Lesmes insta al Parlamento a no demorar la renovación del CGPJ

Lesmes denuncia que más del 60 por ciento de los juzgados están sobrecargados y pide la reforma de la ley penal "de forma definitiva"

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, instó hoy al Parlamento para que la próxima renovación del órgano que vela por la independencia de los jueces y magistrados se renueve en plazo, toda vez que el actual mandato vence en diciembre y procedan en el tiempo correspondiente a la designación de los nuevos 20 vocales que, a su vez, deberán elegir al nuevo presidente. «La renovación de las instituciones es necesaria. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas, precisamente, las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley», manifestó Lesmes ante los diputados que integran la la Comisión de Justicia del Congreso.

En su intervención realizó un balance de las principales actuaciones realizadas por el Consejo en este mandato, entre las que destacó la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que en algo más de tres años de funcionamiento ha tramitado decenas de medidas de apoyo a los jueces y magistrados que investigan delitos de corrupción; al impulso dado a la formación de los miembros de la Carrera Judicial, especialmente en materias como la violencia de género, menores, cooperación internacional o discapacidad; o a que, por primera vez, los jueces españoles cuenten con un código ético propio –denominado “Principios de Ética Judicial”- en cuya elaboración participaron las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura, expertos y representantes de los Tribunal Superior de Justicia.

Por otro lado, Carlos Lesmes denunció la situación de «colapso» de muchos de los órganos judiciales españoles -están sobrecargados más de un 60 por ciento, según sus datos- y ha urgido a "abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas". Y, junto a ello, no dudó en considerar "elevada"la litigiosidad existente, especialmente si se compara con la de países de nuestro entorno, una situación que, afirmó, es «difícilmente sostenible en el tiempo».

Ante esta situación, el principal responsable del Consejo y del Supremo reclamó nuevamente la «gran reforma organizativa de nuestra Justicia», que, señaló, debería estar acompañada de la modernización y reformas procesales, especialmente, la penal: "“Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal, estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de Derecho comparado, las garantías procesales con la celeridad»