Tercer bloqueo de García Ortiz al debate de un informe sobre la amnistía en el Consejo Fiscal

Por tercera vez, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,se negaba a emitir un informe sobre la futura ley de amnistía. Ya lo había hecho en dos ocasiones, tras dos solicitudes formales planteadas desde el Senado. Y ayer, en el pleno del Consejo Fiscal, se negó a incluir en el orden del día la petición realizada por los vocales consultivos de Asociación de Fiscales (AF) para debatir y aprobar un dictamen sobre la ley que borrará los delitos cometidos en el marco del “procés” independentista.

Desde la organización mayoritaria en la carrera fiscal han expresado su malestar y su discrepancia "radical” de la posición asumida por el fiscal general del Estado, “tanto en materia competencial como en la forma de proceder” y critica que haya evitado incluso someter a votación “peticiones ajustadas a la propia normativa por la que se rige la actividad del Consejo Fiscal”.

El pleno de ayer contaba con un abultado orden del día, básicamente para cuestiones de corte informativo. Pese a que el pasado 8 de abril la AF había pedido que se incluyera un punto específico para el “Debate y aprobación de informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, la solicitud no fue atendida.

En su lugar, la agenda de la sesión incluyó la referencia a “Información acerca de la solicitud reiterada por el Senado el 27 de marzo de 2024 y por los vocales de la lista de la AF en correo electrónico dirigido a la Inspección Fiscal el 8 de abril de los corrientes”. Es decir, no se dio pie a que se debatiera lo que pedía la asociación mayoritaria.

Una vez que se confirmó que su petición había sido desatendida, al comienzo del plano reiteraron que se incluyera este tema y pidieron que se ampliara el orden del día por acuerdo mayoritario, algo que contempla el propio reglamento del consejo.

Pero nuevamente se impidió la discusión de la elaboración de un informe sobre una ley orgánica que está en tramitación pero que, tal como destacan desde esa asociación, tiene una "transcendencia fundamental e incidencia directa en las funciones del Ministerio Fiscal”.

También apelaron al cumplimiento del deber de colaboración entre los órganos constitucionales que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Sin embargo, en lugar de debatir la propuesta de informe, el fiscal general del Estado expuso los argumentos que ya ha expuesto en las dos ocasiones en las que ha rechazado atender la solicitud de la Cámara Alta.

García Ortiz ha señalado en repetidas ocasiones que la petición del Senado apela a competencias ajenas a las funciones estatutarias del Consejo Fiscal y que un pronunciamiento supondría a desnaturalizar la esencia del órgano. En el pleno también descartó que no emitir el dictamen requerido por el Senado afecte al deber de colaboración impuesto al Ministerio Fiscal.

Finalmente, tras su exposición, el fiscal general concluyó con la inadmisión de la petición formulada, sin siguiera dar pie a que se votara la inclusión en el orden del día solicitada por los vocales consultivos de la Asociación de Fiscales.

Fuentes de la Fiscalía General confirman a LA RAZÓN que en el orden del día se había incluido la entrega de información por parte de García Ortiz sobre las peticiones del Senado. Los vocales de la Asociación de Fiscales expusieron los mismos argumentos que recogieron en la carta que le enviaron y que el fiscal general les aclaró tanto las alusiones a la Comisión de Venecia y como los alcances del papel consultivo del Consejo Fiscal. Y reiteró que la Cámara Alta no puede dirigirse a este órgano de forma directa para que emita un dictamen sobre una materia en la que no es competente.

Indignación en el Consejo Fiscal

El 9 de abril los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) expresaron su indignación ante la negativa de García Ortiz de atender los requerimientos informe planteados por el Senado

En tres ocasiones, los vocales de la hanexpresado su voluntad de elaborar el dictamen sobre la ley de amnistía en cuya aprobación se basaron los pactos entre PSOE, Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Pero el fiscal general se limitó a contestarles enviándoles las cartas que remitió alSenado para rechazar su solicitud. Esta manera de responder fue calificada de “desdeñosa" y una "muestra de descortesía" que "merece reproche".

Entonces, publicaron el borrador del informe que habían elaborado, una propuesta que esperaban que se incluyera para su debate y aprobación en el pleno de ayer, pero su aspiración ha vuelto a ser frustrada.

La propuesta señala que la ley de amnistía es contraria a la Constitución española y al Derecho de la Unión Europea, acorde con el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el informe de la Comisión de Venecia sobre la norma que aún está en trámite.