Pablo Llarena: implacable ante el separatismo

La resolución del Tribunal General de la Unión Europea por la que desestima los recursos presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión del Parlamento Europeo de sus pender su inmunidad es un triunfo para el hombre que ha sido el azote legal contra el «procés», el magistrado Pablo Llarena. Atacado por los separatistas, ultrajado en sus legítimas funciones, siempre actuó con la firme convicción de que la Justicia es lenta, pero su camino inexorable. Por ello, el juez del Tribunal Supremosoportó toda una agresiva campaña de los independentistas y decidió elevar a la Unión Europea una causa basada en la llamada «anomalía belga», que dejaba en entredicho a la Justicia española y su pleno Estado de Derecho. La actuación de Pablo Llarena echa por tierra el victimismo nacionalista y demuestra que España es una democracia plena, con sus instituciones jurídicas garantistas y legales. El esperpento del fugitivo Puigdemont y su corte de Waterloo va a la deriva, aunque insistirán en su delirio hacia ninguna parte.

La decisión del TGUE avala la tramitación del suplicatorio realizada por el Parlamento Europeo y, aunque es recurrible, despeja a Pablo Llarena la entrega de Puigdemont y reactivación de la euroorden (ODE). Como el veredicto aún no es firme, el magistrado aguardará el informe de la Fiscalía del Supremo para hacerlo, aunque lo probable es que el Tribunal de Justicia de la UE aplace su resolución hasta la sentencia final. No obstante, esta resolución se suma a la adoptada por el TJUE, que el pasado enero se pronunció en contra de Bélgica y le recordó que no puede rechazar la euroorden amparándose en una pretendida falta de competencias del Tribunal Supremo español ni en presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, salvo que estas sean «sitemáticas», algo muy difícil de probar en un Estado de Pleno Derecho vigente en España. Tras conocer el fallo, el expresidente aseguró que «nada acaba y todo empieza», y aunque agotará todas las vías legales posibles, este segundo varapalo de la Justicia europea le abre un camino ya irreversible hacia su entrega y juicio en España.

Curtido en una dilatada carrera jurídica en Cataluña, defensor incansable por encima de todo de la Ley frente al independentismo, el magistrado Pablo Llarena es un hombre sereno, implacable en el cumplimiento de su deber, a pesar de los acosos recibidos por parte de los líderes del «procés» huidos a Bélgica. Ahora, la Justicia europea vuelve a darle la razón frente a los tribunales belgas en una sentencia que abre de nuevo el camino para la entrega a España del expresidente de la Generalitat. El TJUE afirmó en su auto del pasado mes de enero que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el «procés» ni negarse a cumplir la Orden de Detención Europea emitida por Llarena como magistrado del Tribunal Supremo de España. Erigido en azote legal contra el «procés» independentista, Pablo Llarena Conde procede de una familia de juristas. Su padre, Juan Jesús Llarena Chave, era abogado y acabó su carrera como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Su madre, María del Carmen Conde Vivar, también abogada, fue la primera mujer colegiada como letrada en el Colegio de Abogados de Burgos y, después, en la Sala de lo Social del TSJ castellano-leonés.

Su hijo Pablo se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid y comenzó una trayectoria como profesor en la Escuela de la Abogacía y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ingresó por oposición en la carrera judicial con el número uno de su promoción y se consolidó en Cataluña en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona hasta ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidente de la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal. De aquí pasó a ser designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desde dónde ha sido el juez instructor de los soberanistas del «procés», entre ellos Puigdemont y los fugitivos en Bélgica. Afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que fue presidente, Pablo Llarena, se convirtió en la «bestia negra» del independentismo.

Casado con la también jurista Gema Espìnosa, directora de la Escuela Judicial española, padre de dos hijos, el matrimonio vivía en San Cugat y tienen una residencia en Das, en el Pirineo catalán de la Cerdaña. A finales de marzo de 2018, activistas de la organización juvenil independentista Arran hicieron pintadas contra Llarena en su casa de Das y le acosaron en varias salidas por la comarca reclamando su «exilio» de Cataluña, por lo que solicitó al CGPJ protección para él y su familia. Además, se publicaron varios tuits insultantes contra Llarena y su esposa, lo que fue denunciado por la Fiscalía de Tarragona, pidiendo un año y seis meses de cárcel para la autora por un delito de amenazas, coacciones e injurias a un funcionario público. Pese a ello, el magistrado ha seguido con su instrucción y publicado numerosas artículos en materia penal sobre el conflicto catalán, entre ellos «Autonomía y justicia en Cataluña,» «La reforma del proceso penal» y «La protección jurisdiccional de los derechos».

Como juez instructor ha sufrido las iras de los separatistas, que le colocaron en la diana por encausar a Carles Puigdemont y su tropa. El Ministerio del Interior le puso protección y desde entonces se ha convertido, según los indepes, en «el brazo ejecutor de la represión». Desde este mundo se han lanzado consignas contra él y su familia, lo que no ha impedido su labor en las euroórdenes y acudir a las instituciones europeas que, tras las sentencias del TJUE y el TGUE, inician el camino para la extradición de Puigdemont y su juicio en España. Pablo Llarena Conde mantiene su hoja de ruta y no se rinde.