Peinado estrecha el cerco sobre Moncloa con el interrogatorio a la asesora asistenta de Begoña Gómez

El "caso Begoña Gómez" toma un nuevo impulso esta semana con la lupa puesta sobre la asesora de Moncloa que ejerce como asistenta de Begoña Gómez y que llegó incluso a negociar la renovación del patrocinio de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según han puesto de manifiesto los correos remitido al juez Juan Carlos Peinado por el centro universitario. Con el afán de indagar en las funciones que desarrollaba, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid interrogará este miércoles a Cristina Álvarez, aunque en esta ocasión en calidad de investigada (ya compareció como testigo), y, también, a Alfredo González, el ex alto cargo de Moncloa que en 2018, como vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, propuso el nombramiento de Álvarez como asesora de la mujer del presidente del Gobierno. González es en la actualidad secretario de Estado de Política Territorial.

Peinado -que investiga a Begoña Gómez por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- está en el punto de mira de Moncloa desde que puso en marcha, a raíz de una denuncia de Manos Limpias, la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez tras haber recomendado por carta en 2021 al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas de Red.es (entonces dependiente del Ministerio de Economía), algo que terminó asumiendo la Fiscalía Europea por la existencia de fondos comunitarios en esos proyectos, centrándose a partir de entonces la instrucción en la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la UCM que codirigió Begoña Gómez, que fue quien citó al rector Joaquín Goyache en el Palacio de la Moncloa para proponerle la iniciativa.

El magistrado sorteó además dos querella por prevaricación de Sánchez y su esposa (y una petición de archivo que desestimó la Audiencia Provincial de Madrid) presentadas después de que acudiera al Palacio de la Moncloa a tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho de no declarar contra su mujer después de haber intentado declarar por escrito al considerar que se le reclamaba su testimonio (el juez quería indagar en su papel en las reuniones entre Begoña Gómez y el rector de la Complutense) por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo.

Cristina Álvarez ya declaró como testigo el pasado 20 de diciembre y explicó al juez que su cometido es gestionar la agenda pública y privada de la esposa del presidente del Gobierno y que si solicitó por correo electrónico a Reale Seguros que renovara su patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense fue porque ella misma se lo pidió como un favor y que así lo hizo por amistad. Además, señaló que asistía a sus reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno (el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio dijo al juez que Cristina Álvarez acompañaba habitualmente a Begoña Gómez cuando acudía a universidad) y que se encargaba de garantizar a la esposa del presidente "un entorno seguro, eficiente y discreto" las 24 horas al día, un cargo por el que percibe 49.000 euros brutos al año.

Moncloa trasladó a Peinado que Cristina Álvarez es "directora de programas" desde julio de 2018 en calidad de personal de confianza, cargo en el que "desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza". Su cometido, explicaba Presidencia del Gobierno, es "la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y7o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda".

En el escrito en el que las acusaciones populares, a iniciativa de Hazte Oír, solicitaron a Peinado que llamase a declarar como investigada a Álvarez, hacían hincapié en que proporcionó a Gómez "ayuda" en el ejercicio de "sus actividades profesionales estrictamente privadas", utilizando para ello una dirección de correo institucional de Presidencia del Gobierno y firmando como directora de programas de Moncloa.

En ese contexto, recordaba la acción popular, el 10 de noviembre de 2021 escribió un correo electrónico a la directora de Comunicación de Reale Seguros en el que se abordaban "cuestiones puramente privadas y relacionadas con la actividad profesional" de Begoña Gómez. Posteriormente, ya en febrero del año siguiente, puso en conocimiento de la aseguradora que a la esposa del presidente del Gobierno "le encantaría" que continuaran como patronos. Correos que para las acusaciones populares resultan relevantes para "acreditar la existencia de los posibles delitos de tráfico de influencias" dado que los destinatarios tenían por fuerza muy claro "el cargo institucional" de asesora de Moncloa de Cristina Álvarez cuando gestionaba asuntos profesionales de Begoña Gómez.

Por el momento, Peinado a ordenado a la UCO investigar sus posibles llamadas a la Universidad Complutense, a Barrabés, al Instituto de Empresa y al África Center, que dirigió la esposa del presidente del Gobierno, a la Organización Mundial de Turismo (OMT) y a varios patrocinadores de la cátedra como la Fundación Caixa o Reales Seguros, además de las empresas involucradas en el

desarrollo del software que luego inscribió a su nombre (por lo que se investiga una posible apropiación indebida), como Indra o Google (representantes de estas dos empresas testifican también el miércoles, al igual que el consejero delegado de Telefónica y dos funcionarias de la UCM).