El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuenta ya con las conclusiones de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) en el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comunidad de Madrid que desestima la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto de Cuelgamuros. La clave es si la competencia para otorgar esta protección es del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso o del Estado, y para la ADVC no cabe duda alguna en cuanto a que corresponde al Gobierno de la Puerta del Sol. La Comunidad ha declinado hasta ahora hacerse cargo de este trámite, aunque sí ha iniciado el proceso para hacer BIC la Escolanía, «plenamente integrada en el conjunto monumental», por lo que, según la asociación, «se tiene o no se tiene competencia material» pues «no resulta admisible otorgarse la competencia para determinados bienes» [del complejo] «y negarla para otros».

Real decreto no dictado

Recoge el escrito de la ADVC, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que la titularidad «efectivamente pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos», y «no al Patrimonio Nacional, quien únicamente ejerce las funciones de Patronato de la Fundación».

Todo ello «sin perjuicio de lo que en un futuro pudiera disponer un real decreto –al que aluden el artículo 54 y la Disposición transitoria primera de la Ley 20/2020– sobre la extinción de la Fundación y el destino de sus bienes; real decreto que aún no ha sido dictado, y que desconocemos si algún día se dictará».

Cita asimismo la ADVC tres sentencias del Tribunal Supremo que apuntan que «el conjunto del Valle de los Caídos es un bien de titularidad pública estatal integrado en el Patrimonio Nacional», una declaración «que no puede servir de soporte alguno para alterar la titularidad de unos inmuebles», sin que haya «un acto declarativo» o «una resolución judicial», defiende.

Y, en este sentido, otro fallo del alto tribunal aclara cómo «tampoco cabe sostener que el conjunto monumental se encuentre, a día de hoy, adscrito a servicios públicos» gestionados por la Administración del Estado. Explica la ADVC que «sin dicha declaración previa no cabe otorgar competencia alguna a la Administración del Estado para incoar y resolver la declaración de BIC».

En esta línea, la asociación que preside Pablo Linares considera que «el hecho de que una parte del conjunto monumental –solo la Basílica– tenga establecido un régimen de visitas para la contemplación por los ciudadanos que lo deseen de su riqueza artística, y que los precios y horarios de visita dispuestos por su Patronato sean asimilables a los que se disponen para los bienes del Patrimonio Nacional, no determina su adscripción a un servicio público cultural y turístico».

Además, la «reasignación» que dispone la Ley de Memoria Democrática para el Valle de los Caídos, que «habría de llevarse a cabo» mediante el citado real decreto, e incluiría una «función didáctica y reparadora» como Lugar de Memoria Democrática, «no permite tampoco sostener que nos encontramos ante la prestación de un servicio público, por muy laxa que sea la interpretación que se quiera dar a esta figura jurídica», siempre según la entidad.

Acerca de que los bienes y derechos de la Fundación de la Santa Cruz «se integrarían en la Administración General del Estado», como defiende la Abogacía del Estado, la ADVC replica que la «futura norma jurídica podría disponer una distinta atribución de los bienes de la Fundación», pero, «en cualquier caso, esa posible integración se producirá cuando se disponga la disolución de la Fundación y el régimen y destino de sus bienes», y «cuando ello suceda, no antes».

Afirma la asociación que «la determinación, a día de hoy, del órgano competente para tramitar y resolver el procedimiento de declaración del Valle de los Caídos [como BIC], no es algo que se pueda hacer depender de lo que previsiblemente pueda establecer un futurible real decreto».

«La aplicación del Derecho», defiende, «no puede estar sometida a presagios o suposiciones de normas jurídicas no dictadas y publicadas», aparte el hecho de que «la competencia administrativa es de obligado cumplimiento».

En este sentido, defiende la ADVC que «la protección que hoy se otorgue no impedirá en un futuro que la Administración del Estado determine un distinto régimen patrimonial, organizativo, o de funcionamiento, por lo que ninguna interferencia se produciría por parte de la Comunidad de Madrid» para acometer el BIC.

Las obras: tres obreros entre catorce muertos

El documental «Entre el cielo y la roca» busca desmentir las «supuestas muertes y los supuestos trabajadores esclavos» de Cuelgamuros, según el fundador y presidente de la ADVC, Pablo Linares. «Nieto orgulloso de un trabajador republicano del Valle de los Caídos», su abuelo «defendía que lo que se contaba sobre los supuestos presos esclavos, los supuestos muertos en él, es rigurosamente falso». En el documental, y citando «información documentada», el responsable de la ADVC afirma que solo «fallecieron 14 personas trabajando, de las que solo tres eran presos».