El Tribunal Supremo, al límite: suma 24 vacantes tras la excedencia de un magistrado de la Sala Civil

La situación del Poder Judicial es crítica debido a la imposibilidad legal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para realizar nombramientos mientras esté en funciones. Ahora, el Tribunal Supremo (TS) suma una nueva baja en la Sala Civil, tras la excedencia voluntaria del magistrado Juan María Díaz Fraile, que deja a la Sala Primera con solo siete de los diez magistrados que deben integrarla. Son 24 vacantes en total, pero en la cúpula judicial suman 86 plazas sin cubrir.

El panorama no es nada halagüeño. Cerca de un tercio de la plantilla del alto tribunal está vacante, un panorama desolador que no parece tener solución en el corto plazo, debido a la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Tal como informó LA RAZÓN, el 2023 se cerraba con una nueva oportunidad (una más), aunque sin certezas de que llegue a buen puerto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que "vigilará de cerca" la renovación del CGPJ y el método de elección. Eso sí, con una condición: que el proceso se desarrolle bajo la supervisión de la Comisión Europea .

Tras una reunión de más de una hora con Pedro Sánchez el 22 de diciembre, surgió esta posibilidad. Fuentespopulares recordaron que la Comisión y el Informe sobre el Estado de derecho en España exigen renovar el órganocon perfiles independientes y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los propios jueces los encargados de elegir las plazas que deben ocupar los magistrados en el consejo.

Actualmente es el CGPJ el órgano constitucional que debe nombrar a los magistrados que deben ocupar las plazas vacantes. Pero hay un problema: una reformade la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Podemos y avalada en octubre pasado por el Tribunal Constitucional (TC) ata de manos al consejo para renovar las plazas vacantes de los tribunales y juzgados mientras esté con el mandato caducado.

Esta reforma pretendía, por parte de los partidos del Gobierno, ejercer una mayor presión en el PP para forzar un pacto para la renovación de los vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces. Pero lejos de lograrlo, ha tenido consecuencias “devastadoras”, tal como denunció el expresidente del CGPJ y expresidente del TS, Carlos Lesmes.

El bloqueo, la parálisis del Poder Judicial, que debería funcionar con normalidad en cualquier democracia consolidada, se ha ido paliando con medidas de refuerzo, dentro de los márgenes que la ley deja al consejo. No es fácil, pero se van cubriendo algunas de las necesidades más urgentes. Pero el caso del Tribunal Supremo es demoledor.

La excedencia voluntaria de Díaz Fraile, que se incorporó en 2019 para cubrir la plaza a la que renunció el catedrático Francisco Javier Orduña y al que le quedaban todavía diez años como magistrado del Supremo, solo pone nuevamente en primera plana la crisis del Poder Judicial, que se refleja con nitidez en el Tribunal Supremo.

La situación más grave la vive la Sala de lo Social, en la que el 50% de su plantilla está sin cubrir, con seis plazas vacantes, así como la Sala de lo Militar, que solo cuenta con cinco de los ocho magistrados que la deberían componer. La Sala de lo Contencioso-Administrativo suma once vacantes de las 33 plazas. La Sala Penal aguanta el tipo, ya que dispone de catorce de los quince miembros.

La acumulación de vacantes en la cúpula judicial suma ya86 plazas sin cubrir, de las que 24 son del Tribunal Supremo. A ello se suma la falta de designación en la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que está igualmente vacante desde que la actual magistrada del TC Concepción Espejel abandonara el tribunal en octubre de 2021. Más de una veintena de presidencias de audiencias provinciales y siete de tribunales superiores de justicia están ejercidas de forma interina.