«Proyecto Saving»: la Fiscalía pide prisión para Villarejo y exculpa a un exsenador del PSOE

José Manuel Villarejo se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 23 años y medio de prisión por el «proyecto Saving», la investigación de posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la empresa Martinsa-Fadesa por encargo de un empresario que había intentado recuperar sin éxito parte de la inversión que realizó en 2007 (al comprar el 5% de las acciones de la sociedad del empresario Fernando Martín por cien millones de euros).

En esa pieza del inagotable "caso Tándem", Anticorrupción reclama para su socio, Rafael Redondo, 18 años y nueve meses de cárcel, pero exculpa al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, a quien se imputó por actuar supuestamente de intermediario entre el empresario y Villarejo.

Tanto al comisario jubilado (que estaba en activo cuando realizó estos encargos entre 2011 y 2012), el fiscal les imputa delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Además, pide el decomiso de los 500.000 euros abonados por el empresario José Moya, a través de su sociedad Persán, al Grupo Cenyt por estos trabajos, que incluyeron el acceso al tráfico de llamadas de varias personas vinculadas con el dueño de Martinsa-Fadesa y que se camuflaron con facturas falsas que –según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía– intentaban «ocultar la naturaleza de la relación comercial y los servicios que habían prestado» Villarejo y Redondo, que «procedieron a manipular los conceptos de los servicios prestados».

Villarejo indagó en la posible existencia de «irregularidades» en el procedimiento concursal de Martinsa Fadesa, en particular la supuesta existencia de «pagos ilícitos que hubieran podido recibir determinadas personas que intervinieron en dicho procedimiento». Una información que el empresario que le contrató pensaba utilizar «para negociar con Fernando Martín la recuperación de la inversión realizada en Martinsa-Fadesa».

Informes y tráfico de llamadas

Y es que la compra de ese paquete accionarial incluía un contrato de opción de venta que permitía a Moya recuperar, al menos parcialmente, la inversión realizada, reservándose la posibilidad de desprenderse de las acciones. De ejecutar esa opción, Martinsa-Fadesa debía adquirirlas. Pero cuando intentó ejercerla ya era tarde, con la empresa en concurso de acreedores desde 2008. Para más inri, la administración concursal no tuvo conocimiento de dicho contrato de opción de venta, lo que dio comienzo al conflicto entre ambos empresarios.

Anticorrupción sostiene que este encargo –que no era, recalca, un «hecho aislado»– consistió en «la obtención de información sobre diferentes personas» que habían tenido alguna relación con esa inversión o con el procedimiento concursal. Unos datos que se plasmaron en varios informes, entre otros sobre el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, que fue quien ofreció a Moya la oportunidad de invertir en Martinsa-Fadesa y del que el empresario sospechaba «que podría haber actuado en connivencia» con Fernando Martín para perjudicarle.