María Jesús del Barco: "Hay una campaña de acoso y derribo al Poder Judicial"

Reelegida al frente de la principal asociación judicial de España, María Jesús del Barco se muestra muy crítica con la ley de amnistía, que considera «el ataque más importante al Estado de derecho al margen del 23F». La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y juez decana de Madrid, califica de «inadmisible» que Junts arremeta contra los jueces, pero señala que «se trata del mismo discurso que se recoge en el pacto de investidura» entre el PSOE y Puigdemont.

Las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso han indignado a la carrera judicial.

Sus palabras son gravísimas, señalando incluso, con nombres y apellidos, a magistrados del Tribunal Supremo, y obedecen a la campaña de acoso y derribo al Poder Judicial que hace años emprendió el separatismo catalán. Que esto lo diga la representante de un partido político que desconoce lo que significa el respeto a la Constitución y al Estado de derecho, y que tiene a miembros destacados de su partido fugados y acusados de cometer delitos de malversación, de corrupción en definitiva, no es sorprendente, aunque es inadmisible. Lo triste es que se trata del mismo discurso que se recoge en el pacto de investidura entre el PSOE y Junts y en la proposición de ley de amnistía socialista, y es la idea que subyace en las comisiones parlamentarias, solicitadas por Junts y el PNV, con el beneplácito del PSOE. La pregunta que yo me hago es si el PSOE piensa lo mismo.

¿Qué supondrá la entrada en vigor de la ley de amnistía para la Justicia en España?

Supone la supresión del Poder Judicial en todos los asuntos relacionados con el proceso independentista y asumir, fundamentalmente, que no ha actuado conforme a Derecho. Los jueces no han intervenido ante crisis institucionales, sino que se ha hecho ante la comisión de delitos. Hemos actuado conforme al Estado de derecho, que es lo que nos exige nuestra Constitución y nuestra democracia. Por tanto, la proposición de ley supone una ruptura de la separación de poderes y abre la puerta a consecuencias más graves en el futuro.

¿En qué medida el Estado de derecho queda debilitado?

En los últimos tiempos hemos vivido situaciones graves de ataques permanentes a la independencia judicial, pero esto supone un ataque frontal a la separación de poderes y al imperio de la ley, porque no tiene una previsión constitucional. Lo que se está haciendo es convertir al Congreso en poder constituyente, lo que implica modificar la Constitución. Al margen del 23-F, me parece el ataque más importante al Estado de derecho desde que somos un país democrático.

¿Crear comisiones parlamentarias bajo el paraguas del «lawfare» condiciona la labor judicial?

No tiene cabida en un Estado democrático. Cuando hablamos de separación de poderes hablamos de que el Legislativo no puede revisar las actuaciones del Poder Judicial, porque la única revisión que cabe frente a las decisiones judiciales es interponer los recursos previstos legalmente. Es un intento de controlar al Poder Judicial y supone una espada de Damocles sobre la cabeza del juez que tiene que decidir. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando ha resuelto cuestiones sobre legislación de Polonia que afectaba a la independencia judicial, ha dicho claramente que los Estados miembros deben evitar cualquier tipo de control parlamentario de la actividad de los jueces, porque genera desconfianza del ciudadano en el funcionamiento de la Justicia, que es esencial en un Estado de derecho.

"Lawfare"

¿Se validan así las acusaciones de «lawfare» independentistas?

Todo el pacto de investidura y la posterior proposición de ley lo que hacen es asumir de lleno el discurso independentista, es decir, que los jueces hemos actuado en este proceso persiguiendo ideas políticas. Y como se prevé que otros procedimientos que están abiertos pueden generar de nuevo un conflicto entre los ciudadanos, por tanto vamos a hacer borrón y cuenta nueva y así no se produce el conflicto. Pero lo único que garantiza la convivencia en un Estado de derecho es que se cumpla la ley. El resto es la selva.

En la pasada legislatura se cuestionó al Poder Judicial desde el Gobierno, igual que ahora con el «lawfare». ¿Le sorprende?

No me sorprende nada. Antes de que se recogiese el «lawfare» en el pacto de investidura, habíamos escuchado al presidente del Gobierno hablar de «exceso punitivo» en la sentencia del Tribunal Supremo y de la necesaria «desjudicialización» de la política, que en definitiva es el «lawfare». Por tanto, esto no es nuevo. Y ha vuelto a hablar de «lawfare» tras el informe del CGPJ sobre la proposición de ley de amnistía y el posterior sobre la inidoneidad del fiscal general. La separación de poderes conlleva que el Poder Judicial tiene que controlar lo que hace el Ejecutivo cuando hay desviación de poder o un nombramiento no cumple los requisitos establecidos legalmente. El Gobierno también está sometido a la Constitución y a la ley, aunque algunos piensen que la mayoría parlamentaria permite dictar leyes contrarias a la Constitución o actuar de forma contraria a la ley.

