Policías Nacionales advierten al PSOE y Sumar del intento sectario de dejarlos desprotegidos

Policías nacionales recuerdan al PSOE y Sumar que 2022 fue el año en el que mayor número de delitos de atentado contra agente de la autoridad se registró en los últimos dieciséis, con una media diaria de 35 ataques contra policías nacionales y guardias civiles. “Más de 12.800 infracciones penales de este tipo, que supusieron un incremento del 7,63% respecto a las de 2021 y que marcan una peligrosa tendencia al alza sostenida durante los últimos seis años”, señala la Confederación Española de Policía, que muestra su preocupación por el hecho de que ambos partidos, en el acuerdo de legislatura anunciado hoy, hayan incluido una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, en cualquier caso, debería ser consultada con los profesionales de la seguridad pública, para que no queden desprotegidos tal y como se contemplaba en la reforma inicial. El proyecto decayó al ser disueltas las Cortes Generales.

“La modificación de esa norma, que rechazamos porque es esencial para el ejercicio de los cometidos de los policías y para garantizar la convivencia ciudadana, no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país, para la que esa Ley sólo es buena si obedece a sus intereses”, subrayan.

“Durante 2023 los datos de agresiones a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil se están manteniendo en niveles similares a los de 2022, por lo que tenemos claro que el balance final de estos delitos se prevé sea de una gravedad similar, constituyendo un riesgo incuestionable para la salud y la vida de quienes por mandato legal deben cumplir y hacer cumplir la Ley en España”.

A este respecto, CEP advierte de que el acuerdo cerrado hoy entre PSOE y Sumar para la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no puede materializarse “en un futuro proceso que margine y evite contar con la opinión cualificada de los policías. Si se repite este error tan grave, como ya ocurriera cuando el Ministerio del Interior anunció en su momento una iniciativa similar y que no salió adelante en sede parlamentaria por falta de consenso, volverá a generar un rechazo unánime entre los miembros de todo el colectivo policial, del que forman parte más de 225.000 servidores públicos de las Administraciones del Estado, autonómica y local”.

“Mostramos nuestra alarma --añaden-- ante uno de los puntos anunciados por PSOE y Sumar en el acuerdo de gobierno anunciado hoy, relativo a la identificación de los policías nacionales. Esta propuesta, de la que no conocemos detalles adicionales, podría poner nuevamente en el punto de mira a un colectivo cuya identificación ya está plenamente garantizada por normativa e instrucciones que existen desde hace diecisiete años, precisamente aprobada por un Gobierno socialista”.

“ Los policías nacionales ejercemos una de las profesiones más fiscalizadas del país. Por las normas, que nos obligan a conducirnos de acuerdo con multitud de principios y garantías para la protección de los derechos y libertades de todos. Por mecanismos de control de actividades funcionariales que se desvíen de la Ley, a través de las unidades de régimen disciplinario y de la Unidad de Asuntos Internos. Por la tutela obligada de jueces y fiscales, a cuyas órdenes trabajamos a diario. Por la obligación de respetar principios básicos de actuación a los que nos debemos en todo tiempo y lugar. Y por una sociedad en la que medios de comunicación y redes sociales retransmiten en directo cualquier intervención policial, haciéndola pública en cuestión de segundos para millones de ciudadanos. Por todo ello, pedimos respeto. Reclamamos que se reconozca nuestra profesionalidad. Que se proteja nuestra seguridad física y jurídica. Que se nos apliquen las garantías constitucionales que cualquier ciudadano tiene en materia de presunción de inocencia, frente a los reiterados intentos de que cualquier actuación de seguridad ciudadana sea sometida a un juicio público sin garantías cuya sentencia, inexorablemente, siempre es condenatoria. Que se cuente con nosotros y se nos escuche, en definitiva, para cualquier intento de reforma legal que afecte a nuestro trabajo”, concluyen.