Caso García Ortiz
¿Quién nombra el nuevo fiscal general del Estado? Así funciona el proceso de selección
La noticia de la inhabilitación de García Ortiz abre la puerta a un proceso de cambio en la cabeza de la Fiscalía General del Estado
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después institucional: ha condenado a Álvaro García Ortiz, el Fiscal General del Estado, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, y le ha impuesto además una multa de 7.200 euros. La noticia abre la puerta a un proceso de cambio en la cabeza de la Fiscalía General del Estado, pero para conocer quién será el sustituto es importante entender cómo se designa al Fiscal General del Estado en nuestro país.
El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: el Gobierno propone a un candidato, que debe ser un jurista prestigioso y que tenga mínimo15 años de experiencia. Cuando se hace público al candidato del PSOE, la propuesta pasa por una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se evalúan los méritos y a la trayectoria profesional del seleccionado.
Una vez finalizado ese proceso, el nombramiento es oficializado mediante un Real Decreto firmado por el rey, poniéndose en marcha su mandato al frente del Ministerio Público. Además de los 15 años de experiencia, hay otras condiciones como que el candidato no haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico en los últimos cinco años.
Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado presentará ante el Rey la promesa o el juramento específico y tomará posesión del cargo en el Pleno del Tribunal Supremo.
¿Cuánto dura el mandato del Fiscal General del Estado?
El mandato del candidato seleccionado para asumir el puesto del Fiscal General del Estado tiene una duración de cuatro años y podrá ser cesado en cinco casos específicos, que son:
A petición propia, es decir, por renuncia voluntaria al cargo.
Por incurrir en alguna incompatibilidad o prohibición establecida en la ley.
Por incapacidad o enfermedad que le impida desempeñar sus funciones.
Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones como máximo responsable del Ministerio Fiscal.
Cuando cese el Gobierno que lo propuso, ya que el mandato está vinculado al del Ejecutivo que realizó la designación.
La relevancia del caso García Ortiz
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Además, deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador.
El fallo no fue unánime: cinco de los siete magistrados votaron a favor de la condena, mientras que dos expresaron su disenso (“voto particular”). La sentencia advierte que García Ortiz habría filtrado un correo interno muy sensible: un mensaje del abogado de González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que se hablaba de un posible acuerdo legal con Hacienda.
Este caso es especialmente simbólico porque es la primera vez que un Fiscal General en activo se sienta ante el Tribunal Supremo acusado. Además, su condena ha generado una fuerte reacción en el mundo jurídico: varias asociaciones y abogados han celebrado la decisión, señalando que envía un mensaje claro de que “nadie está por encima de la ley”.
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