Hace unos días denunció en el Parlamento Europeo la progresiva «colonización» del Poder Judicial por el Ejecutivo. ¿Confía en que Europa pueda impedirlo?

Confío en que Europa, a través del TJUE, paralice la ley de amnistía, que trata de dejar sin efecto y decir que no han existido delitos de terrorismo o de malversación, que es corrupción política. Entiendo que la Comisión Europea sí debería intervenir y alertar de la situación de riesgo para el Estado de derecho que se está produciendo, como ha sucedido con Polonia o con Hungría.

Que la ley de amnistía extienda su manto de impunidad sobre delitos de malversación y terrorismo, ¿complica el visto bueno de la Justicia europea?

Sí. En el último informe de la Comisión Europea sobre Estado de derecho en España ya alertaba de que la rebaja de las penas del delito de malversación no es conforme a la normativa europea, que promueve mecanismos rígidos para evitar la corrupción política. Estamos pidiendo perdón por todo el dinero que se ha malversado y por todos los delitos que se han cometido, y todo esto se está pactando con los propios delincuentes. ¿A alguien se le ocurre pensar que se pactaría con los condenados de la Manada la modificación del Código Penal en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual? Pues esto es lo que está pasando aquí.

Amnistía

¿Una ley de amnistía está amparada por la Constitución?

La amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución. La amnistía de 1977 tenía sentido porque suponía el cambio de un régimen dictatorial a un régimen democrático, de un régimen en el que se condenaba por unos delitos que suponían el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de prensa o la libertad de expresión, que era necesario eliminar. Hoy, la ley de amnistía conlleva asumir que nuestro Estado de derecho no funciona, que es un Estado fallido, y esto no es así.

¿Con que fuerza legal podrá enfrentarse el Estado de derecho a desafíos similares en el futuro?

La ley de amnistía tiene un ámbito de aplicación tan amplio que no sabemos qué va a pasar si se vuelven a cometer estos hechos. ¿Se van a indultar de forma continuada? ¿Van a tener una patente de corso siempre? Porque si es así a lo mejor deberían avisar. ¿Vale la pena entonces enviar a las Fuerzas de Seguridad cuando se produzcan disturbios o desórdenes públicos? ¿Vale la pena activar un proceso por malversación si luego van a ser amnistiados? ¿Siempre que se necesiten sus votos vamos a amnistiarles? Los jueces tendrían que saberlo.

¿En que posición deja la medida de gracia al Tribunal Supremo?

Supone dejar a la Sala Segunda a los pies de los caballos al decir que lo que ha hecho no es acorde con un Estado de derecho, que han actuado de una forma arbitraria, que no ha habido seguridad jurídica, que no se han respetado los derechos... Me causa mucha pena y vergüenza que eso se plasme en una ley, porque ni el Tribunal Supremo ni ninguno de los tribunales que han instruido causas sobre el «procés» han perseguido a nadie por querer ser independentista. Sin embargo, de la proposición de ley se desprende que los tribunales han perseguido a los políticos catalanes por su ideología, que es el discurso que han defendido ellos de forma permanente.

TJUE

Como presidenta de la principal asociación judicial, ¿cómo califica la situación del Estado de derecho en nuestro país?

Preocupante. Como asociación, tendríamos que dedicarnos a reivindicar las condiciones profesionales de la carrera. Y me da mucha pena que en lugar de eso tengamos que ocuparnos de la defensa del Estado de derecho. En una sociedad democrática plena, en la que todos los poderes del Estado tienen claro su papel, esto no se tendría que dar. Pero de repente te encuentras con esta proposición de ley que quiebra la separación de poderes y la seguridad jurídica, que es completamente arbitraria y que, además, rompe el principio esencial de la igualdad de todos ante la ley. Es preocupante que se hable de «lawfare» y de crear comisiones parlamentarias para investigar la labor de los jueces. Se nos tacha, en definitiva, de prevaricadores, que es el peor delito que puede cometer un juez en su condición de juez.

El CGPJ lleva cinco años con el mandato caducado. Llegados a este punto, ¿es más urgente renovarlo cuanto antes o modificar antes el sistema de elección para que los jueces elijan a los vocales de procedencia judicial?

No renunciamos a que se cambie la ley, como dijimos en una declaración institucional al terminar nuestro congreso asociativo, porque es lo que hemos exigido siempre, pero ante la situación extrema ante la que nos encontramos es urgente que los grupos parlamentarios acometan de una vez por toda la renovación del Consejo y, a continuación, se arbitren los mecanismos para hacer las modificaciones legales y adaptarlas a los estándares europeos.

La posibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo parece ahora más lejana que nunca.

