El Tribunal Supremo suspende la oferta de empleo público para Letrados de la Administración de la Justicia

El Tribunal Supremo ha optado por suspender de forma cautelar la ejecución de la oferta de empleo público para el ejercicio 2023 referida al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para evitar posibles perjuicios en el futuro para los intereses públicos, ya que considera que los porcentajes de plazas destinadas a promoción interna no coincide con los que fija la ley.

La Sala III ha estimado al petición planteada por la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia contra la oferta que se había aprobado en el Real Decreto 625/2023, de 11 de julio. Las organizaciones argumentaron que en ella se contemplaban 127 plazas para promoción interna y otras 127 para acceso libre, es decir, un 50%, un porcentaje contrario a lo que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reserva un 30% de las plazas vacantes a promoción interna.

El alto tribunal confirma que ese porcentaje plazas debe ir a la promoción de funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que lleven al menos dos años de servicios efectivos en el mismo y que el 70% restante debe convocarse para el turno libre.

"Al decirlo, no descartamos que puedan sostenerse otras interpretaciones y sobre ello se deberá debatir en el proceso, pero en este momento considera la Sala que sí hay una apariencia de buen derecho suficiente para sustentar la pretensión cautelar”, señala el tribunal.

Asimismo, se recuerda que hay antecedentes de otros procesos similares en los que se han anulado todos o parte de los nombramientos efectuados, por lo que considera preferible evitar este tipo de situaciones y el perjuicio que supondría para los intereses públicos que se suspenda la incorporación de quienes superen las pruebas. Resolver este litigio a tiempo hará que los procesos selectivos sean más ágiles y finalicen en plazo.

El auto cuenta con el voto particular de un magistrado, que está de acuerdo con la medida cautelar pero discrepa de su alcance, pues al fundamentarse en los términos normativos que expone sobre la reserva de un 30% de las vacantes para promoción interna, entiende que el alcance debió ponderar tal dato y suspender la oferta en lo que exceda de ese porcentaje.