«Caso Koldo»

Santos Cerdán entra en la lista negra del PSOE

Empiezan a circular internamente informaciones contra el secretario de Organización. Armengol no convence a su partido

Francina Armengol comparece en el Congreso
Francina Armengol comparece en el Congreso. David JarDavid JarFotógrafos

Entre una mezcla de estupefacción, enfado y vergüenza siguen dentro de las filas socialistas las novedades sobre el «caso Koldo». La pregunta insistente es hasta dónde llega una mancha que se extiende sin ver claros sus límites y que internamente toca cada vez con más fuerza al nombre del secretario de Organización, Santos Cerdán. La tensión entre el ex ministro José Luis Ábalos y la dirección socialista empieza a sembrar el camino de minas que pueden provocar daños colaterales incontrolados por Moncloa porque Cerdán es la persona elegida por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para controlar los secretos de la negociación con Carles Puigdemont.

Tanto o más que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el nombre de Santos Cerdán acapara las conversaciones dentro del partido. Como miembro honorífico del llamado «clan navarro», amigo de correrías de Koldo García, su nombre se asocia, con bastante preocupación, en algunos casos, en otros, con ánimos de vendetta, a las «trapicherías» del ex ministro José Luis Ábalos y de su mano derecha en el Ministerio. Llaman la atención las informaciones que circulan dentro del PSOE y que apuntan «contra la honestidad y la ejemplaridad» de Santos Cerdán, dando detalles sobre presuntos hechos que ponen en cuestión «su mejora económica y también alguna inversión inmobiliaria».

El PSOE es hoy un partido en ebullición, en el que las sospechas sobre el círculo de poder de Sánchez no dejan de crecer en un marco de falta de información y de desconfianza respecto al núcleo que rodea al presidente del Gobierno.

No hay puentes de comunicación, la dirección ha pasado por las federaciones arrasando como una máquina de podar de todo aquel que se saliese mínimamente de la línea oficial, y los nervios que se perciben en la bancada socialista y en el equipo sanchista contrastan con el prisma con el que observan los acontecimientos los que se consideran víctimas de la política de Sánchez: ya sean dirigentes territoriales expulsados del poder institucional por las elecciones o exiliados del poder del partido por decisión del «dedo» del presidente del Gobierno. Y es que hay una sentencia, acuñada por un histórico del socialismo, que gana predicamento dentro de un partido en el que Sánchez es visto como un problema contra el que no hay mecanismo de defensa ya que las primarias han impuesto un modelo de liderazgo cesarista, del que las estructuras orgánicas no tienen forma de defenderse. Este dirigente socialista dice que el relevo de Sánchez lo tienen que traer «los jueces y la policía»: todo un síntoma de la lectura que se hace de cómo funciona la democracia interna.

Ante la falta de información, la pregunta recurrente con la que los socialistas asaltan estos días a los periodistas, en un juego a la inversa, es hasta dónde creemos que llegan las ramificaciones del «caso Koldo», suponiendo que en el circuito mediático se mueve información de la que ellos carecen. La comparecencia de Armengol no ha tranquilizado al partido ni tampoco les ha convencido. Creen que se ha escudado en un relato épico y emocional para esconder la falta de respuesta a las preguntas clave, y que son las que la colocan en una situación más delicada, por más que Moncloa se esfuerce en blindar su continuidad. El examen de sus compañeros del PSOE la deja en mal lugar por la contradicción que ven en su explicación de que su objetivo era proteger a los ciudadanos mientras que, al mismo tiempo, emitía un certificado de idoneidad a la empresa de la trama que le había hecho llegar las mascarillas inservibles para que pudiera seguir siendo contratada por otras administraciones, con la amenaza que su material suponía para la salud pública. También consideran un error, que puede pagar ante la Fiscalía europea, que reconociese que su administración se preocupó por comprobar la validez de las mascarillas, y a pesar de constatar que no servían pasase la factura a la UE para descontarla del dinero de los fondos europeos.

Por cierto, la comparecencia la provocó la presión añadida que le impone la decisión de la Fiscalía de la UE de abrirle una investigación por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Aunque ayer volvió a salir en tromba la «corte» de Pedro Sánchez a cerrar filas con la presidenta del Congreso, la investigación y la decisión de la Fiscalía la coloca en una situación muy difícil de manejar, y que conlleva un desgaste sobre el que otro miembro de la Mesa del Congreso, de la mayoría progresista, ya advierte de que «sólo puede ir a peor». La teoría de que acabará escampando, una vez que el sumario acabe de ser destripado, no es una previsión tan tranquilizadora como la venden en el entorno del presidente del Gobierno. Aunque insistan en ese marco en que la amnistía permitirá por fin poner en marcha la legislatura y pasar a la pantalla de los Presupuestos. Es verdad que Hacienda ya lleva tiempo hablando con los socios y que ha recibido las propuestas de todos ellos, pero la amnistía no es el pago que Junts acepta para dar luz verde a las cuentas. Es otra negociación, con otras exigencias, y en la que pesará mucho la competición entre ERC y Junts, con un elemento clave en cómo se resuelve el proceso, que ERC está en el poder y tiene más margen de rentabilizar inversiones y otras contrapartidas. Los de Puigdemont tienen que ir más allá para sacar alguna ventaja política.