Renovación del CGPJ: jueces y fiscales enfrentados por la dimisión en bloque de los vocales y el sistema de elección

El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de mandato caducado ha dividido a las asociaciones de jueces y fiscales. Mientras unos ponen el acento en la dimisión en bloque de todos los vocales que actualmente integran el órgano de gobierno de los jueces, otros cuestionan que esta medida tan drástica sea realmente eficaz e insisten en que esta institución es "presa" de la falta de acuerdo político en el Parlamento y claman por un cambio en el sistema de elección de sus integrantes. De momento, se han pronunciado Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y también la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales han exigido "la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato" y recordaron que aunque la duración de su mandato es de cinco años, el actual consejo "lleva diez, tres presidentes y cuenta cada vez con menos vocales que dejaron de serlo por fallecimiento, jubilación o renuncia", apuntan en un comunicado conjunto. "Con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición", indican. Ambas organizaciones atribuyen a los vocales "un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo, única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes", señalan.

Pero existen dudas de que esta medida pueda ser eficaz a efectos de renovación. Desde la AJFV señalan que "lo que seguro que ocasionaría son aún más perjuicios a los intereses profesionales de los más de 5.000 jueces y juezas de este país porque el CGPJ regula toda la actividad profesional y laboral de la carrera judicial, concursos de traslado, bajas profesionales o permisos de lactancia, la inspección de los juzgados, las sanciones y medidas disciplinarias, las jubilaciones, concesión de servicios especiales", entre otros. Para su portavoz, Sergio Oliva, el foco se tiene que poner en los Presidentes del Congreso y del Senado, que son los "únicos con legitimidad para iniciar el proceso de renovación del CGPJ”, recuerda.

La JJpD y la UPF coinciden en que se trata de una "anormalidad institucional" que tiene efectos negativos "para la sociedad y la organización judicial". Y detalla algunas consecuencias, como las vacantes de magistrados sin cubrir en el Tribunal Supremo y que gran parte de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones, aunque sin mencionar la reforma legal que el Ejecutivo para que el Consejo en funciones no pudiera realizar los nombramientos necesarios para mantener el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Además de criticar al Partido Popular, al que responsabiliza del bloqueo y de exponer "numerosas excusas" para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, acusa a "quienes permanecen como vocales del CGPJ" de contribuir a mantener esta situación "que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial" y les señala por prolongar "su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno".

Desde el flanco progresista de las asociaciones indican que "un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes (en alusión a la proposición de ley de amnistía), retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional", señalan ambas organizaciones.

Sobre las medidas de refuerzo que ha adoptado el CGPJ para que, a pesar de las limitaciones impuestas por ley para realizar nombramientos, los tribunales puedan seguir funcionando, las dos asociaciones señalan que "las comisiones de servicio que acuerdan con la excusa de reforzar juzgados y tribunales se verifican sin criterios objetivos y eludiendo el escalafón", algo que consideran que es un "abuso" de su función que, recuerdan, lleva caducada cinco años.

Por su parte, la AJFV, la segunda asociación de mayor peso entre los jueces, creen que el consejo "lleva cinco años secuestrado por los partidos políticos", entre el que "no quiere cumplir con la ley vigente" y el que "quiere mantener un sistema perverso de nombramientos de vocales del CGPJ que contraviene el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986", sostiene Sergio Oliva, su portavoz.

Además, acusa a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de colaborar a este bloqueo porque "llevan cinco años omitiendo de manera flagrante sus funciones sin convocar los plenos para renovar el órgano de gobierno de los jueces". Esto refleja, desde su punto de vista, que el sistema de nombramientos "es un absoluto fracaso y no sirve para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces". E insistieron en cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea para que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales de origen judicial, algo que ya está en vigor en países como Francia, Italia o Portugal.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se reafirmó en la defensa de que la elección de los vocales de procedencia judicial la realice la carrera judicial al finalizar su XXVI Congreso Nacional el pasado viernes. Sin embargo, teniendo en cuenta la "grave situación y consecuencias que vienen arrastrándose por la prórroga de un mandato concluido hace ya cinco años", realizaron un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para que prioricen su renovación, aunque con la exigencia de que se impulsen "las iniciativas legislativas oportunas para lograr de futuro la recuperación del sistema electivo judicial"

Para el Foro Judicial Independiente es prioritario que primero se cambie el sistema de elección "para despolitizar el órgano", tal como señaló en las conclusiones de su XIX Congreso, que celebró hace unas semanas en Santander. Y advirtió que si se renueva el CGPJ sin haber hecho esta modificación previamente, "ejercerá las acciones legales que procedan" en contra porque el órgano que saliera "no tendría legitimidad democrática", de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 y los estándares que exige Europa de lucha contra la corrupción, separación de poderes e independencia judicial.

El actual sistema de elección de los vocales del CGPJ deja en manos del Congreso de los Diputados y del Senado el nombramiento de los 20 vocales que integran este órgano constitucional: diez los debe elegir la Cámara Baja y otros diez la Cámara Alta. Cada una de ellas, debe elegir seis entre jueces y magistrados y cuatro miembros entre juristas de reconocido prestigio. Desde el 4 de diciembre de 2018 los principales partidos no han logrado sellar un acuerdo para su renovación y hoy se cumplen cinco años con el mandato caducado.