Sánchez cede a Bildu y pone fin a la dispersión de ETA

El Gobierno cumple su hoja de ruta y cede ante las exigencias de Bildu. Pone fin a la política de dispersión iniciada hace cinco años. El Ministerio del Interior liquida en cinco años el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra.

La banda etarra logró ayer uno de sus objetivos tácticos, uno de los principales en el marco de los estratégicos, el referido a los presos, ya que todos (excepto dos que siguen voluntariamente en Zaragoza por asuntos académicos) se encuentran en cárceles del País Vasco y Navarra. La reacción no se hizo esperar. El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, se jactó de que «sin duda hoy es un día de alegría» y valoró que «se cierra un ciclo de la política penitenciaria», pero sin esconder las futuras exigencias. Reclamó un «horizonte sin presos, ni deportados ni refugiados».

El músculo exhibido por Bildu fue frontalmente contestado por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que señaló directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por su política penitenciaria. «Es el responsable de materializar lo que muchos ya sabíamos: que este Gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas». La asociación le acusa en un comunicado de «generar un dolor infinito e innecesario a las víctimas del terrorismo». También le imputa ser el responsable de que «un número más que considerable de víctimas del terrorismo haya tenido que retomar el tratamiento psicológico que tras mucho esfuerzo, ya había conseguido dejar atrás». La asociación va más allá y pese a lamentar que a pesar de los avisos no se les haya escuchado, alerta de que, con estos hechos, «vamos camino de un mundo en el que los asesinos van a estar en la calle y las víctimas llorando en nuestra casa. Es decir, vamos camino de repetir la historia»

Por su parte, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia manifiesta a LA RAZÓN que «Marlaska ha concluido su pacto con Bildu. Cuando fue juez, metió a muchos etarras en la cárcel. Ahora como ministro concede privilegios a esos mismos etarras a cambio de que su brazo político le mantenga en el cargo».

Cabe recordar que tras la concesión de la amnistía en 1977, todos los terroristas salieron a la calle y la mayoría de ellos, más de un 60%, lo hicieron para incorporarse de nuevo a las actividades criminales. Como había atentados, las Fuerzas de Seguridad lograban detener a los autores que, una vez juzgados, terminaban de nuevo en prisión.

A partir de ese momento, desde los sectores proetarras se inició una campaña en la que se exigía la concesión de una nueva amnistía, expresamente prohibida por la Constitución. Erróneamente, se concentró en dos cárceles a los etarras y lo único que se logró es que mantuvieran su disciplina. En una acertada decisión, el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, los dispersó por centros de toda España. Aquello supuso un serio revés para la banda y cambió su táctica en el sentido de exigir el acercamiento de los reclusos al País Vasco.

Para ello, como medida de fuerza, secuestraron al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, rescatado por la Guardia Civil; secuestraron y asesinaron al concejal de PP Miguel Ángel Blanco, una de cuyas asesinas forma parte de los acercados ayer; y lo intentaron con otro edil del mismo partido en Andalucía.

Los traslados

Ayer Interior acercó a los últimos presos. Se trata de Irantzu Gallastegui Sodupe, condenada a 30 años de prisión por la preparación del atentado que costó la vida de Fernando Múgica Herzog. A 50 años de cárcel como autora del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. A 46 años por el asesinato del concejal José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga. También se ordenó el traslado de Gregorio Escudero Balerdi. En 2004, la Audiencia Nacional le condenó a 25 años de cárcel como cooperador necesario del atentado que acabó con la vida del concejal Juan Priede Pérez. A 42 años de prisión por facilitar la información para asesinar al también edil José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga. Continúa la lista, Asier Borrero Toribio. Cumple una condena de seis años por la fabricación de un barril bomba que colocó en Guecho que fue localizado por la Ertzaintza antes de que detonara. En Francia ya cumplió condena por pertenencia a organización criminal.

También el etarra Garikoitz Etxeberria Goikoetxea. En 2009, fue condenado a 27 años y nueve meses por pertenencia a organización terrorista y por los delitos de transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, falsificación de placas de matrícula y de documentos oficiales y de tenencia ilícita de armas. Culmina la lista, Faustino Marcos Álvarez. Fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales con finalidad terrorista, por tenencia de armas y por delito de pertenencia de banda armada. Poco antes de ser detenido en 2010, pretendió instalar un laboratorio de explosivos en el sur de Francia.