La malversación de fondos públicos es la línea roja de Reynders para la amnistía

La Comisión Europea ha planteado una primera línea roja respecto del impacto de la ley de amnistía que exige Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Y la pone en el posible impacto que poría tener dicha norma en los delitos de malversación de los fondos europeos.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, lo ha expresado durante su intervención en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo. Fue el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos quien le planteó la cuestión y le advirtió sobre los efectos de la aprobación de dicha ley, que dejaría “privadas de contenido” sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos “muy graves”, como la malversación o la desobediencia.

Reynders fue claro. “Esté seguro de que estaremos atentos al modo en que el dosier evoluciona, en especial cuando hay vínculos con el punto que usted menciona de problemas de malversación o apropiación irregular de fondos públicos”, ha respondido el responsable sin profundizar más.

El comisario ha dejado claro que en este momento no está en condiciones de evaluar con más detalle la ley de amnistía, dado que no existe ningún texto formal sobre la mesa. De hecho, Reynders ha insistido en que Bruselas no toma partido sobre nuevas legislaciones nacionales mientras no haya propuestas firmes. Ante las preguntas sobre el mismo asunto que le ha formulado la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, Reynders ha asegurado que está al corriente de las reacciones y dudas que surgen en España sobre las negociaciones de la amnistía, que darían al Presidente del Gobierno en funciones los votos necesarios para salir airoso en la próxima sesión de investidura. Sin embargo, ha evitado profundizar en sus observaciones, bajo el argumento de que la Comisión “necesita un borrador de texto para evaluar” su contenido y determinar si existe algún tipo de colisión con las competencias comunitarias, por ejemplo, en lo relacionado con posibles delitos de malversación de fondos europeos.

Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario había mantenido un posicionamiento bastante claro: la negociación de la amnistía forma parte de las cuestiones de ámbito nacional, por lo que le corresponde a España decidir cómo actuar, siempre que sea dentro del marco constitucional del país.

Otros aspectos de interés para Reynders son la reforma del Código Penal en España y sus efectos en el delito de malversación bajo análisis desde enero, aunque no avanzó más detalles. Y sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el comisario se ha recordado nuevamente la necesidad de renovar con urgencia el órgano de gobierno de los jueces y cambiar el sistema de elección lo antes posible.