«Somos la cenicienta de la administración»

Desde hace unas semanas los cuerpos judiciales están con las espadas en alto. La falta de recursos materiales, la congelación de las retribuciones o la imposición de la Ley Orgánica de Eficacia Organizativa son algunas de las reclamaciones de un sector que se siente maltratado durante años y que se considera «la cenicienta de la Administración».

La huelga y los parones se han generalizado. Empezaron los letrados de la administración cuyo paro les reportó un aumento salarial de 450 euros y tuvo un efecto en cascada a todos lo niveles. Los funcionarios judiciales se sumaron y después lo hicieron los jueces y fiscales cuyos sueldos llevan congelados desde hace más de una década. LA RAZÓN habla con los protagonistas para conocer en primera persona sus reivindicaciones.

Felipe Poza

Felipe Poza es funcionario judicial y trabaja en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla. Empezaron con parones parciales el 17 de abril, de entre las diez y la una de la mañana, y a mediados de abril protagonizaron una huelga general que volvió a repetirse el pasado jueves. Según explica están previstos más paros para los próximos 9, 10, 11, 16, 17 y 18, «si sigue sin haber avances». Sin pelos en la lengua, enumera cuáles son sus demandas. «Hay una reivindicación salarial por un lado y por el otro pedimos que se negocie con nosotros la Ley Orgánica de Eficacia Organizativa, que nos quieren imponer desde el Gobierno». En su opinión, «esa ley supondría una importante pérdida de derechos para nosotros. El centro de destino pasaría a ser el municipio y nos podrían mover libremente dentro del mismo municipio, según las necesidades del servicio. Eso para mí es un parche que no arreglaría en absoluto el problema real de la Justicia». Según describe, la carga de trabajo que tienen es «inasumible» y la Justicia «necesita» una reforma. Insiste en que ni esta ni las anteriores administraciones se han preocupado porque todo funcione mejor. «Solo quieren tapar las vergüenzas más llamativas», añade. Lo que realmente ha colmado el vaso ha sido la subida salarial que han recibido los letrados de la Administración de Justicia. «Los que realmente soportamos la carga de trabajo somos nosotros y, por supuesto, muchos jueces», dice. Además, se muestra contrariado con el Gobierno. «Nos fastidia especialmente que un Gobierno socialista dijera en la negociación de los letrados que ellos eran una clase privilegiada pero les subió el sueldo. Y ahora dicen que para nosotros, los curritos del juzgado, no hay dinero».

Teresa García Villanueva

A 35 kilómetros de distancia de los juzgados de Plaza Castilla está el juzgado de primera instancia de instrucción con competencia en el registro civil de Parla. Allí nos recibe la jueza Teresa García Villanueva. El suyo es un juzgado mixto, es decir, aquellos cuyas competencias suman todos los temas civiles y penales, a los que en algunos casos se añadía el Registro Civil o la Violencia de Género. Se caracterizan por sus excesivas competencias y, por lo tanto, la falta de especialización. En su despacho, llama la atención la estantería en la que están colocados todos los casos pendientes: procesos monitorios, recursos de instrucción, cláusulas abusivas, delitos contra el derecho del trabajador... «Tengo que compatibilizar todos estos expediente con los juicios y declaraciones, lo que supone que el fin de semana me llevo el trabajo a casa», explica. Lo primero que me pide es que me siente en una de las tres sillas que rodea su mesa. Según me cuenta, al llegar solicitó que tirasen las anteriores porque «tenían chinches». Además, asegura que lleva meses esperando a que le faciliten un ordenador portátil. «En la Comunidad de Madrid está prevista su entrega para facilitar el teletrabajo. Pero más allá de esta circunstancia, lo necesito porque me resulta útil para coger notas durante las vistas. De este, modo puedo economizar el tiempo y agilizar el trabajo para no retrasarme y, sobre todo, para la implementación del expediente digital». No es el único recurso que reclama para ejecutar su labor. La jueza también echa en falta una doble pantalla para impulsar la digitalización. «La falta de medios es algo endémico en la Administración de la Justicia. Mientras que en Hacienda están a la vanguardia y tienen las mejores tecnologías, nosotros arrastramos deficiencias desde hace ya varias décadas».

Más allá de las subidas salariales, que todos los cuerpos comparten, esta jueza de trinchera también reclama una mayor especialización en los juzgados, un aumento de convocatoria de plazas o que se regule la carrera complementaria. En 2021, según los datos oficiales, los tribunales españoles ingresaron más de seis millones de asuntos, dejando tres millones más pendientes de sentencia o de auto. Cada magistrado dictó, de media, 310 sentencias a lo largo del año y los miembros de la judicatura recibieron más de 1.100 asuntos por cabeza. «No podemos conciliar, priorizamos nuestro trabajo a costa de la salud », denuncia. Al atasco general, hay que sumar el aumento de litigiosidad. La juez García Villanueva asegura que en el último año se ha registrado un aumento del 7% frente al 2,1% del año anterior. «Si la Justicia tarda cinco años en resolver un caso, por mucha razón que te dé, deja de ser Justicia », sentencia. «Existe predisposición del Gobierno a negociar, tiene actitud dialogante ya que se ha sentado a la mesa de negociación», asegura con optimismo. En su opinión, la reunión de mañana podría desatascar la situación y evitar que por primera vez en España los jueces convoquen un huelga indefinida.

Salvador Viada

De vuelta en Madrid, en las inmediaciones de la Fiscalía General nos recibe el vocal del Consejo fiscal, Salvador Viada. «El deterioro viene de lejos », insiste. A parte de los recortes durante la crisis económica en la época de Mariano Rajoy a instancias de la Unión Europea, el fiscal apunta que «no se pagan dignamente las guardias semanales, especialmente en pueblos, donde se cotizan por debajo de los 50 céntimos». Por otro lado, la falta de independencia de la Justicia, señala, también está ahondando en esta crisis.

En su opinión, es necesaria una mayor dotación presupuestaria. En 2022 creció un 11,6% con respecto al año anterior, un total de 2.247 millones de euros y en 2023 lo hizo hasta los 2.304 millones de euros. Una cantidad insuficiente para coser las costuras de un sistema que hace aguas. Da igual si se habla con funcionarios de la escala básica, como si se pregunta a un juez o se entrevista a un fiscal.... las reclamaciones son las mismas.