Los secesionistas tienen motivos para celebrar tener al Gobierno de rodillas

Pedro Sánchez tiene el control absoluto de los órganos del PSOE. En realidad, se ha quedado con las siglas. Eso le permite trágalas como la amnistía a Carles Puigdemont para comprarle siete votos en su investidura. Inmoral. Rompe la igualdad de los españoles. Lamina la separación de poderes. Sí, sin duda. Pero lo único importante para el jefe supremo socialista y sus costaleros es la reedición del Gobierno «progresista». Así que no entra en su cabeza titubeos sobre si es ético o no pactar con el prófugo de Waterloo, si el socialismo comparte la estrategia, si sus votantes o los españoles lo apoyan o si destroza la Constitución y se carga 45 años de democracia con una ley de punto final.

La falta de miramientos de Sánchez aplasta cualquier amago de disconformidad. La purga de Nicolás Redondo Terreros, en un momento crucial para el secretario general del Partido Socialista, ha tenido un afán ejemplarizante. Un aviso a navegantes que encasilla a los críticos como traidores. Los más volcados con la línea oficial estiman incluso que la expulsión de Redondo ha tardado mucho. Poco importa que «el calentón» al más alto nivel ahonde en «la ruptura emocional» con la vieja guardia del partido y deslegitime a referentes como Felipe González o Alfonso Guerra, que fueron garantes de la Transición y llevaron al poder a los socialistas en una España donde se había conseguido la libertad política. La palabra de Sánchez es la ley: todos callados.

La alarmante pérdida de memoria de Ferraz les lleva a descartar cualquier posibilidad de cisma ante la deriva de la organización. «¿Temor? Ninguno. Ellos ignoran cómo respiran nuestros militantes». Desde la soberbia del mando siempre es fácil confiar en la capacidad de cauterizar cualquier malestar. Pero, en ocasiones, una chispa puede prender con facilidad. Ese escenario dependerá de hasta dónde sea capaz de llegar Sánchez en sus cesiones a los secesionistas. Y, ahora mismo, nadie puede asegurar si frenará.

Lo que sí es cierto es que el ambiente interno del PSOE va revolviéndose. Las costuras de la formación se tensan. No es para menos. Mientras, el líder socialista lo supedita todo al bien superior de la investidura. Es ya lo único que visualiza, lanzado a un proyecto que aspira a cambiar la Carta Magna por la puerta de atrás y a consolidar la incierta España plurinacional. Se siente seguro al frente de ese «Frankenstein Plus» que va a darle la vuelta al país. En sus planes, como admiten sus más cercanos, «el presidente no quiere interferencias». Todos los actos de partido de Sánchez programados de aquí a octubre buscan su contacto directo con las bases para tranquilizarlas y mantener prietas las filas.

Sánchez va a repetir su compromiso de buscar un Gobierno «coherente con la letra y el espíritu de la Constitución». Ahora mismo, el núcleo de confianza sanchista prefiere aletargar la idea de la amnistía. Es una palabra aún difícil de pronunciar, pero en La Moncloa se preparan para cuando llegue ese momento. Es el manual de un gobernante dispuesto a lo que sea para obtener el salvoconducto de una nueva Legislatura. Poco le importa a Sánchez, como al resto de su Gobierno, que la hemeroteca apile un interminable volumen de declaraciones remarcando que tanto la amnistía como el referéndum son inconstitucionales.

De momento, lo que más perturba al PSOE es una posible ebullición si las negociaciones con ERC y Junts se alargan una vez fracase Alberto Núñez Feijóo el próximo día 27 de septiembre. De ahí que el entorno presidencial apueste por la investidura en octubre. «El margen es la tercera o cuarta semana del próximo mes», aseguran.

Sin embargo, certezas, con Puigdemont, no existen. «No rebajamos demandas y cobramos al contado», ha sido el último mensaje desafiante de Miriam Nogueras, portavoz de Junts. Algunos altos cargos socialistas recelan de un giro de última hora del ex presidente de la Generalitat que impida reelegir a Sánchez. Sería un «revolcón» que haría caer con todo su equipo al presidente en funciones una vez mostradas sus cartas. «Hay que prepararse para cualquier eventualidad», admiten con mala cara en la sala de máquinas monclovita.

Eso explica que en el Gobierno todavía queme la fotografía de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont en Bruselas. «La imagen de su reconocimiento como interlocutor –censuran– debió formar parte de la negociación» y no ser el pistoletazo de salida. A la vicepresidenta segunda, al parecer, ya le quedó suficientemente claro, porque Sánchez tardó en digerir el traspié estratégico.

De momento, los secesionistas tienen motivos para celebrar tener al Gobierno de rodillas. La puesta en marcha de la disparatada reforma del Reglamento del Congreso para utilizar las lenguas cooficiales es un triunfo de quienes sólo riegan el jardín de la división. Desde este martes habrá pinganillos en el hemiciclo. Quienes así lo deseen, podrán expresarse en catalán, vasco o gallego y tendrán garantizada la traducción simultánea de intérpretes contratados a toda prisa. La Torre de Babel ha sido impuesta por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa. Una factura pagada al contado.