La Moncloa libra desde hace más de un año una guerra sin cuartel con el juez Juan Carlos Peinado que busca terminar con él. El togado que investiga a Begoña Gómez –mujer del presidente del Gobierno– decidió el lunes imputar un quinto delito a la esposa de Pedro Sánchez: malversación de caudales, que suma a los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

Lo cierto es que el nombre de Peinado, según explican en el Ejecutivo, suscita «indignación» en el gabinete socialista. La ira es total. El núcleo duro del Ejecutivo busca que alguna instancia del Poder Judicial tumbe a Peinado: bien sea el propio órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid.

El Gobierno insiste en que el juez «lleva un año y medio buscando delitos donde no los hay». «Es un elemento nocivo para el buen nombre y la necesaria apariencia de imparcialidad de la carrera judicial. Se ha convertido en un ejemplo de juez pésimo», concede una fuente de peso en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Poder Judicial comunicó este miércoles que ha abierto diligencias informativas a Peinado por sus prácticas durante la instrucción del caso, aunque lo más probable es que no vaya más allá de una mera amonestación. Precisamente, esas diligencias son consecuencia de dos denuncias del titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Y fue una de las últimas maniobras cocinadas por el Ejecutivo para apartar al togado. El ministro, al que Peinado interrogó en abril, es parte de la historia que está escribiendo en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Aunque los capítulos ya se empiezan a amontonar.

La obsesión de Pedro Sánchez y de su círculo de poder es que se dé carpetazo al caso, que consideran un ataque político sin base alguna orquestado por la derecha judicial, política y mediática. En el Gobierno se asume que la causa contra Begoña Gómez está abierta solo por ser quien es y que no busca otra cosa que la caída a cualquier precio del líder socialista.

En cualquier caso, uno de los frentes más problemáticos de todos los que acorralan a Sánchez es el que afecta a su esposa. Desde que la causa echó a andar, en abril del año pasado, Peinado apuntó la condición de investigada de Gómez por las cartas de apoyo que redactó al empresario Juan Carlos Barrabés, quien impulsó uno de los másteres que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y que el centro terminó dando carpetazo.

Tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez, que también fue interrogado por Peinado, se querellaron contra él por prevaricación. Pero ambas fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De manera que la estrategia que emprendió entonces el Ejecutivo fue desprestigiar la causa. Y atacarle a él.

Ahora, desde el Ministerio de Justicia se hace ruido para intentar apartarle sea como sea. «Será bueno para toda la carrera judicial», concede una fuente con asiento en Consejo de Ministros. El señalamiento del Gobierno a Peinado no ha cesado desde que se puso manos a la obra en el juzgado.

Un hombre de la confianza del presidente se pregunta «si es normal» que los cargos públicos tengan un régimen de incompatibilidades tan estricto mientras que la hija del juez Peinado hace carrera en el PP como concejala de Deportes y Fiestas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, lo que ha derivado en acusaciones de parcialidad por parte del Gobierno.

El caso Begoña Gómez provocó una auténtica tormenta política que llevó al presidente del Gobierno a retirarse cinco días de la vida pública para meditar sobre su continuidad. Una jugada inédita. Sánchez puso al país en vilo y preparó su estrategia para resistir a toda costa. Aquella crisis marcó un antes y un después que resuena con fuerza en los debates parlamentarios, en los que el PP pide al presidente su dimisión por estar «rodeado de podredumbre».

La investigación de Peinado se ha ido ampliando con los meses: de las primeras sospechas sobre supuestas adjudicaciones irregulares y la mediación de Gómez en el rescate de Air Europa, se pasó a examinar la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, el desarrollo de un software vinculado a la institución y la contratación de Cristina Álvarez como asesora; el último foco de batalla.

En este tiempo, cuatro personas que inicialmente fueron citadas como testigos han acabado formalmente investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Complutense Joaquín Goyache, el director del Instituto de Empresa Juan José Güemes y la propia asesora Cristina Álvarez. Las decisiones de Peinado han generado una intensa disputa entre la Fiscalía y las defensas, que critican su «errático» proceder y le reprochan la falta de fundamentación en sus resoluciones. La guerra sigue.