». Y es que CSIF se quejó que desde el departamento que dirige Pilar Llop no se les había trasladado una propuesta concreta en relación a sus demandas. Y hasta que ésta no llegue, señalaron, «vamos a seguir en la protesta y los paros parciales continuarán de manera indefinida».

Desde el Ministerio insisten en que mantendrán su voluntad de diálogo y recuerdan que en esta misma legislatura, ya con Llop al frente, «se alcanzó un importante acuerdo» para equiparar a la media nacional el salario de los funcionarios de aquellas comunidades autónomas sin competencias de Justicia transferidas, lo que supuso un desembolso que cifran en casi 40 millones de euros.

Pero más allá del desenlace de este conflicto laboral, en el ministerio son conscientes de que detrás de los funcionarios deberán atender las reclamaciones salariales de jueces y fiscales.

El ministerio de Llop se sentará con los representantes judiciales en la Mesa de Retribuciones (que se convoca periódicamente para revisar los salarios de los magistrados) el próximo 3 de mayo. Pero las reuniones previas no invitan al optimismo. El pasado 31 de marzo, las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente– instaron a Justicia a dar respuesta a sus reivindicaciones retributivas antes del 30 de mayo. De lo contrario, avisaron, pondrían en marcha un «calendario de medidas de presión».

Los jueces, en guardia

El pasado día 14, dos de estas agrupaciones judiciales recibieron, en sendas consultas internas, el respaldo de sus asociados a una posible huelga de togas: el 70,31 por ciento de los miembros de la mayoritaria APM avalaron la medida, mientras que en Foro Judicial Independiente el apoyo a consensuar con el resto de asociaciones «un calendario de huelga» se situó en un 75%.

Con las elecciones municipales y autonómicas y el comienzo de la presidencia de turno de la Unión Europea a la vuelta de la esquina, al Gobierno de Pedro Sánchez no le conviene mantener abierto el frente en Justicia.

Mayo será, por tanto, un mes clave para apaciguar los ánimos e intentar solucionar las reclamaciones salariales que iniciaron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) el pasado enero. Una huelga que obligó a suspender 400.000 juicios y que paralizó cerca de medio millón de demandas.

Por ahora, los paros parciales han sido secundados, según los sindicatos, por encima del 80 por ciento de los funcionarios, muy lejos de las cifras que reconoce Justicia, inferiores al 20 por ciento salvo en la jornada de huelga general del miércoles, cuando situó ese seguimiento en el 28,39%.