El Govern recusa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, han recusado a los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordaron investigarle por el referéndum del 1-O y a la juez encargada de instruir el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el encargado de realizar la instrucción de todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1-0. A instancias de la Fiscalía, el Tribunal está autorizando las pesquisas de la Guardia Civil a la que ha señalado como fuerza instructora. El Tribunal, hasta ahora, no ha considerado oportuno la fijación de fianza de los querellados negándose a la pretensión de la Fiscalía de fijar una fianza al presidente de la Generalitat y, solidariamente, al resto de querellados. En esta línea, la jueza instructora no ha reclamado a los querellados su situación patrimonial, paso previo para la fijación de una fianza. Tampoco, el alto tribunal catalán ha querido advertir a los directores de los diarios que han publicado los anuncios, aunque sí ha solicitado a la Guardia Civil que investigue que medios han publicado esta publicidad.

A pesar de esta cara amable en la instrucción del tribunal, en el Govern se ha pedido de recusar a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, José Francisco Valls, Carlos Ramos y Mercedes Armas. La petición se plantea después de que este tribunal admitiera a trámite el viernes de la pasada semana una querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Puigdemont y Turull por haber decretado el decreto de convocatoria del referéndum.

El gobierno presidido por Puigdemont ha puesto la directa y se ha instalado en la desobediencia. Ninguna resolución del Tribunal Constitucional ni del TSJC se está aceptando y se ha optado por jugar “a la puta y la ramoneta”, es decir, practicar el doble juego. El TSJC, por ejemplo, clausuró las webs que patrocinaban la consulta ilegal, pues bien, la respuesta fue abrir otras con dominios en el extranjero. Las papeletas se han convertido en el paradigma del juego trilero que está organizando la Generalitat. Desde que el encargo de imprimirlas lo realice un diario comarcal hasta la recomendación del conseller portavoz, Jordi Turull, de que cada uno se imprima una. En el camino, el TSJC ha ordenado a la Guardia Civil que busque este material lo que ha avivado la mofa por parte del independentismo con sus cánticos sobre “dónde están las papeletas”.

En la Generalitat, saben que este juego que hace las delicias de sus “holligans” tiene los días, cuando no las horas, contados. Por eso, el gobierno catalán ha interpuesto esta recusación en bloque del TSJC siguiendo los pasos de Carme Forcadell que recusó al conjunto del Tribunal Constitucional. No le sirvió de mucho, pero durante unas horas el alto tribunal tuvo que decidir sobre el recurso de Forcadell, que desestimó. Fueron sólo unas horas, pero importantes en este juego del despiste impuesto por parte de la Generalitat.

En esta línea, el gobierno catalán sobre todo a través de su vicepresidente, Oriol Junqueras, sigue argumentando que “ningún tribunal estatal puede prohibir el derecho internacional”. El número dos del Govern insiste cada vez que se le pregunta que el derecho internacional reconoce la autodeterminación de Cataluña -aunque la ONU no recoge a Cataluña como un territorio susceptible- y que, por tanto, el referéndum no puede calificarse de ilegal porque este delito no está reconocido en el derecho penal español.