PP y Vox ejecutan la protección del monumento al crucero «Baleares»

En liza con cinco destructores republicanos, el crucero «Baleares» –que mandaba el contraalmirante Manuel Vierna y al que acompañaban el «Canarias» y el crucero ligero «Almirante Cervera»–se hundió la madrugada del 6 de marzo de 1938 en la batalla del Cabo de Palos, en las costas de Cartagena. A los nueve días, ya se lanzó en Mallorca la propuesta de levantar un monumento en memoria de las víctimas, que fueron casi 800 hombres, más de la mitad de su tripulación. El 28 de julio de 1939, un jurado eligió un proyecto de entre una veintena de propuestas a concurso. Aquel monolito, inaugurado por Franco en 1947 –obra del arquitecto Francisco Roca y Simó y del escultor José Ortells–, ha sido objetivo a abatir por sucesivos gobiernos tripartitos nacionalistas y de izquierdas, hasta el momento sin éxito.

El Tribunal Supremo hace un año y antes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma de Mallorca fallaron sentencias favorables a su permanencia en el parque de Sa Feixina de la capital insular tras un proceso judicial para evitar su derribo que comenzó en 2016.

«El Ayuntamiento va a incluir el monumento en el catálogo de normas urbanísticas y va a tener doble protección después de que ya fuera considerado Bien Catalogado», explica a LA RAZÓN el abogado Jorge Garrido, que elaboró la estrategia jurídica para la defensa del monolito, mientras que el letrado Javier González-Montes Sánchez llevó la dirección técnica del pleito en nombre de la plataforma Salvem Sa Feixina.

Garrido señala que lo que hacen ahora PP y Vox en el Consell es «ejecutar la sentencia de un juzgado que después de los recursos ganados es una sentencia firme». Porque «el recurso de amparo no suspende la ejecución», dice respecto al contraataque de la Asociación Memoria de Mallorca, que «ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, pero no se ha admitido a trámite casi un año después». Los otros litigantes, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma (gobernados entonces por el PSOE), se quedaron en el camino.

Jorge Garrido está escribiendo un libro para explicar el proceso para la protección del monolito, «no solo desde el punto de vista artístico y jurídico sino desde el punto de vista social». «Es un monumento», dice, «que pone en tela de juicio el revisionismo y la Memoria Histórica, y es ejemplo de por qué se tenían que haber protegido otros en toda la geografía nacional con un valor patrimonial, pero no tuvieron quien los defendiera». Alude, en la propia Mallorca, a «una cruz de los caídos en Son Servera obra de Gabriel Alomar Esteve, uno de los mejores arquitectos que ha tenido España, ponente y redactor de la ley del suelo de 1956, vicepresidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la ONU en materia de patrimonio. Y aun así, la destruyeron», lamenta. Igual que ocurrió en Sóller. Porque «es un no parar», dice.

En opinión del abogado, esto «demuestra la ignorancia de todos aquellos que han promovido este revisionismo de mala hora que pretende borrar nuestra Historia y poder reescribir así un nuevo relato. Y, sobre todo, poder criminalizar a uno de los bandos, directamente el PP, identificándolo como heredero del franquismo».

Pero «cuando uno se pone a investigar y estudiar sobre Sa Feixina, se encuentra con informes como el de la Real Academia de San Fernando de 1974», apunta Garrido, «en el que ya se abogaba por la máxima protección en la zona, como parte del Baluarte de San Pedro, que es monumento nacional desde los años 40 del pasado siglo. Se hizo un informe muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura militar defensiva que decía que [el monolito] incrementaba el acervo cultural y patrimonial que ya tenía todo ese enclave dentro de la muralla».

Está acreditado que tiene un valor histórico-artístico, como han determinado los tribunales y estableció la propia Real Academia de San Fernando precisamente con dictamen de Alomar Esteve. El académico y arqueólogo Guillermo Rosselló, que fue durante casi 40 años director conservador del Museo de Mallorca, también remitió un escrito en el que daba su apoyo «a la declaración como Bien Catalogado del monumento».

Posteriormente, el Icomos presentó un informe en 2017 en el que abogó por la catalogación, conservación y protección por su valor e interés histórico, artístico y arquitectónico, precisamente los tres méritos que le reconoce la sentencia tanto del juzgado de primera instancia como el TSJ y el Tribunal Supremo. En base a todas las pruebas, el juez concluyó que el monolito, «bastando solo uno, tenía esos tres pilares a su favor».

«La historia no se puede cambiar y la conservación del monumento debe contribuir a transmitir a las futuras generaciones el conocimiento sobre un hecho histórico que supuso una de las mayores tragedias marítimas y que causó una gran conmoción social en Mallorca», escribió Roselló.

Españoles de ambos bandos

El pleito por la calle Crucero Baleares en Madrid tuvo su eco en la defensa del conjunto mallorquín en los tribunales. «Decían que es un monumento a un barco fascista, pero en los documentos que aportamos figura un informe donde consta que en el hundimiento hubo españoles de ambos bandos, porque muchos de los que estaban enrolados lo hicieron a la fuerza, cumpliendo el servicio militar, y les tocó el bando “nacional” porque en esa zona triunfó el alzamiento», explica Jorge Garrido. El letrado confirma que el «Baleares» «estuvo en la toma de Málaga, pero las muertes que se le atribuyen no están documentadas», y asegura que el buque «disparó por encima, para detener la huida, especialmente de los responsables» de los desmanes en la ciudad. Asegura que la aviación italiana «sí» atacó directamente en «La Desbandá», pero desmiente las acusaciones contra el capitán Haya, as de la aviación franquista : «¿Iba a hacerlo cuando su propia mujer era rehén del gobernador civil?».