Canarias vive en los últimos años una presión migratoria creciente, que no solo desafía su capacidad de gestión, sino que también deja al descubierto historias de vida llenas de esperanza y dolor. La cercanía del archipiélago a la costa africana convierten a Canarias como una puerta de entrada a Europa, donde miles de personas cruzan el Atlántico en pateras y cayucos, arriesgando su vida en busca de un futuro mejor.

Sin embargo, a su llegada, los migrantes -en su mayoría menores no acompañados- se encuentran con centros de acogida desbordados y recursos limitados, donde cada gesto de ayuda se convierte en un pequeño alivio frente a la incertidumbre.

La situación despierta emociones encontradas entre la población canaria: solidaridad y empatía frente a quienes han vivido el hambre, la violencia o la persecución; pero también preocupación por la capacidad de las islas para ofrecerles un lugar seguro.

Por ello, tanto organizaciones humanitarias como autoridades coinciden en la necesidad de reforzar la atención y garantizar los derechos de los migrantes, recordando que detrás de cada cifra hay personas.

La radiografía de la inmigración en Canarias

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las llegadas irregulares por mar en los siete primeros meses de 2025 han descendido un 46,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 21.470 a 11.575 personas. Sin embargo, algunas previsiones apuntan a que el total de migrantes que arriben al archipiélago este año podría superar los 70.000, una cifra que, aunque inferior a los récords históricos, sigue representando una presión significativa sobre los recursos y servicios del archipiélago.

Pero detrás de las cifras se encuentran historias de personas que buscan una vida mejor. La mayoría procedentes de África Occidental, especialmente de países como Marruecos, Senegal y Mauritania, son en su mayoría hombres jóvenes en edad laboral, pero también se registran llegadas de mujeres y menores no acompañados, siendo estos últimos el grupo más vulnerable que requiere atención y protección especial por parte del Estado español.

Una situación crítica para los menores y la Administración

De todos ellos, tan solo en lo que va de 2025, han llegado a Canarias más de 2.800 menores migrantes no acompañados, que se suman a los cerca de 5.500 que ya acogía el archipiélago a principios de este año. Lo que ha provocado que su situación en los centros de acogida sea crítica, motivo por el que el Ejecutivo -en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo- ya ha comenzado su realojo paulatino en diferentes centros de acogida del conjunto del territorio español.

Y es que la capacidad de los centros de acogida en Canarias se ve constantemente desbordada. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades y organizaciones humanitarias, la saturación y el "hacinamiento" es una realidad diaria que dificulta una atención adecuada. Una situación que, según denuncian desde el Gobierno de Canarias, se complica aún más con la "lentitud" en los traslados de los menores a la Península.

A ello se le suma la saturación y la precariedad laboral en los diferentes centros de acogida de Canarias, que han pasado de tener 400 plazas disponibles para menores a las más de 5.600 actuales en tan solo dos años.

Una coyuntura que, además, ha conllevado una falta de recursos en la capacidad del sistema de acogida, que ampliamente superada, afecta a la atención que reciben los menores por la falta de personal cualificado al que poder contratar para realizar las labores pertinentes de acompañamiento, sobre todo psicológico, a los usuarios. Una tesitura en la que, dadas las circunstancias, la figura del educador social y profesional de psicología se convierte en la piedra angular de los centros de acogida.