Letonia y Lituania se oponen a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

Mientras la cuenta atrás para la investidura se acerca, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a encontrarse con las dudas o incluso oposición del resto de las capitales europeas a la hora de considerar el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE. Para que esta iniciativa pueda salir adelante, se necesita la unanimidad de las cancillerías europeas que han debatido este martes por segunda vez la propuesta española.

Con minorías rusas dentro de sus territorios, Letonia y Lituania han sido los dos países que han mostrado una mayor oposición a la iniciativa española al temer un efecto contagio e implicaciones políticas. A su llegada a la reunión de los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete celebrada en Luxemburgo, el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Krisjani Karins, ha asegurado que el club comunitario tiene ahora “otros problemas” geoestratégicos a los que “dedicar tiempo y centrarse”.

A pesar de los pocos signos alentadores de que la UE vaya a acabar aceptando la iniciativa española al menos en el corto plazo, el ministro de asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado confiado. “Hoy hemos logrado que la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea esté más cerca”, ha declarado antes los medios de comunicación. A pesar de que el ministro ha asegurado que el debate se ha celebrado en un tono constructivo y que incluso algunos países apoyan abiertamente a España –sin especificar cuáles– la estrategia del Gobierno pasa ahora por defender que el caso español no va a extenderse a otros países y así alejar los temores de aquellos con lenguas minoritarias en sus territorios.

Dentro de la excepcionalidad española, el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea un informe sobre el coste de la medida para que sea sufragado íntegramente por España y que incluye el gasto en interpretación y traducción. Tras recibir el texto, nuestro país presentará una propuesta revisada en la que quedará claro que la reforma se circunscribe exclusivamente al caso de España ya que cumple unos requisitos “únicos” que no se dan en otras latitudes. “Otras lenguas no podrán ampararse en este reforma si el Estado miembro no lo desea”, ha asegurado el ministro en lo que parece un mensaje directo a las repúblicas bálticas. Entre estas características, Albares ha enumerado el estatus de estas lenguas en la Constitución, el número de hablantes (más 10 millones en el caso del catalán), que incluso supera al de lenguas nacionales de algunos países europeos, o el hecho de que los Tratados ya hayan sido traducidos en estas lenguas con copias certificadas, aparte de la facilidad para encontrar traductores debido al gran número de hablantes.

A pesar de las discrepancias de Letonia y Lituania, el ministro se ha orgullecido de que no se haya producido ningún veto (tampoco ha habido una votación como tal) y de que la iniciativa seguirá con sus cauces oficiales. Aunque el tiempo apremia ya que los partidos independentistas catalanes han supeditado su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al éxito de la propuesta, Albares no dado ningún plazo ni sobre cuándo tendrá listo su informe la Comisión Europea ni cuando España presentara la nueva propuesta, si bien España calcula que el gasto será asumible para las arcas nacionales.