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El 29% de los niños españoles en riesgo de pobreza: Extremadura y Andalucía las más afectadas

España destina solo un 1,5% del PIB a la protección social de la infancia, un porcentaje significativamente inferior al 2,4% de la media europea

El Congreso aprobó en mayo la iniciativa del PP para combatir la pobreza infantil a través de un plan de choque
El Congreso aprobó en mayo la iniciativa del PP para combatir la pobreza infantil a través de un plan de choqueEuropa Press

La inversión pública en políticas de protección infantil es clave para reducir la pobreza infantil en España, que afecta al 29% de los niños y niñas. A medida que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 se discuten, es esencial que se prioricen recursos para la infancia, garantizando una mayor protección social para las familias.

En el marco del Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza, es alarmante que la pobreza infantil en España se mantenga en el 29%, una cifra que subraya la necesidad urgente de aumentar las inversiones en políticas de apoyo a los menores. Actualmente, España destina solo un 1,5% del PIB a la protección social de la infancia, un porcentaje significativamente inferior al 2,4% de la media europea.

Además, España es el país con menos capacidad dentro de la Unión Europea para reducir la pobreza infantil mediante ayudas económicas directas, con una tasa de reducción del 17%. En comparación, países como Alemania, Finlandia e Irlanda logran reducir esta pobreza en más del 50% gracias a transferencias y políticas robustas.

Los presupuestos de 2025: una oportunidad para la infancia

Los Presupuestos Generales del Estado de 2025 suponen una gran oportunidad para corregir este déficit en inversión social. Con un gasto de solo 354€ por habitante en protección infantil, comparado con los 678€ de la media europea, es fundamental aumentar los recursos destinados a combatir la pobreza infantil y generar beneficios tanto sociales como económicos para el país.

La situación se agrava porque, mientras la pobreza en adultos se mantiene o disminuye, el riesgo de pobreza entre los menores ha aumentado del 28% al 29% en el último año, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023.

Desde UNICEF España, se insiste en la necesidad de implementar una prestación universal para la crianza, que podría incluir una deducción fiscal reembolsable en los PGE 2025. Esta medida, según los cálculos de la organización, podría reducir la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales, sacando a unos 440.000 niños y niñas de la pobreza. Además, tendría efectos positivos en la educación y la salud física y mental de los menores.

La brecha de pobreza infantil por comunidades autónomas

El riesgo de pobreza infantil varía considerablemente entre las distintas comunidades autónomas de España. Según el análisis de UNICEF España y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023, algunas regiones se ven más afectadas que otras. A continuación, algunos ejemplos clave:

Extremadura y Andalucía presentan los índices más elevados, con una tasa de pobreza infantil que supera el 40%.

En el caso de Canarias, la pobreza infantil afecta a más del 35% de los niños.

Cataluña y Madrid tienen tasas más bajas, alrededor del 20%, pero aun así enfrentan desafíos significativos.

Comunidades como Navarra y el País Vasco destacan por tener las tasas más bajas, por debajo del 15%, lo que refleja una mayor inversión en políticas de protección social.

¿Qué supone aumentar la inversión en protección infantil?

Para que España se acerque a la media europea en términos de protección social de la infancia, sería necesario un incremento de unos 7.659 millones de euros por parte del gobierno central. Esto ayudaría a implementar medidas como la Garantía Infantil Europea, que busca asegurar el acceso a servicios clave (como la educación gratuita para niños de 0-3 años y comidas adecuadas) para todos los menores en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, las comunidades autónomas tendrían que aumentar su inversión en 1.937 millones de euros, mientras que las entidades locales necesitarían 1.524 millones de euros adicionales para fortalecer los servicios sociales y garantizar que los niños y niñas más vulnerables no queden atrás. En definitiva, es crucial que los presupuestos de 2025 reflejen un mayor compromiso con la infancia para combatir la pobreza infantil, que sigue siendo una realidad alarmante en muchas partes de España.