Seis meses más para investigar el atentado de ETA en Santa Pola

La investigación a seis exdirigentes de ETA por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, en el que fueron asesinados una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego, que esperaba el autobús en las inmediaciones, se prolongará al menos seis meses más, hasta el próximo 25 de septiembre.

Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– en el que argumenta que «el carácter complejo» de los hechos investigados –tras la reapertura de la causa en marzo del pasado año a consecuencia de una querella de Dignidad y Justicia (DyJ)–, los interrogatorios pendientes a dos de los imputados (los exjefes etarras María Soledad Iparraguirre, «Anboto», y Félix Ignacio Esparza) y la «valoración de la documentación» incorporada al procedimiento condicionan la posterior decisión «sobre el procesamiento de los investigados».

Por si fuera poco, señala, algunas de esas diligencias precisan del «auxilio judicial internacional» (la declaración de Esparza, preso en Francia, requiere de la autorización, ya solicitada, de las autoridades del país vecino para proceder contra él). De ahí que, añade, «parece razonable esperar que de su práctica resulte la necesidad de acordar otras actuaciones de investigación, nuevas o consecuencia de aquellas».

Permiso a Francia para interrogar a Esparza

El pasado octubre, el juez García Castellón citó a declarar a los exintegrantes de la cúpula de ETA investigados por su supuesta responsabilidad en el atentado de Santa Pola. El instructor rechazó acordar la prisión provisional de Mikel Albisu, «Mikel Antza», y Ramón Sagarzazu, «Ramontxo», como habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Solo Sagarzazu quiso declarar, negando todo tipo de responsabilidad en el atentado e incluso que en esas fechas dirigiera el «aparato internacional» de la banda terrorista. Pero tanto «Mikel Antza» (a quien el juez obligó a comparecer periódicamente en los juzgados) como, desde prisión, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, se acogieron a su derecho a no declarar.

Entonces quedaron pendientes las comparecencias de María Soledad Iparraguirre, «Anboto» (a consecuencia de un problema de traslado entre centros penitenciarios) y Félix Ignacio Esparza, actualmente cumpliendo condena en la prisión francesa de Lannemezan, que siguen pendientes y a las que hace referencia el instructor en su resolución. Para eso cursó una orden europea de investigación a las autoridades francesas que allane el camino para proceder penalmente contra el segundo por estos hechos. Un trámite que previsiblemente también será necesario en el caso de «Anboto», que en otras causas contra exjefes etarras ya ha dejado claro que no renuncia al principio de especialidad (que impide interrogarla por causas por las que no fue entregada por Francia).

Decisiones "colegiadas"

Sendos informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional señalan a los seis exintegrantes del comité ejecutivo de ETA por su supuesta responsabilidad en la «planificación» y «autorización» del atentado. Acogiendo sus conclusiones, García Castellón acordó su imputación con el convencimiento de que todos ellos formaban parte en esas fechas de la Zuba o cúpula etarra. Una dirección que –exponía el magistrado de la Audiencia Nacional– actuaba «de forma colegiada» en la adopción de las decisiones estratégicas y tácticas que incluían en ocasiones «la autorización de ciertos atentados terroristas».

Según el instructor, en la fecha del atentado Olarra Guridi y Ainhoa Múgica ejercían, como responsables del "aparato militar", labores de "dirección y control" del "comando Argala", cuyos integrantes se encargaron de colocar el coche bomba.

A "Anboto" la sitúa el magistrados al frente de la tesorería de ETA, por lo que la Guardia Civil le atribuye una participación "activa y solidaria" en las reuniones de la Zuba donde se tomaban las decisiones, a las que también asistía Sagarzazu como responsable del "aparato internacional".

Querella de Dignidad y Justicia

Por su pertenencia al comité ejecutivo de ETA, Félix Ignacio Esparza, responsable del "aparato logístico" entre septiembre de 2001 y abril de 2004 y detenido en Saint Paul les Dax (Francia), García Castellón también le considera corresponsable de las decisiones adoptadas en el seno de la cúpula etarra.

Como autores materiales del atentado ya fueron condenados los etarras Óscar Zelarain y Adoni Otegi, integrantes del "comando Argala", pero la denuncia del abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias apuntaba a su presunta autoría mediata por dominio del hecho dado que ostentaban «suficiente capacidad de mando y decisión» para haber «evitado el desenlace» de la explosión del coche bomba que terminó con la vida de Cecilio Gallego, de 57 años, y de la niña Silvia Martínez Santiago.