Puigdemont alienta la repetición electoral para forzar a Sánchez a la amnistía y el referéndum

En su discurso pronunciado ayer en Bruselas, Carles Puigdemont aludió hasta cinco veces a la posibilidad de una repetición electoral. El expresident es consciente de que tiene en sus manos el destino de la política española y explota ese poder al máximo para tratar de lograr todas sus exigencias, aunque tampoco quiere dinamitar todos los puentes de inmediato porque hay mucho margen para negociar hasta finales de noviembre y, por ello, evitó poner ultimátums y plazos temporales.

«España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1-O y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad», señaló Puigdemont, ahondando en esa idea a lo largo de todo su discurso. El expresident llevó a Cataluña al límite en 2018 y dejó a la autonomía a una semana de una repetición electoral (finalmente, Quim Torra salió investido) y tampoco parece que le vaya a temblar el pulso para hacerlo con España. De hecho, llevando al límite a Sánchez es consciente de que es la única manera de forzarle a moverse y ceder ante sus peticiones.

De momento, tras su conferencia de ayer, ha quedado un manto de niebla que impide ver realmente el alcance de todas sus exigencias. ¿Por qué? Porque evitó poner plazos temporales para los acuerdos. No obstante, todo apunta a que su intención es dibujar una negociación en dos fases: en la primera, exige una serie de condiciones previas que irían vinculadas a la investidura; y, en la segunda, se desarrollaría a lo largo de toda la legislatura. En este sentido, desgranó cuatro condiciones previas que se deben de dar, que irían vinculadas a la investidura: la primera es «respeto a la legitimidad democrática del independentismo», en referencia a que se tiene que acabar con el supuesto espionaje a los dirigentes independentistas (Junts ha reclamado la creación de una comisión de investigación en el Congreso); la segunda es abandonar la vía judicial contra el independentismo, ya que, según dijo, el «1-O no fue un delito» (esto se podría canalizar a través de la amnistía que está ya bastante allanada); la tercera es la creación de un mecanismo de «mediación y verificación» de los acuerdos para evitar incumplimientos y, en este punto, aseguró que la primera vez que permita constatar si el Gobierno cumple o no es que el 19 de septiembre en una reunión de ministros de Asuntos Europeos quede oficializado el catalán, aunque se desconoce aún si eso será posible o quedará en un primer mero debate (se precisa de la unanimidad de los 27); y, la cuarta es fijar como únicos límites para la negociación los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, dar margen para rebasar los límites de la Constitución.

De estas cuatro condiciones previas, la más sensible de todas es, sin duda, la relacionada con la amnistía ya que hay quien interpreta que es una exigencia previa a la investidura y hay quien opina lo contrario. Puigdemont lo dejó en el aire. Lo cierto es que si tiene que estar aprobada antes de la investidura, hay poco menos de tres meses para tramitarla en el Congreso: tiempo hay, ya que la reforma del Código Penal para suprimir la sedición se tardó tan solo un mes.

Además de la amnistía, Puigdemont también apeló a incumplimientos en materia económica y social del Gobierno y exigió más competencias (por ejemplo, en el ámbito migratorio). Si bien, quiso advertir de que «nadie se engañe» porque ni la amnistía ni nada va a sustituir la exigencia del «reconocimiento nacional y el derecho de autodeterminación». «Solo un referéndum acordado podría sustituir el mandato político del 1-O. No existen impedimentos constitucionales para celebrar este referéndum», señaló Puigdemont, sin poner tampoco fecha límite para llegar al acuerdo para este referéndum, lo que permite a Sánchez poder iniciar la legislatura sin haber pactado nada en esa materia. «Si hay acuerdo, debe ser un acuerdo histórico», subrayó Puigdemont, consciente de que ha alimentado tanto su imagen de político duro con el Estado que ahora va a tener que medir muy bien qué acuerda para no decepcionar a sus más fieles.

Puigdemont, además de desgranar sus exigencias, también quiso dejar constancia de su malestar con el PSOE y Sumar porque considera que han arrinconado a su partido durante los últimos seis años y se han acordado de Junts ahora que lo necesitan. En este sentido, optó por un tono duro y advirtió que la distancia de su partido con las dos fuerzas de izquierda es enorme. Es más, quiso recordar también cómo hace dos meses, PSOE y Sumar sumaron sus votos al PP para desbancar al ganador de las elecciones municipales en Barcelona, Xavier Trias.

Las palabras de Puigdemont complican las posibilidades del PSOE para la investidura de Sánchez y, sobre todo, dejan mal lugar a Yolanda Díaz porque había estado 24 horas antes reunida con Puigdemont con la intención de suavizar su discurso de ayer. En este sentido, la vicepresidenta no logró rebajar el tono del expresident, que lleva ya casi seis años en Bélgica sin rendir cuentas ante la Justicia española.

Junts es imprescindible para el PSOE: sin ellos, el PP tiene más apoyos parlamentarios.