El PP urge al Gobierno a frenar el crimen organizado en España y propone un plan estatal

El crimen organizado en España se ha convertido en una amenaza creciente y preocupante que afecta a múltiples ámbitos de la sociedad y la economía. La actividad de las redes criminales ya no se limita únicamente al tráfico de drogas, sino que se extiende a la trata de personas, el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y el blanqueo de capitales, generando un impacto grave en la seguridad ciudadana y el orden público.

España, por su ubicación estratégica, sus vínculos históricos con Iberoamérica y la evolución geopolítica en Europa, se ha transformado en un punto clave para estas estructuras delictivas que operan tanto a nivel nacional como internacional. Esta situación se traduce en un aumento de la violencia, ajustes de cuentas entre bandas, corrupción y una creciente inseguridad en zonas especialmente vulnerables, como el litoral mediterráneo, Andalucía y Canarias.

Ante esta realidad el PP urge al Gobierno a atajar el problema y ha presentado una proposición no de ley en el Congreso con el fin de que se dé una respuesta urgente y coordinada que permita frenar el avance del crimen organizado. La formación política reclama la creación de un plan estatal integral que establezca "zonas especiales" con medidas específicas para combatir la delincuencia en las áreas más afectadas.

Este plan, según el PP, debe estar liderado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con Defensa, el Poder Judicial, la Agencia Tributaria y otros organismos, y debe incluir subplanes adaptables para puntos críticos como el Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. Además, se propone potenciar la inteligencia policial, la formación especializada y la interoperabilidad de bases de datos para una mayor eficacia en la lucha contra estas redes.

El PP advierte que sin una acción decidida, España podría seguir el camino de países donde la violencia organizada ha alcanzado niveles extremos, como México o Estados Unidos, y señala la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales para evitar que la delincuencia organizada siga minando la seguridad y la estabilidad social. “La delincuencia organizada es un cáncer que atenta contra nuestro Estado de derecho, nuestra economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. No podemos permitirnos esperar más”, destacan los populares en su proposición.

Mejorar la dotación

Entre las medidas concretas que propone el PP en su proposición destaca la necesidad de incrementar los medios materiales destinados a la lucha contra el crimen organizado, tanto en tareas reactivas como preventivas. Esto incluye la dotación de equipamiento personal especializado, vehículos terrestres, marítimos y aéreos equipados con tecnología avanzada de vigilancia, como drones, lanchas rápidas y helicópteros. También se apuesta por el uso de medios de las Fuerzas Armadas, sistemas avanzados de vigilancia y escucha (SIGINT), software para interceptación de comunicaciones y control de terminales, así como tecnologías para la monitorización de líneas telefónicas encriptadas.

En cuanto a los recursos humanos, el PP subraya la necesidad de aumentar el número de agentes en unidades altamente especializadas y de modernizar las instalaciones operativas en zonas estratégicas, como la unidad de vigilancia de costas y fronteras de la Guardia Civil en áreas críticas -el Estrecho de Gibraltar, Galicia, Valencia, Gran Canaria y el mar Cantábrico- así como los puestos fronterizos de la Policía Nacional.

Asimismo, la proposición plantea la creación de equipos conjuntos de trabajo integrados y task forces de tipo multidisciplinar y multiagencia, tanto a nivel nacional como internacional, siguiendo modelos como el estadounidense, para operaciones en zonas concretas y situaciones específicas.

El PP también reclama recuperar el control competencial de áreas restringidas e infraestructuras críticas en los puertos y aeropuertos de comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco. Por último, se propone reforzar la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el control fronterizo, tanto en inspección como en vigilancia, y fortalecer la cooperación con agencias internacionales como Europol, Interpol, Frontex, NCA (Reino Unido) y DHS (Estados Unidos).

Finalmente, la proposición hace especial énfasis en la reciente aprobación por la Comisión de Interior, el 28 de febrero de 2024, para que el Gobierno declare como profesión de riesgo las tareas que desempeñan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta lucha contra el crimen organizado una lucha de los agentes que todavía el Ejecutivo sigue sin ver..

La propuesta busca situar esta lucha en el centro de la agenda política y reclamar al Ejecutivo una actuación rápida, integral y eficaz.