La aritmética parlamentaria manda. El PSOE es el que tiene la mayoría para poder cambiar la ley y devolvernos a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales. Eso es lo que nos lleva pidiendo Europa mucho tiempo, pero el PSOE no quiere hacerlo. Y quien en su programa electoral lo llevaba, el PP, no tiene mayoría absoluta para hacerlo. Por tanto, la solución no es esperar cuatro años más a un nuevo proceso electoral y a que quien dice ahora que quiere cambiar la ley alcance la mayoría suficiente para hacerlo. No podemos pensar en un Consejo de 14 años. La Constitución es clara. Los grupos parlamentarios deben renovar el CGPJ cada cinco años. Y ese cambio debió producirse hace cinco años.

Pactos de investidura

Pero si la renovación sigue bloqueada y la acumulación de vacantes sin cubrir continúa aumentando. ¿Qué solución atisba una vez el TC ha avalado el recorte de competencias al CGPJ en funciones?

La única solución, que para mí es lo más terrible, es que quien tiene ahora la mayoría parlamentaria haga una modificación de la ley orgánica y entienda que los doce vocales judiciales pueden ser elegidos, no por mayoría de 3/5, sino por mayoría absoluta y que, además, esta elección se haga solo por el Congreso prescindiendo del Senado y entonces se renueve el CGPJ respecto a esos doce vocales elegidos por mayoría absoluta.

El Gobierno ya barajó en su día rebajar esa mayoría, una iniciativa que frenó Europa. ¿Qué supondría ahora esa medida?

En octubre de 2020 el PSOE y Unidas Podemos ya llevaron una proposición de ley para hacer esta modificación legal, pero Europa en ese momento –a través de la Asociación Europea de Jueces, a la que acudimos, y también la Comisión Europea– paró esta posibilidad de cambio y Pedro Sánchez lo suspendió. Pero estamos hablando de 2020 y ahora estamos en 2023 y parece que no hay posibilidades de llegar a un acuerdo. No hay posibilidades de cambiar la ley orgánica. Quien puede cambiarla no quiere y quien quiere, no puede hacerlo. Lo que queda es renovar y si no es posible alcanzar esa mayoría de 3/5 que se exige en la Constitución y en la ley me temo que nos podemos encontrar con esa reforma.

Una reforma que Pedro Sánchez descarta de momento.

Se negó que hubiera indultos, se negó que hubiera amnistía... Ha habido indultos y ya vamos camino de que haya amnistía. Cuando las cosas se publican en el BOE de poco sirve que se hayan negado. Creo que tenemos el riesgo claro de que eso suceda y ante ese riesgo la imagen de politización del CGPJ va a ser aún mayor y nadie va a creer en el Consejo, que está creado con la función esencial de garantizar la independencia del Poder Judicial. Y lo peor no es que el ciudadano no crea en la independencia del CGPJ, sino que no crea en la independencia de los jueces. Por eso creo que rebajar esa mayoría solo dañaría más la imagen de los jueces.

Bloqueo

No parece tener ninguna fe en que el PSOE se avenga a reformar la ley orgánica.

Veo muy difícil que el PSOE haga ese cambio legal que exige Europa. En noviembre de 2021 Félix Bolaños decía que le parecía antidemocrática esa reclamación europea. Entonces mucho me temo que no va a apoyar esa reforma. Así que es el momento de que cumplan sus obligaciones la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Esa elección no corresponde ni a Pedro Sánchez ni a Feijóo, sino a las Cortes Generales, así que vamos a cumplir la ley.

La ratio de jueces en España sigue a la cola de la UE. El CGPJ ya avisó de que hace falta crear 300 plazas judiciales al año. ¿Hay riesgo de colapso a corto plazo?

Colapsados estamos ya. Desde el momento en que se impiden los nombramientos, las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo ya no pueden funcionar con normalidad y por tanto poner las sentencias que pondrían si es estuvieran constituidas con todos sus miembros. Pero la Justicia está colapsada desde hace mucho tiempo. En Madrid, la entrada de asuntos en la jurisdicción civil se ha incrementado un 28% desde el año pasado. Desde la crisis de 2008, en la jurisdicción civil y en la social se ha multiplicado hasta por siete el número de asuntos que llegan. Es una barbaridad, porque no ha venido acompasado con la creación de juzgados acorde al incremento de asuntos.

Renovación del CGPJ

Con la ministra Pilar Llop estuvieron al borde de la huelga. ¿Qué espera del ministro Bolaños?

Bolaños tiene una ventaja: acumula mucho poder. Los jueces nunca hemos tenido la suerte de que el ministro de Justicia tenga poder en el Gobierno y eso pueda redundar en una buena gestión de la Administración de Justicia. Pero la verdad es que la idea que tiene de determinadas cuestiones que afectan al Estado de derecho, a la modificación de la LOPJ y de cuestiones que son esenciales para la independencia de los jueces no hace concebir muchas esperanzas. Como acaba de llegar y aún no ha hecho nada vamos a mantener la esperanza.