Pedraz cede a Guinea Eduatorial la investigación contra el hijo de Teodoro Obiang por cuatro secuestros

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado ceder a Guinea Ecuatorial la investigación contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del actual presidente Teodoro Obiang, y otros dos miembros del Gobierno por su implicación en el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República en noviembre de 2019. Dos de ellos tenían la nacionalidad española y otros dos residían en España.

En un auto, el juez explica que se ha recibido una comisión rogatoria de las autoridades de Guinea en la que se interesa la cesión de la jurisdicción a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de aquel país al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España.

Según indica Pedraz, no hay base alguna para concluir que haya hechos cometidos en territorio nacional ni siquiera de forma indiciaria ni que la la actividad criminal se hubiera desarrollado parcialmente en nuestro país. A falta de otras diligencias, añade, a pesar del tiempo transcurrido, solo consta que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial.

Además, aclara, no se ha acreditado que los perjudicados fueran previamente investigados, con vigilancias o seguimientos en España, y luego convencidos para que se desplazaran a Sudán.

A la vista de la comisión rogatoria y de los hechos imputados, calificados como secuestro con finalidad terrorista en relación con delitos contra la libertad, el juez estima que se cumplen los requisitos para ceder la jurisdicción a Guinea. Con los obrantes en la solicitud de cesión de jurisdicción enviados por Guinea “este instructor no puede poner en duda que se trate de otros hechos o que el procedimiento adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumental”, asegura.

La investigación puede volver a España

No obstante, existe una cláusula de salvaguarda para que el juez sí pueda perseguir los delitos en España. Este caso se daría si Guinea Ecuatorial finalmente no lleva a cabo la investigación o no pueda hacerlo. En ese escenario, la cláusula se debería poner en marcha elevando exposición razonada al Tribunal Supremo, una vez comprobado que no se han investigados los hechos en aquel Estado.

Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 remarca que no hay dudas de que la causa se iniciara en ese país el 15 de febrero de 2023 en la Sala Segunda de la Corte, "porque así se comunica oficialmente"; y tampoco sobre que se desarrolle un proceso judicial "con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, pues basta leer el auto 3 de julio de 2023 de dicha Corte en el que solicita la cesión, como la legislación guineo ecuatorial, del que no se sigue quiebra alguna”.