"No es una huelga contra Pedro Sánchez": colapso en la Justicia por el paro de los letrados judiciales

A la maltrecha Justicia española –baqueteada por los efectos de la pandemia en los juzgados, acuciada por la acumulación de vacantes sin cubrir y permanentemente mirada de reojo por el ciudadano por su proverbial lentitud– solo le faltaba una huelga masiva para asomarse al precipicio del colapso. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con los paros indefinidos convocados desde el pasado 24 de enero por los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), que han provocado en estas tres semanas la suspensión cada día de alrededor de 10.000 juicios y vistas en toda España (más de 125.000 en total), según fuentes del comité de huelga (que agrupa a todas las asociaciones con representación en la profesión, incluida la de signo progresista). Pero no solo eso: más de 400 millones de euros se encuentran inmovilizados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, miles de sentencias están pendientes de notificar (a falta de la firma de los letrados judiciales) y la actividad cotidiana de juzgados como los de familia o mercantiles prácticamente se ha paralizado.

Pero, como suele suceder, la valoración de la incidencia de la huelga va por barrios. Con los datos del Ministerio de Justicia los paros apenas los han secundado como máximo el 30 por ciento de los 4.200 secretarios judiciales (el pasado viernes, un 25,61%), una cifra que desde el comité de huelga elevan a una horquilla entre el 75 y el 84,5%.

¿Qué reclaman estos profesionales cuya labor diaria es crucial para el funcionamiento de la maquinaria judicial? Principalmente, una adecuación salarial y una negociación colectiva propia. Las mejoras retributivas las justifican en el hecho de que desde 2009 han tenido que asumir, por sucesivas modificaciones legales, más de 400 nuevas funciones «para descargar de trabajo a los jueces» que no han venido acompañadas, se quejan, de las correspondientes mejoras salariales.

«Es falso que queramos cobrar lo mismo que los jueces. Nosotros no somos jueces, pero sí realizamos labores cuasi judiciales todos los días, aunque los jueces no quieran verlo», asegura a LA RAZÓN Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). Casado mantiene que hoy en día el colectivo está cobrando de media «en torno a un sesenta y tantos por ciento» del sueldo de los jueces. «Con lo que reclamamos pasaríamos a cobrar alrededor de un 75%», un porcentaje que –explica– el Ministerio ya asumió en la Ley de Presupuestos en diciembre de 2020.

Justicia: "No está justificada"

Desde el ministerio que dirige Pilar Llop, sin embargo, consideran que la reclamación salarial de los secretarios judiciales «no está justificada ni responde a los intereses del servicio público de la Justicia». Fuentes del departamento aseguran que entre 2022 y 2024 la subida del sueldo de los letrados es de un 14,76% (incluido el aumento del 9,5% común a todos los funcionarios).

Según esas mismas fuentes, en la actualidad un secretario judicial percibe «entre un 63,33 y un 83,94% de lo que cobran un juez o un fiscal», una diferencia que justifican en la «diferencia de funciones, responsabilidades» que asumen y en el «tipo de oposición» que hay que superar en cada caso.

«Hemos parado y los juzgados han parado, y eso demuestra la importancia de nuestra labor para el servicio público de la Justicia», replica Casado, quien hace hincapié en que están reclamando «el trabajo que estamos haciendo y no se nos ha pagado durante trece años».

Una posición que comparte la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Carlos Artal, miembro de su Ejecutiva y uno de los seis integrantes del comité de huelga, insiste en que el paro indefinido obedece tanto a «cuestiones económicas como corporativistas, que afectan al ciudadano». «No reclamamos una subida de sueldo, porque ya nos la han concedido en la enmienda a los presupuestos», subraya exigiendo su cumplimiento.

"Nos han mentido"

«No estamos perjudicando al ciudadano, es el Ministerio el responsable con su cerrazón. El aumento de sueldo lo tenemos reconocidos por este Gobierno. Tenemos un acuerdo y nos han mentido. ¿Es que no se dan cuenta o les da igual?», se pregunta.

Artal esgrime incluso una carta remitida por Pedro Sánchez al comité de huelga en la que reconoce a los letrados como «pieza esencial del engranaje» del poder judicial y muestra su confianza en que las negociaciones concluyan en un «acuerdo razonable y satisfactorio». Pero paradójicamente, denuncia, no ha sido hasta el pasado jueves cuando el Ministerio de Justicia ha convocado al comité de huelga la próxima semana, una demora que –denuncia– supondrá la suspensión de 55.000 juicios más. De momento, se prevé que harán falta al menos cuatro meses de refuerzo para poner al día los juzgados tras la huelga.

"No es una huelga política"

«Hasta ahora éramos invisibles y ahora hemos dejado de serlo –asegura el portavoz de UPSJ–. Solo ejercemos nuestro derecho constitucional, no es una huelga política ni contra Pedro Sánchez. La prueba es que como asociación progresista la estamos apoyando». «El Gobierno, esté Sánchez o quien esté, no está cumpliendo los acuerdos con nosotros. Nos está costando sangre, sudor y lágrimas pero lo tenemos que hacer. Y vamos a ir hasta el final». Seguirán, por tanto, los paros, que también secundan la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación para la reclamación de los derechos profesionales y adecuación salarial (Reclamalaj), que con este objetivo ha presentado sendas demandas ante la Comisión Europea.

Pero la huelga, como no podía ser de otra forma, causa daños colaterales, empezando por los propios ciudadanos. «No nos causa ninguna satisfacción que se estén produciendo suspensiones y que la actividad judicial esté parada. Hemos hecho todo para evitarlo», dice el presidente de CNLAJ. «Cualquier reclamación ha de hacerse a la ministra Llop por no tomar cartas en el asunto».

Los abogados, que han sufrido especialmente los efectos de los paros, instan a las partes a alcanzar un acuerdo «lo antes posible». El Consejo General de la Abogacía lamentó hace unos días en un comunicado que el caos en los juzgados por la suspensión de miles de vistas está haciendo «perder a los implicados decenas de miles de horas».