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Cinco años sin renovación

Candidatos al CGPJ anclados por el bloqueo: «Es una frustración total»

Medio centenar de jueces aspiran desde 2018 a doce plazas del Consejo en una renovación sin precedentes

El insólito bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hoy cumple cinco años en funciones (lo que supone que el actual Consejo ha duplicado ya su mandato), ha dejado -además de la evidencia de la incapacidad de PSOE y PP para ponerse de acuerdo y el irreparable daño a la institución- unas víctimas colaterales: el medio centenar de magistrados que en 2018 fueron refrendados por las asociaciones judiciales para optar a alguna de las doce plazas de vocales de procedencia judicial. Cinco años después, 1.825 días, siguen esperando. No todos, de esa lista se han caído casi una decena: por renuncia, fallecimiento, jubilación o por ocupar ya puestos de responsabilidad que hacen inviable un posible desembarco en el órgano de gobierno del poder judicial -como sucede con Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, o la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Inmaculada Montalbán. Otros, asomándose ya a la jubilación (a diferencia de lo que sucede con los ocho juristas de reconocido prestigio que nutren el CGPJ, los miembros de la carrera judicial deben dejar la institución a los 72 años) ven inviable su elección para un breve mandato.

En buena medida, el bloqueo ha condicionado sus aspiraciones profesionales. Hasta el punto de que seis de ellos, pertenecientes a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, han pedido amparo al TC después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyese que la corte de garantías vulneró su derecho a un proceso equitativo al despachar por la vía rápida su recurso ante la incapacidad del Parlamento para designar al nuevo CGPJ. LA RAZÓN ha hablado con algunos de ellos sobre lo que suponen estos cinco años en expectativa de destino a nivel profesional y personal.

"Me presenté con toda la ilusión"

"Ha sido una frustración total y absoluta". Quien habla es Manuel Jaén, magistrado en un juzgado de lo Penal en Getafe (Madrid), exletrado del Tribunal Supremo y asesor que fue en el Ministerio de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá. "Me presenté con toda la ilusión en 2018", recuerda, antes de admitir que "el tiempo ha ido transcurriendo y uno va cumpliendo años y ya no tiene ningún sentido para mí" (cumpliría los 72 años sin agotar el mandato).

"La expectativa era real. éramos 51 para doce plazas. Había posibilidades", asegura. "Yo presenté un amplio currículum, pero me consta que en el Congreso ni los han abierto", dice con resignación. Jaén explica que siempre le ha gustado cambiar de destino, porque no ha sido amigo de "apoltronarse", pero como para seguir optando a la plaza de vocal es necesario seguir en activo (lo que excluye la situación de servicios especiales) se ha cerrado la puerta a emprender otros caminos. "Alguna oportunidad he perdido", reconoce.

Y desde la perspectiva de sus muchos años en la carrera, se permite discrepar de la asociación a la que pertenece. "Yo creo el modelo de elección por parte del Parlamento está bien, pero debería haber un sistema subsidiario para el supuesto de que los políticos no se pongan de acuerdo. Yo propuse que se saquen doce bolitas y se acabó", explica. "Si son los propios jueces quienes los eligen podríamos caer en un corporativismo", añade sobre sus reticencias.

Jaén asegura respecto a la acumulación de vacantes en la cúpula judicial que "el panorama no puede ser más negro", de ahí que vea la tarea del fututo CGPJ "complicadísima".

"Una gran desconsideración"

María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, otra de las aspirantes, constata que "el bloqueo supone, para mí y para todos los candidatos que tenemos un currículum y méritos para poder hacerlo, que no podemos optar a ningún puesto discrecional". Y apunta otro "daño colateral": "Estar en una candidatura que no ha servido para nada de alguna forma te señala" porque considera que la demora "afecta a la credibilidad de los candidatos, que llevamos señalados cinco años y sin ningún tipo de expectativas de que esto se resuelva".

"Hay una parte que está hecha, se han proclamadas las candidaturas y nos han declarado idóneos, pero los currículos se han metido en un cajón. No es de recibo. Y encima acudimos al Constitucional para que nos ampare y nos dice que nuestra demanda es extemporánea", se queja Tardón.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional cree que "una desconsideración tan grande a las candidaturas y al propio Poder Judicial" merece que el TC reconozca que "las Cortes están vulnerando el derecho de los candidatos a que se resuelva el proceso de elección". "Que cumpla y nos ampare y le diga al Congreso y al Senado que hagan su trabajo y resuelvan esta situación", reclama.

"Es una situación insólita"

Mónica García de Yzaguirre, magistrada de lo Civil en la Audiencia Provincial de Tenerife, también sigue esperando. "Es una situación insólita, que como ciudadana me alarma, que en 45 años de Constitución los poderes del Estado y los partidos estén incumpliéndola más de cinco años. Se ha perdido la memoria". "Tu vida pasa por altibajos profesionales -explica- y ante las opciones que se te pueden plantear intentas seguir en todo, pese a los condicionamientos personales, para mantener el mismo currículum con el que opté al puesto".

Su ilusión por incorporarse al CGPJ, dice, está "incólume". "Hay que ayudar a mejorar la Administración de Justicia. La perspectiva de género tiene que entrar de plano y los nombramientos deben ceñirse a la cualificación profesional y que desaparezca el techo de cristal", enuncia antes de subrayar su fe en el consenso:

"Se puede llegar a acuerdos".

García de Yzaguirre también hace hincapié en una de las consecuencias legales de ese bloqueo: la reforma legal apadrinada por PSOE y Unidas Podemos (para forzar al PP a negociar la renovación) que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ realizar nombramientos al estar en funciones. "La reforma por supuesto que ha afectado, en mi caso de forma directa". No en balde, ella estaba en la terna para cubrir dos vacantes en la Sala Primera del Tribunal Supremo, a la que a día de hoy no ha accedido todavía ninguna magistrada. En el último Pleno antes de la entrada en vigor de esa norma, una de esas plazas se quedó sobre la mesa.

Por si fuera poco, por antigüedad y experiencia gubernativa (lleva casi diez años en la Sala de Gobierno), podría haber optado a la presidencia de la Audiencia de Tenerife, donde el actual presidente en funciones, Pablo José Moscoso, de 71 años, alcanzará la edad de jubilación en mayo del próximo año.

"Nos interesa mucho que el Tribunal Constitucional se pronuncie, porque la sentencia de 1986 (en la que validó el sistema de elección parlamentario de los vocales, pero advirtió de los riesgos de politización) -recalca la magistrada- se ha visto superada por la realidad por esa utilización partidaria de un tema que es interés de Estado y debería estar por encima de los partidos políticos".